Ejército y aduanas, una pareja hecha durante la guerra

Francisco Javier Ortiz Arriaga nació en 1948 en San Juan Sacatepéquez, Guatemala, en una familia de clase media vinculada con el Ejército. El 14 de junio de 1979, a los 31 años, ingresó como auxiliar de oficina en la Aduana Central, cuando el sistema de aduanas dependía del Ministerio de Finanzas Públicas pero era controlado por el Ejército. Entre 1979 y 1986 pasó de ser oficinista a “vista de aduanas”, como se le denomina a los responsables de supervisar el ingreso de contenedores. Ascendió en el escalafón de la época: Vista I, Vista II y Vista III. Fue la época en que gobernaron los generales Romeo Lucas García, Efraín Ríos Montt y Humberto Mejía Víctores. Un período de dictaduras militares y discrecionalidad a mansalva.

Desde mediados de la década de 1960, en el marco de lucha contrainsurgente, el control aduanero estaba en manos de militares, a través de la Dirección de Rentas Internas del Ministerio de Finanzas Públicas. Al menos desde 1981, durante el gobierno de Lucas García, cuando Ortiz Arriaga fue trasladado como Vista I a la aduana de Santo Tomás de Castilla, se conoce, por su testimonio, que Alfredo Moreno ejercía el control de las aduanas de todo el país.

Moreno era el operador perfecto, con contactos en todos los niveles del gobierno, desde jueces, agentes de la Policía y militares, hasta ministros de Estado. Durante el proceso judicial que se llevó en su contra dijo que, aunque era de origen salvadoreño, adolescente ingresó al Ejército de Guatemala como especialista, luego pasó al Estado Mayor Presidencial y después al Estado Mayor de la Defensa Nacional.[2] También laboró en el Comisariato del Ejército, una tienda que importaba productos libres de impuestos al servicio de los oficiales y sus familias; luego trabajó en Servicios Especiales Ministeriales (SEM) del Ministerio de Finanzas Públicas. También reconoció haber pertenecido hasta 1989 a la Dirección de Inteligencia del Ejército (D2). En SEM Moreno conoció a Luis Francisco Ortega Menaldo, en ese entonces Mayor del Ejército y yerno del ex presidente general Carlos Manuel Arana Osorio (1970-1974).

El objetivo inicial del control aduanero era evitar el ingreso de armas para los grupos guerrilleros, pero los militares entendieron las aduanas como un negocio rentable, millonario, a través del contrabando y la defraudación.

El académico David Martínez Amador, especialista en etnografía y conducta criminal, explica que los ejércitos son estructuras duraderas. “Así, su legitimidad los empodera para penetrar el Estado, la institucionalidad, pero a la vez cometiendo actos ilícitos.”

El contrabando era una rama más de las actividades militares, necesaria para realizar operaciones encubiertas al igual que los contactos en los juzgados, en la Policía Nacional y más tarde en el MP, señala Francisco Jiménez, exministro de Gobernación y docente de Política Contemporánea. El contrabando, sin embargo, pronto se institucionalizó y lo acapararon oficiales de inteligencia que vieron la posibilidad de un lucrativo negocio.

Ya para principios de la década de 1980 los militares tenían todo bajo control. El nodo, el punto de conexión entre militares y civiles, entre los operadores en las aduanas, en la Guardia de Hacienda, en la Policía Nacional, en el Organismo Judicial, en el MP (que entonces era una sola entidad con la Procuraduría General de la Nación) y en la Contraloría General de Cuentas, era Alfredo Moreno.

Ortiz, junto a otros testigos del caso en tribunales, como Ovidio Mancilla Aguilar, agente de la Policía que trabajó como guardia de seguridad y repartidor de sobres con dinero para la red, y también los vistas aduaneros José Mariano Ortiz Henry y Erick de los Ríos Domínguez relataron cómo los Vista de aduanas alteraban formularios de importación para registrar el ingreso de un tipo diferente de productos y pagar menos impuestos. Facturas, declaraciones aduaneras y comunicaciones internas de la misma red, a través de cartas, muestran ese procedimiento.

