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Vivir con temor de quienes protegen: las anomalías de la seguridad privada
Los casos de violencia que involucra a oficiales de seguridad privada son únicamente la punta del iceberg de un problema estructural en el que Guatemala no logra regular a las empresas de seguridad privada.
Marco Antonio Avendaño
Nunca imaginé que abordar, como todos los días, el bus a las 7 a.m. hacia mi trabajo me alteraría tanto. En las circunstancias actuales se puede ser víctima de un asalto en cualquier momento cuando se viaja en transporte colectivo, y a eso ya estoy acostumbrado. Pero en esta ocasión no fue un potencial maleante lo que me intranquilizó.
La unidad era custodiada por un guardia de seguridad privado. Viajaba en el asiento detrás del chofer. Eso me dio cierta tranquilidad cuando abordé la unidad; sin embargo, al sentarme dos sillones detrás de él en la fila opuesta, observé que, con la mano derecha sostenía un revólver y su dedo índice tocaba el anillo que cubre el gatillo. Pero lo peor era que su estrés era evidente; su mirada se dirigía con cierto nerviosismo hacia la puerta de ingreso y hacia las ventanas. Quise bajarme.
Era un guardia delgado, de alrededor de 1.65 metros de estatura. Le calculé de 25 a 30 años. Vestía uniforme verde olivo y sus constantes movimientos evidenciaban tensión, sobre todo cuando pasaban motos con dos personas a bordo cerca del bus. Con la mirada los seguía hasta que se alejaban, mientras afianzaba su dedo sobre el gatillo. Mi temor era que disparase por accidente.
Lo he visto. Como periodista he cubierto actos de violencia provocados por guardias como este que me acompañaba en el bus. No dejaba de pensar que en cualquier momento podría deslizar su dedo en el gatillo. Recordé el caso del guardia que accidentalmente accionó su arma e hirió a un dependiente de almacén en la zona 1, en abril de 2015.
En octubre 2014 cubrí el caso de un policía que en un sector de la colonia Bosques de San Nicolás, zona 11 de Mixco, encontré tirado en un charco de sangre. Había sido abatido por su compañero de garita. Un vecino me contó: “Lo mató solo porque le cobró Q 30 que le debía desde hace mucho tiempo. El otro se hacía el loco, pero hoy se enojó tanto que en vez de entregarle el arma, como le correspondía, le pegó un tiro”. Ambos eran conocidos de los vecinos. Trabajaban en turnos de 24 horas. El que recibía viernes salía hasta el lunes.
Un caso emblemático
Uno de los casos más sonados, en los que un guardia de seguridad privada mata a otro ser humano, ocurrió el 3 de julio de 2014. Esa noche, por medio de un grupo de chat, me enteré que en una farmacia de la 7a avenida y 20 calle de la zona 1, un agente no permitía entrar ni salir a nadie. Se había atrincherado junto al cuerpo de una mujer a quien había asesinado.
Por la radio me enteré que Mynor David Guevara Tenas, de 35 años, de la empresa Shield Security, había matado a Patricia Samayoa Méndez, de 59 años, trabajadora de la municipalidad de Guatemala. Ella había llegado por un suero y perdió la vida. Al lugar llegaron representantes de la empresa para la que Guevara Tenas trabajaba, empleados de la farmacia, personal de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio Publico (MP). Querían convencerlo de que se entregara, pero no aceptaba nada. Incluso disparó contra quienes trataron de acercarse hiriendo a un agente de la PNC y otro del MP. Luego de tres horas lo desarmaron. Guevara Tenas aseguró haber disparado porque vio a varios hombres armados que asaltarían la farmacia. Este caso ha visibilizado, como pocos, la problemática de la seguridad privada en Guatemala.
Patricia Monge, ex directora de la Dirección General de Empresas de Servicios de Seguridad Privada (DIGESSP), ilustra de cierta manera el panorama. “Existe un registro de 43 mil 338 guardias privados. Pero se estima que la cifra asciende a entre 100 mil y 150 mil”. Esto comentaba el 20 de junio de 2015, cinco días antes de ser destituida. La entidad se mantuvo acéfala durante casi un mes. El 24 de julio 2015 la entonces ministra de gobernación, Eunice Mendizábal, juramentó a la abogada y notaria Vera Mazariegos como sucesora de Monge.
Jorge Aguilar Chinchilla, vocero de la PNC, cuenta que en los primeros ocho meses de 2015 se conocieron alrededor de 20 casos de policías privados involucrados en distintos hechos delictivos. La mayoría porque accidentalmente accionan su arma. Dos personas han muerto en estos incidentes. En la actualidad existen 160 empresas legalmente constituidas; 58 tienen licencia de operación y otras 55 estaban, en junio pasado, por recibir su documentación legal. Otras han cerrado. En el primer semestre de 2015 la DIGESSP ordenó la clausura de 42 compañías de seguridad por no cumplir con las normativas establecidas.
