Los mercaderes de la impunidad

Imagen de mujer atada de manos.

El gremio de abogados utiliza recursos legales para la protección de sus clientes. Sin embargo, a raíz de estas estrategias jurídicas, las víctimas de delitos quedan vulnerables, inmersas en un bucle judicial, donde sus derechos y una reparación digna suelen ser pisoteados.

Verónica Orantes, Gladys Ramírez y Sucely Contreras

CAP 2014-2016

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El cuarto está oscuro. No hay nadie más que una mujer sentada en una silla. Con voz baja nos invita a pasar. Su rostro está oculto, tiene miedo. Sabe que la conocemos, a ella y su historia. Estar sola en una silla, en un cuarto sin luz, es la metáfora de los últimos años de su vida, rodeada de oscura impunidad y amarga impotencia.

Lucía, como la llamaremos, lucha por una pensión alimenticia para sus dos hijas de 2 y 6 años de edad. El derecho le asiste pero no hay resultados concretos. Su caso está secuestrado en un bufete.

No hay sonrisas mientras Lucía cuenta sobre los 4 años de noviazgo y 6 de matrimonio con el hombre que hoy niega el alimento a sus niñas. Es más, titubea y se niega a contar los detalles del por qué decidió separarse de él. Le tiene tanto miedo que por nada del mundo quiere que se deje entrever el menor indicio de su identidad.

Si pelear la manutención ha sido un calvario para ella, intentar divorciarse es un infierno, relata. Lleva más de un año en el intento. El esposo y su reconocido asesor jurídico han ganado cada recurso interpuesto para evitar que se dé fin al matrimonio. El jurista que asesora a su aún marido, es reconocido en el mundo de los abogados como un profesional muy hábil para ganar casos dudosos. Incluso, ha ocupado altos cargos en el Estado.

Lucía no conoce paz. La misma pesadilla la persigue dormida y despierta: que le quiten a sus hijas. Las tres esperan una luz en la oscuridad. La que sí cayó sobre otro caso que acaparó todos los titulares, en donde también se pretendió hacer mercadeo con la justicia pero a gran escala.

***

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) estremecieron a la sociedad el 16 de abril de 2015. Diecinueve personas, entre ellas funcionarios, empleados públicos y particulares fueron apresadas por defraudar al fisco y por asociación ilícita.

Más de Q 1mil millones se sustrajeron de los impuestos de los guatemaltecos. Los tentáculos de la corrupción alcanzaron a Roxana Baldetti, quien se vio obligada a renunciar al cargo de vicepresidenta tres semanas después. La investigación presentada por la CICIG consta de 66 mil sesiones de intervención telefónica y 6 mil comunicaciones electrónicas, cotejos y análisis de documentos por expertos financieros.

Tras maratónicas audiencias de más de 12 horas, un bufete de abogados negoció que la jueza Octava de Instancia Penal, Blanca Sierra de Stalling, quien arbitraba el caso, otorgara medidas sustitutivas a seis sujetos claves para el funcionamiento de la supuesta estructura criminal denominada “La Línea”. Los seis quedaron en libertad bajo fianza el 21 de abril; pagaron la fianza de inmediato, sabían cuál sería la medida y cuánto pagarían.

En este caso, la impunidad estaba tazada: Q 200 mil que recibiría la magistrada. “Respaldamos a los jueces honestos, por lo que esperamos que desde el Gobierno se realicen todas las acciones necesarias para lograr la instauración de un verdadero sistema de justicia en el país”, dijo durante la conferencia el 8 de mayo el comisionado Iván Velásquez, mientras los periodistas escuchaban atentos el modo de operar de este bufete de la impunidad, noticia opacada por la renuncia de Baldetti a su cargo de Vicepresidenta de la República.

Esa tarde, todas las miradas estaban de nuevo puestas sobre la CICIG y el MP. Ambas instituciones pedían el antejuicio contra la jueza Sierra Stalling, hermana de Arturo Sierra, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y cuñada de la magistrada de la CSJ y ex jefa del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) Blanca Stalling.

Velásquez y la fiscal general Thelma Aldana argumentaron que la jueza Sierra había cometido prevaricato y cohecho pasivo. “Que los jueces vendan sus decisiones genera sentimientos de tristeza”, reprochaba el comisionado.

Todos guardaban silencio para escuchar a Velásquez mientras explicaba cómo descubrió la forma de operar de esta red. Se trataba de la primera vez que se tocaba al grupo de abogados acostumbrados a viajar entre la legalidad y la ilegalidad. Horas más tarde a aquella rueda de prensa fueron detenidos nuevamente José Arturo Morales Rodríguez alias Chepito, Ruth Emilia Higueros Alay, Jorge Luis Escobar Gómez, Francisco Javier Ortiz Arriaga alias Teniente Jerez, Miguel Ángel Lemus Aldana y Salvador Estuardo González Álvarez alias Eco, clientes del bufete de la impunidad. En el mismo caso también fue implicado Roberto Stalling Sierra, hijo de la jueza Sierra.