La Red Moreno también incluía el desvío de furgones para registrar su salida y luego robarlos descaradamente. Otro de sus rubros contemplaba las alteraciones en los cobros del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Entre las empresas que figuran en el expediente judicial del caso se encontraban Embotelladora Central S.A., distribuidora de Coca Cola, que fue víctima de esas prácticas delictivas.

Los principales beneficiados del esquema –los que daban órdenes y controlaban el contrabando– eran los oficiales de más alto rango. En 1990 Ortiz Arriaga regresó formalmente a las aduanas como subadministrador de la aduana de Agua Caliente, en Esquipulas, y de nuevo su jefe, desde fuera del Estado, era Moreno. Según Ortiz, Moreno centralizaba el dinero de la red y lo distribuía a sus superiores.

En aquella época el director general de Aduanas era el general Manuel Antonio Callejas y Callejas, pero con el cambio de gobierno en 1991, dejó el cargo; sin embargo, Moreno le dijo a Ortiz que la situación mejoraría porque el general Ortega Menaldo había ascendido a la jefatura del Estado Mayor Presidencial, la institución encargada de brindar seguridad al Presidente y que contaba con su propia unidad de inteligencia.

Los CIACS y su aduana

Ortega Menaldo se diferenciaba en mucho del resto de oficiales de aquella época: hablaba inglés, italiano y un poco de francés, se distinguió en el curso de Comando y Estado Mayor, y se destacó como uno de los más hábiles oficiales de inteligencia. Durante el gobierno de Lucas García, fue designado como jefe de SEM, del Ministerio de Finanzas Públicas, cuyo ministro era el también coronel Hugo Tulio Búcaro. Es a partir de su paso por el SEM que se le vincula con actividades de contrabando. Un vínculo que se afianzaría en su cargo de jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército, la D2; y en el gobierno de Vinicio Cerezo como encargado de la Policía Militar Ambulante (PMA), una unidad de elite responsable de brindar servicios de seguridad a las grandes empresas que operaban en Guatemala hasta la firma de los Acuerdos de Paz.

Ortega Menaldo creó una red criminal dentro del Estado, la representación perfecta de lo que luego se denominaría Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS). De acuerdo con la Fundación Myrna Mack, los CIACS son “fuerzas ilegales que han existido por décadas enteras y siempre, a veces más a veces menos, han ejercido el poder real en forma paralela, a la sombra del poder formal del Estado”. Para combatir estas estructuras criminales, en 2007 se creó la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) con el apoyo de las Naciones Unidas. Su mandato le da a esta Comisión la potestad de investigar, identificar y procesar —en coordinación con el Ministerio Público— a estructuras como los CIACS que actúan dentro de las instituciones del Estado o que puedan tener vínculos indirectos con entidades o agentes del Estado que les permitan generar impunidad para sus actividades criminales. Iván Velásquez, actual jefe de la CICIG, ha explicado que “en la actual coyuntura del país, los CIACS son redes político-económicas ilícitas que se interrelacionan con el fin de ejercer control político y generar negocios rentables; desarrollan actividades políticas y económicas que se caracterizan por infiltrar prácticas políticas y transacciones ilícitas”.

Al CIACS encabezado por Ortega Menaldo se le denominó “La Cofradía”, que nació como una camarilla de oficiales de inteligencia militar. La Cofradía comenzó a operar en las aduanas durante la década de 1970 y se consolidó tras la muerte violenta de su fundador, el general David Cancinos Barrios, jefe del Estado Mayor General del Ejécito en 1979. Al frente de esta estructura se señala a al general Manuel Antonio Callejas y Callejas, tras la desaparición de Cancinos; entre 1991 y 1993 Ortega Menaldo, líder heredero de la fraternidad de inteligencia, ya para entonces general, fue designado como jefe del Estado Mayor Presidencial de Jorge Serrano Elías.