Esta entidad tiene además registradas 58 mil 823 armas entre revólveres, escopetas y pistolas. Pero según la ex directora las cifras podrían ser más altas pues hay empresas, como la mayoría de las suspendidas, que no trasladan las cifras exactas. Monge además hacía referencia a compañías fantasmas: “Existen, pero funcionan utilizando el nombre de otras autorizadas, con certificaciones y autenticaciones notariales falsas. Y emplean armamento robado en distintos hechos delictivos”, amplía.
En 2014, 13 días después de la tragedia en la que Patricia Samayoa perdiera la vida, la DIGESSP ordenó cancelar la empresa Shield Security, pues no cumplía con los requerimientos legales, como pagar prestaciones de seguridad social a sus empleados y no reportar la nómina de guardias en forma adecuada. El 28 de enero 2015, en un sector de la colonia Paraíso 2 de la zona 18, fue capturado Agustín Carmelino López Alvarado, propietario de la empresa, responsable de contratar a Guevara Tenas y de brindar servicios de seguridad sin cumplir los requerimientos legales.
Guevara Tenas, a solicitud del juzgado que lleva el caso de Patricia Samayoa, fue sometido a exámenes sicológicos y siquiátricos efectuados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), y se estableció que el ex agente sufría esquizofrenia y perturbación mental; desde 2012 era paciente ambulatorio del Hospital Nacional de Salud Mental Federico Mora. El 13 de mayo de 2015 Guevara Tenas fue condenado a permanecer por tiempo indefinido en ese mismo centro psiquiátrico para recibir la atención médica necesaria.
Capacitación de los guardias
La Ley de Empresas de Seguridad Privada obliga a cada compañía a que capacite a su personal. Para ello deben tomar un curso de entre diez y 30 días. Los contenidos de la capacitación, indispensable para que los agentes obtengan una acreditación de tres años, se relacionan con derechos humanos, las leyes de la DIGESSP y de Armas y Municiones, y pruebas teóricas y psicológicas. El costo de los cursos por agente es de Q 359.15, según Monge, quien aseguraba que algunas empresas trasladan el pago al guardia.
Son 25 los centros de capacitación autorizados para los aspirantes a agentes de empresas de seguridad. La ley obliga a las empresas a capacitaciones constantes y permanentes de los guardias que contrata, pero la DIGESSP no puede verificar el cumplimiento. El decreto 52-2010 Ley que Regula los Servicios de Seguridad Privada, establece que los agentes de seguridad privada deben contar con uniformes y armas. Esta normativa modificó el decreto 73-70 Ley de Policías Particulares y el decreto 19-79 Ley de Cuerpos de Seguridad de las Entidades Bancarias Estatales y Privadas, vigentes hasta el 1 de mayo 2011.
“La resistencia al cambio es evidente” señala Monge. “A la mayoría de empresas les cuesta regirse por la nueva ley”. La DIGESSP nace con la normativa como la institución que supervisa, controla y fiscaliza el accionar de las empresas de seguridad privada. En la investigación “El Estado y la Seguridad Privada” presentada el 3 de julio 2014 por la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), la politóloga Lorena Escobar analizó cuán problemático es que el Estado vigile a las empresas de seguridad privada. Entre las conclusiones del informe se propone que “el Estado retome paulatinamente el control absoluto de la seguridad, ante la evidente debilidad institucional de la DIGESSP”.
Desde 2011 por mandato legal se exige la acreditación de todo agente de seguridad. Pese a ello, a octubre de 2014 únicamente 1,475 personas contaban con ese documento. “Lo esencial”, señala Escobar, “es supervisar a los prestadores de servicios de seguridad pública, fortalecer su fiscalización y consolidar su poder coactivo”. También indica que se hace necesario mejorar la gestión administrativa, reforzar la infraestructura tecnológica y el equipo logístico de estas empresas, y mejorar la actuación conjunta con las instituciones públicas.
La seguridad privada es rentable. “Las empresas que las contratan contemplan por lo general, entre sus costos de funcionamiento y operación un 12-15% para el pago de seguridad privada”, estima Escobar. Son grandes cantidades de dinero. Un trabajo del Centro de Investigación Small Arms Survey indica que en 2010 las empresas de seguridad privada del país cobraron US$ 978 millones.
“Podemos concluir que la DIGESSP es una institución con un débil control de las entidades de seguridad privada, no cumple con las obligaciones que le otorga la ley”, concluye Escobar. “Tengo 12 años de trabajar como policía o guardia privado, he laborado para cuatro empresas, pero solo en la que estoy ahora me pagan el salario mínimo, me dan mis vacaciones, el bono 14, el aguinaldo, y me pagan el IGSS, porque en las demás me pagaban no más de Q1 mil 500, y casi nunca tenía descanso”, narra un agente que prefiere el anonimato y que hoy es custodio de un comercio de la zona 1.