En este periodo Ortega Menaldo llegó a la cúspide de su influencia formal en el Ejecutivo. Era visto como “la sombra del Presidente”, según detalló la revista Crónica en septiembre de 1992. Era el hombre que controlaba quién tenía acceso al presidente Serrano Elías y qué información recibía. El Estado Mayor Presidencial (EMP) recibía información de otras direcciones del Estado Mayor de la Defensa Nacional en materia de seguridad y logística presidencial, mientras que la Dirección de Seguridad Presidencial, bajo el EMP, tenía la facultad de coordinar acciones con la Dirección de Inteligencia del Ejército (D2). En mayo de 1993 el presidente Serrano llevo a cabo un golpe de Estado. El supuesto apoyo de Ortega Menaldo le costó el puesto al frente del Estado Mayor Presidencial, pero la red siguió manejando las aduanas hasta que se destapó el caso Moreno en 1996.

Gracias al testimonio de Ortiz, se identificó cómo los agentes aduaneros falsificaban documentos para el cobro de impuestos que nunca llegarían a las arcas del Estado. “Se hacían dos formularios, en lo que se refiere a la aduana de Agua Caliente, uno era el legal y el otro el ficticio. Para darle un ejemplo: un formulario que pagaba Q 50 mil, tenía a su vez otro ficticio que pagaba Q 1 mil, y se defraudaba al Estado con Q 49 mil”, explicaba en su declaración el “Teniente Jerez” ante los jueces. Importadores, empresas, encargados y directivos de aduanas; custodios de furgones, vistas aduaneros y cobradores, todos participantes de la estructura dirigida por Alfredo Moreno.

La lista incluía los nombres de quienes desde el Organismo Judicial, la Policía, el Ejército, la Guardia de Hacienda y el Estado Mayor Presidencial protegían, a cambio de dinero, a la red de defraudación comandada por militares. En el expediente judicial el guardaespaldas de uno de los acusados reconoce: “También yo era una persona que le llevaba dinero a muchos militares… No bajaban de US$ 50 mil los money orders”. A militares y a policías de los más altos niveles.

Javier Ortiz también explicó cómo compraron jueces y magistrados del Organismo Judicial para obtener medidas sustitutivas, y declaró que con el dinero de la defraudación aduanera se trató de bloquear las investigaciones del asesinato, en 1990, del ciudadano estadounidense Michael Devine. Reveló que la prensa corrupta sacaba una tajada de la defraudación aduanera: “Q 30 mil fueron pagados. Se repartían Q 5 mil para cada medio de comunicación, para que escucharan las declaraciones de los implicados.”

A pesar de los múltiples testimonios, la justicia quedó estancada. Tras el relato de Ortiz en los tribunales, las mafias dirigidas por militares que funcionaban detrás de las aduanas no desaparecieron, sino que mutaron mediante una participación más directa en la política con el gobierno de Alfonso Portillo (2000-2004). En su declaración de 1999 Ortiz reveló: “el señor Alfonso Portillo recibía de la aduana de Valle Nuevo Q 50 mil quincenales, y Q 20 mil de la aduana Pedro de Alvarado. Los Q 50 mil eran para el partido (FRG), y los otros Q20 mil para el señor Alfonso Portillo. Ahora le voy a decir: él (Portillo) recibía los Q 15 mil (sic) y se turnaban con el general Efraín Ríos Montt para los Q 50 mil, y entregas que hizo el señor Moreno fueron organizadas en la casa del general Ríos Montt, en la casa de él, en la colonia Tecún (Umán), zona 15”. No obstante haber perdido las elecciones del 7 de enero de 1996 con una campaña financiada en parte por la defraudación aduanera, Portillo y su partido, el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), continuaron su lucha para ganar los siguientes comicios.

Tanto Portillo como Ríos Montt habían sido señalados como parte de la Red Moreno. Javier Ortiz, de hecho, los ubicaba dentro de la parte más importante de la cúpula que dirigía la Red Moreno: el llamado Grupo Salvavidas. En la junta directiva de este grupo, Portillo era el asesor político, y Ríos Montt, el encargado de los estatutos. Alfredo Moreno era el presidente; Elio Sánchez, vicepresidente (asesor en el EMP); Osmundo Villatoro Escobar, secretario (enlace con la Policía Nacional); Javier Ortiz, tesorero (distribuía el dinero); Rolando Sagastume y Mario Reyes, encargados de prensa (pagos de sobornos); Augusto Catalán, seguridad ; Vicente González, Ramón Sáenz, Álvaro Sierra, los abogados a cargo de lo jurídico (González trabajó en el MP); y el importador, Alex Castillo, era “el comodín” (empresario y parte de la red para buscar nuevos clientes). Las trabas legales, los amparos y apelaciones, como lamenta el ex fiscal Francisco Mendizábal, impidieron que se pudiera tocar a estos altos mandos de la defraudación aduanera del caso Moreno.

Ortega Menaldo y compañía le apostaron a Alfonso Portillo para llegar a la Presidencia, junto al FRG, para recuperar el poder perdido tras el desbaratamiento de la Red Moreno durante el gobierno de Álvaro Arzú. Ortega volvió a estar a cargo de la estructura, tras bambalinas. “Aunque no ostentaba una posición oficial en el gobierno, se presumía que Ortega Menaldo había sido uno de los altos consejeros del presidente Portillo”, dice un informe de la Washington Office on Latin America (Wola) sobre los CIACS.

Con ese retorno al poder estancaron cualquier investigación en su contra. El exministro de Gobernación, Francisco Jiménez, asegura que luego del FRG la CIACS dirigida por militares que operaban en las aduanas, mutó y amplió sus actividades. Ahora, además del robo de furgones, tráfico de armas, lavado de dinero, el narcotráfico formaría parte de sus actividades.

“La limpieza de las aduanas se ve truncada en el momento en que queda Portillo como Presidente,” dice el ex fiscal Mendizábal. “Él era parte de la red de defraudación en las aduanas. Hay que recordar que Portillo recibía dinero del contrabando y de la Red Moreno. Q 20 mil hasta Q 70 mil semanales. En aquella época era mucho dinero. Era demasiado… En ese entonces no había fuerza para iniciar las persecuciones. Los testigos, además, no habían declarado y sin eso no podíamos empezar los procesos”. Añade después el ex fiscal: “Y luego, ¿quién podía investigar al Presidente?”.

“Tengo 18 años de experiencia en este negocio.”

El “Teniente Jerez” sobrevivió a la caída de la Red Moreno en 1996 gracias a su declaración como testigo protegido. Sin él, sin su relato sobre el modus operandi desde las aduanas, la fiscalía de entonces no hubiera podido rasgar la estructura de los militares que habían cooptado las aduanas. Y sin la ayuda de la Inteligencia militar tampoco hubiera sido posible hacer la investigación. “Nosotros tuvimos mucha ayuda de Inteligencia militar. Llegaron con nosotros para ver si realmente había un caso o no. Ellos no podían continuar con la investigación, necesitaban colocarlo en el MP. Con las declaraciones de los testigos protegidos, con la información documental que recabamos, pudimos armar el caso”, reconoce el ex fiscal Francisco Mendizábal, quien dirigió las pesquisas.