Jorge Barrios (nombre ficticio) propietario de algunas abarroterías explica que debido a la inseguridad y las extorsiones, desde hace cinco años contrata los servicios de guardias de seguridad para cuidar cada uno de sus negocios. “Hace dos años, pagaba Q 4 mil 500 mensuales. Hoy son Q 5 mil 500”. Barrios comenta que el precio del servicio depende de la empresa que desee contratar. “Hay hasta de Q 10 mil mensuales”, narra. “Pero muchas veces uno solo está pagando nombre, algún supervisor o servicio en moto”.
Alba Rosa Asturias, presidenta de la Gremial de Compañías de Seguridad, asegura que cada empresa es responsable del actuar de su personal, así como de la relación con los clientes que los contratan. “Por lo tanto deben responder civil y penalmente ante las autoridades en el momento que se registre un problema”, explica. Además sostiene que las empresas agremiadas a su entidad cumplen con lo que exige la ley. “Tanto en su organización como funcionamiento, prestación de servicios, identificación del guardia y la declaración jurada de las armas utilizadas para prestar el servicio, así como fianzas y seguros”. No era el caso de Shield Security, la empresa que contrató a Mynor Guevara Tenas.
En búsqueda de justicia
El juicio contra la persona que mató a Patricia Samayoa en una farmacia de la zona 1 inició en diciembre 2014, “Aunque no llenó las expectativas de la familia, que exigían que la DIGESSP fuera sancionada, se logró involucrar al Estado como tercero civilmente demandado”, cuenta Francisco Vivar, abogado defensor en este caso. “Eso fue gracias a que un testigo calificado de la parte querellante demostró que el Estado falló en los procedimientos de fiscalización y control de la empresa que contrató al guardia que cometió el crimen” explica.
El proceso judicial contra Guevara Tenas concluyó el 13 de mayo. Su condena, por sufrir de “trastorno bipolar mixto” es estar recluido en el en el Hospital de Salud Mental Federico Mora. El juicio que se lleva contra López Alvarado, propietario de Shield Security, capturado el 28 de enero 2014 por homicidio culposo y prestación ilegal de servicios de seguridad, está próximo. Durante el proceso Monge fue citada para explicar cómo se autorizó Shield Security. Ella aseguró que habían registrados unos 45 mil agentes de seguridad privada y la entidad a su cargo apenas contaba con 12 personas para supervisarlos.
“La familia de Patricia Samayoa nunca estuvo de acuerdo con el veredicto” asegura Vivar; sin embargo la sentencia incluyó que la hija de la víctima, Andrea Carrillo Samayoa, debía ser resarcida con Q 1 millón y el 80% debe ser pagado por el Estado, y el resto por la empresa. El pago está pendiente debido a que la PGN, como representante del Estado, apeló el fallo. Cuando la sentencia esté firme se procederá a iniciar un proceso de ejecución en un juzgado civil.
En este proceso judicial quedaron evidenciadas muchas de las carencias de las empresas de seguridad. “No declaraban en planilla del IGSS a sus empleados. Los guardias laboraban en un sitio durante 23 días continuos de día y de noche. Únicamente les daban tres días de descanso; además reportaron la pérdida de más de 200 armas”, recuerda Vivar. Como consecuencia, los querellantes solicitaron que la PDH creara una defensoría del usuario de las empresas de seguridad.
Apoyo sicológico
“Sin excepción, todo guardia de seguridad o persona que tenga bajo su responsabilidad un arma de fuego debe ser sometida a una evaluación de manejo de emociones. Esto debido al constante estrés que manejan, así como al desgaste físico por las largas jornadas laborales. A ello se suma que no cuentan con un lugar adecuado para descansar o comer. Lo hacen de pie para no descuidar en ningún momento el puesto asignado”, explica el psicólogo Marco Antonio Garavito, director de la Liga de Higiene Mental, quien agrega que las jornadas de trabajo de los guardias no deberían sobrepasar las seis horas al día.
Así como se presenta el panorama, los guatemaltecos tendremos que seguir enfrentando la realidad de encontrarnos con varios guardias de seguridad privada todos los días. Son más de 150 mil distribuidos en toda la República. Los agentes de la PNC, en comparación, son 34,200 (menos del 25%) y su capacitación consiste en la aprobación de 40 cursos. Los requisitos para formar parte de la fuerza pública incluyen tener una carrera de nivel medio, estar comprendido entre 18 y 30 años y llenar el perfil psicológico, académico, físico y médico. Para ser policía privado solamente se requiere que hayan aprobado educación primaria, ser mayor de edad y contar con la certificación del curso de capacitación que dura 10 días, según la ley.
Por lo tanto, cuando sigo abordando el bus urbano y me percato que trae un custodio, trato de interesarme en otras cosas. Mejor: salgo de mi casa y me coloco los audífonos del teléfono, sintonizo un noticiero y me voy a mi trabajo escuchando la radio. Quizá no sea lo más recomendable para calmar los nervios todos los días, es mejor que estar pendiente de un arma y unos dedos vacilantes de un guardia de seguridad privada.
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