En 1996, en una entrevista a la revista Crónica, el general Julio Balconi Turcios, ministro de Defensa de Álvaro Arzú, admitió la participación de la Inteligencia militar: “¿Qué papel jugaron las fuerzas armadas para la investigación de esta red de contrabandistas? Hace cinco meses, más o menos, el Presidente de la República (Álvaro Arzú) dispuso que la Inteligencia militar se encargara de investigar el robo furgones, que era lo que le preocupaba al director general de Aduanas. Fue de esa forma como se identificó a la red, cuya parte central es Alfredo Moreno Molina, y luego comenzaron a aparecer los nombres de los oficiales involucrados con esas actividades. Ahora el proceso está en manos del Ministerio Público (MP) y éste es el encargado de profundizar investigación. En el caso del Ministerio Defensa, esperamos que el MP nos indique a dónde vamos”.

Según explica el ex fiscal Mendizábal, encargado del caso, la información obtenida por la inteligencia militar a la que alude Balconi no era judicializable. La investigación del Ministerio Público sobre el caso Moreno se sustentaba en los testimonios de los acusados que habían aceptado colaborar y en la documentación incautada en los allanamientos (reportes de adunas, información contables y los propios archivos de la red que detallaban nombres clave y operaciones).

En esa época, Javier Ortiz era un enlace entre civiles y militares, un administrador, el tesorero de la red criminal que fue absuelto por la justicia en compensación por colaborar en destapar lo que sucedía en las aduanas: más de Q 80 millones como pérdida para la recaudación del Estado. Su papel podría ser descrito como el de un hilo que enlazaba a los cuadros medios de la estructura con un poder superior, casi intocable, integrado por altos mandos del Ejército que luego de la investigación del MP y el golpe dado a la estructura de Moreno en 1996 optaron por replegarse y guardar silencio. “Lo que nosotros realmente vimos es que de alguna manera estos militares estuvieron como retraídos, viendo qué pasaba. Creyeron que la caída de la Red Moreno era alguna especie de vendetta, pero las evidencias eran claras. Su participación era evidente. Lamentablemente lo que no había era un sistema de justicia que funcionara adecuadamente”, dice Mendizábal.

Durante el gobierno de Álvaro Arzú, y tras la firma de los acuerdos de Paz en 1996 otra red de lealtades internas surgida años antes dentro del Ejército vio la oportunidad de negociar con los viejos militares, ahora golpeados y debilitados por el MP. Es en esos años en los que surge un nuevo CIACS, llamado “El Sindicato”, e integrado por oficiales de la promoción 73 de la Escuela Politécnica. En contraste con “La Cofradía”, los militares que pertenecían al “El Sindicato” abogaron por una estrategia de “estabilización” y “pacificación” durante la guerra, en vez de una victoria total sobre la subversión. Estuvieron influenciados por las teorías del conflicto de baja intensidad y desarrollo que impulsaba el Ejército estadounidense. Se adhirieron a lo que ellos percibían como su “no-participación” en los aspectos más represivos del trabajo de Inteligencia Militar. Entre sus líderes destacaba Otto Pérez Molina.

“La transición a la democracia no pudo eliminar el accionar de los oficiales militares que hacían inteligencia”, dice el especialista en temas de crimen organizado David Martínez Amador. “La Cofradía” y “El Sindicato” mantienen una continuidad en el control del Ejército por parte de las Aduanas. “Allí lo que ves es la capacidad de compartir el botín del Estado, no necesariamente rivalizar. Desde el entorno del comportamiento paralelo, hubo una ‘democratización’ del acceso al botín del Estado. Hay suficiente para todos. Diferentes estructuras tuvieron diferentes operadores”, explica el analista.

La continuidad de este tipo de CIACS se ve en las similitudes entre el caso de “La Línea” y la Red Moreno. Con puntos en común y nuevas características en algunos casos.

Primero, un cargo político importante que pueda proteger a los operadores de toda la estructura: esta función la cumplió Ortega Menaldo en el EMP desde la década de 1980 hasta mediados de la década de 1990, mientras que en el caso “La Línea”, la investigación del MP y Cicig señalan un control de la Presidencia con la intermediación de Juan Carlos Monzón, secretario privado de la Vicepresidencia, como enlace de alto nivel con la estructura.

Segundo: los clientes, los usuarios de la defraudación, empresarios e importadores diversos, sobre todo para el comercio informal, pero también en el caso de La Línea, empresas exportadoras beneficiadas con la devolución de créditos fiscales.

Tercero: se recluta a agentes aduaneros y se termina por cooptar la Dirección de Rentas Internas, en el pasado, y en el presente la SAT.

Cuarto: un coordinador de operaciones, un tesorero, encargado de manejar el dinero y distribuirlo entre todos los que conforman la red de defraudación. Para los dos casos –La Línea y la Red Moreno– el coordinador fue el mismo: Francisco Javier Ortiz, el “Teniente Jerez”. “Tengo 18 años de experiencia en este negocio”, dice Ortiz en una de las escuchas que presentaron la Fiscalía y la CICIG en abril.

También muestra lo indispensable de la intervención de agentes del “área gris” de la criminalidad: abogados, empresarios, políticos… Contactos que son capitalizados para generar impunidad, como en la época del Grupo Salvavidas.

Aunque estas redes criminales han mantenido dinámicas similares, también experimentaron evoluciones importantes. En la Red Moreno, la violencia, las muertes, eran mensajes para que nadie de los bajos rangos pudiera cuestionar o delatar o abandonar su trabajo al servicio de los militares. “La Línea”, en cambio, funcionaba con una lógica más empresarial, con la amenaza de traslados de una aduana a otra para quienes no siguieran los lineamientos establecidos por Juan Carlos Monzón.

Dice Martínez Amador: “Estas estructuras, en su germen, son fundamentalmente mecanismos que funcionan como sectas que reclutan personas. En un principio lo que se quería era crear identidad, y lo tratas de mantener desde el Estado. Eso muta y lo transforma en estructuras paralelas de lógica empresarial. Ahora es por pragmatismo empresarial, y ya no por línea ideológica”.

Javier Ortiz, sin embargo, aún mantuvo algunas estrategias de la primera etapa de la estructura de defraudación, la que el mismo que utilizaba cuando fue administrador de la Red Moreno: prepotente, intimidatorio, amenazante, según se puede constatar en las escuchas telefónicas dentro de la investigación judicial presentada por el MP y la CICIG. El Ejército, sin embargo, ya no le servía de respaldo incondicional, y la red de defraudación necesitó de más civiles, de nuevos coordinadores, de más gente en las aduanas. “El poder de la red se democratizó, se volvió horizontal, sin jerarquías duras”, dice el exministro de Gobernación Jiménez. “El error que cometió ‘La Línea’ fue volver a utilizar una jerarquía de estilo militar, de rangos, y para la CICIG fue más fácil comprender su funcionamiento para poder iniciar las investigaciones e ir subiendo en la cadena”, agrega Francisco Jiménez.

Un viejo virus inoculado en un nuevo cuerpo

El 17 de abril de 2015 el “Teniente Jerez”, Francisco Javier Ortiz Arriaga, volvió a enfrentarse a una vieja acusación: defraudación aduanera. A esta se le sumó ahora la de asociación ilícita. Una vez más se le sindicaba de participar en una red que defraudaba al fisco que, bajo el paraguas de una agrupación más grande, defraudaba al fisco por al menos Q 2.5 millones semanales en las aduanas Central, Santo Tomás de Castilla y Puerto Quetzal. Junto a una veintena de sus cómplices, Ortiz escuchó la acusación sin inmutarse.

La pervivencia de mandos medios, como Javier Ortiz, en este tipo de estructuras, muestra la resistencia y mutación de las estructuras criminales a la desarticulación al mezclar operadores de toda clase, y la certeza de impunidad con que vuelven a delinquir.

Las revelaciones del caso Moreno fueron insuficientes como para cambiar el rumbo electoral en 1999. Alfonso Portillo resultó electo como presidente de la República, Efraín Ríos Montt consolidó su poder desde la presidencia del Congreso, y todos los avances en esa investigación fueron sepultados en un marasmo legal al llegar el FRG al poder.

Ahora Javier Ortiz ha sido testigo de un terremoto político con más réplicas. Las revelaciones del caso “La Línea” pusieron al gobierno del presidente Otto Pérez Molina contra las cuerdas, forzando la renuncia en mayo de 2015 de la vicepresidencia Roxana Baldetti y del propio mandatario en septiembre, con los gritos de fondo de una movilización ciudadana que exige reformas estructurales en el sistema político. La bola de nieve de escándalos de corrupción iniciada el 16 de abril de 2015, arrastra a diputados, jueces, magistrados, secretarios de Estado, candidatos a la Vicepresidencia y presidentes de entidades autónomas.

Los resultados del caso Moreno demuestran eso. Alfredo Moreno, cuyo proceso inició en 1996, estuvo cinco años en prisión y luego fue absuelto de los cargos de defraudación. Aunque en un segundo juicio fue condenado a cuatro años por no pagar impuestos, quedó en libertad tras el pago de una medida sustitutiva. Cuando murió de un paro cardiaco, en febrero de 2013, Moreno era un hombre libre, una figura en las sombras. En la funeraria donde se celebró su velorio, sobre el féretro, una fotografía suya en uniforme caqui y con un arma al cinto, recibía a los asistentes.

Moreno, el intocable, era ya parte de la historia. Para el exministro Jiménez, el regreso de figuras como Javier Ortiz muestra, además de la pervivencia de una práctica criminal, la disminución de la pertenencia orgánica a los grupos criminales. Ahora las redes criminales responden cada vez menos a la lógica de la mafia tradicional, como sucedía en el caso Moreno. Sus integrantes actúan indistintamente como operadores en aduanas; en los organismos de Justicia, como abogados; en la policía, pero no pertenecen formalmente solo a una estructura. Son profesionales de orígenes dispares: civiles, militares, funcionarios, empresarios, políticos…

“Eso demuestra una evolución en la acción criminal, pero también que está muriendo esa vieja manera de entender la estructura criminal, en el caso de aduanas identificado con las estructuras militares y lo hace evidente el tema de ´La Línea´. Es una simbiosis que tiene parte del modus operandi de las viejas estructuras, pero tiene nuevas perspectivas y operadores no orgánicos”, señala Jiménez.

Cada vez menos son un dragón, y cada vez más una Hidra de Lerna con múltiples cabezas. Las estructuras criminales en las aduanas, en un principio amparadas bajo el manto de la lucha contrainsurgente, crecieron y se multiplicaron. Javier Ortiz, un mando medio de estas estructuras, encarna esa pervivencia. En el caso Moreno el contrabando, la defraudación aduanera, la retención de impuestos, el robo de furgones, el robo de vehículos, el tráfico de armas y, probablemente, el narcotráfico, formaban parte del catálogo de las actividades criminales de la estructura. Como un cáncer haciendo metástasis pervivió en el seno del Estado; como un virus supo trasladarse de cuerpo en cuerpo encontrando siempre receptores, y como el VIH se blindó debilitando las capacidades de combatirlo del propio organismo al tocar al sector Justicia.

En su última reencarnación, el “Teniente Jerez”, Francisco Javier Ortiz Arriaga, muestra cómo los reportes de defraudación aduanera no han cesado, cómo los cobros ilegales, extorsiones disfrazadas de procedimientos burocráticos, perviven. Una de las cabezas de la hidra ha sido descabezada, pero aún hay muchas otras para reemplazarla.

Tras detallar las evidencias recabadas por el MP y la CICIG en el caso de defraudación aduanera, Iván Velásquez aseguró que los máximos jefes de “La Línea”, son el presidente Otto Pérez Molina, y la exvicepresidenta Roxana Baldetti. Y al recordar la participación del “Teniente Jerez” en la Red Moreno y en “La Línea”, lo calificó como un hombre “comprometido” con las estructuras criminales.