La CICIG y el MP presumieron que las decisiones de la juzgadora pudieron estar influenciadas por sobornos, que también involucraban a su sobrino Otto Fernando Pérez Stalling, hijo de la magistrada Blanca Stalling, el operador de la impunidad. La magistrada se alejó, con autorización de la CSJ, casi tres meses de sus funciones para “atender asuntos familiares”, según indicó.

A Lucía, sin embargo, la desarticulación de esta red no le brinda mayor esperanza. Comparándolo, sabe que el suyo es un caso diminuto. Su experiencia de vida le hace pensar que su situación no mejorará. “Con dinero en mano se puede hacer y deshacer”, dice. Su voz es de resignación.

Las zonas grises

El Movimiento Pro Justicia ha luchado por años para evidenciar a los bufetes de impunidad. “Las menudencias no enriquecen a nadie pero pagan cuentas y ciertos lujos”, dice Carmen Aída Ibarra, directora ejecutiva de la entidad. “Pero de menudencia en menudencia, se mueven millones de quetzales al año”, afirma. “Dependiendo del caso, así es la cuenta”, añade.

Esta organización civil estima que el porcentaje de la impunidad supera el 90% y la mora judicial es parte del círculo de corrupción. “En mi opinión no hay una cifra certera, ha habido cálculos pero no sé con qué base. Carlos Castresana (primer comisionado de la CICIG) dijo en el 2008 que era del 98%, luego que del 99%. Amílcar Velásquez Zárate (ex fiscal general) decía en 2009 que había bajado el índice a un 70% o 75%, lo mismo afirmó su sucesora Claudia Paz y Paz en 2011. El Organismo Judicial nunca ha mencionado cifras”, explica Ibarra.

Ni siquiera 10 de cada 100 casos alcanzan sentencia, según datos oficiales. Ibarra es analista y periodista, trabaja en estos temas desde hace 20 años. Asegura que ha sido testigo de operadores de justicia que “se venden” hasta por una botella de licor.

Lorena Escobar, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), suma anécdotas parecidas. Ella escuchó una conversación entre operadores de justicia que contaban de los convivios organizados por bufetes de abogados que invertían miles de miles de quetzales en la celebración. A mejores fiestas, más privilegios en los juzgados.

“Los abogados juegan un papel fundamental en la justicia y son los encargados de volver legal lo ilegal para las organizaciones criminales y para quien quiera manosear el sistema judicial”, explica el filósofo colombiano Eduardo Salcedo-Albarán, estudioso del funcionamiento de estas redes. Salcedo cuenta cómo los juristas “son los mensajeros que están en una especie de zona gris, y resultan fundamentales para garantizar impunidad a quien mejor la pague”, explica. De nada sirve enfocar esfuerzos en capturar a los capos del momento. Si no se atacan los mecanismos de corrupción las estructuras criminales se mantienen vivas, añade

¿Bufetes de la impunidad? ¡Para nada!

David Pineda es abogado penalista conocido por defender al ex presidente Alfonso Portillo, quien tras varios años de llevar un proceso penal en su contra se declaró culpable en tribunales estadounidenses por lavado de dinero y otros activos, debido a que recibió cheques de Taiwán por un monto de $2.5 millones, y fue condenado a 70 meses de cárcel.

Pineda y otros abogados llevaron su caso en Guatemala, donde se le acusaba de peculado debido a que supuestamente sustrajo Q 120 millones del presupuesto militar para su beneficio. Por este hecho quedó absuelto. El abogado también defendió al ex policía Nicolás Camajá Bach, acusado de participar en la ejecución extrajudicial de 10 reos, de 19, que habían escapado de la cárcel de alta seguridad El Infiernito en el 2005, y resultó absuelto.

Después fue abogado de Joaquín Flores, cuñado de Roberto Barreda, sindicado por el asesinato de su esposa Cristina Siekavizza, desaparecida desde el 6 de julio del 2011. A fines de enero de 2016, Flores fue desligado del caso.

El jurista no admite la tesis de que existan “bufetes de la impunidad”, aunque dice no descartar que individualmente algunos abogados se asocien a las mafias. Le llama la atención que la opinión pública obvie a los actores “legales” en materia civil y mercantil donde “se pueden encontrar millonadas de casos que afectan el sistema, sin olvidar el área laboral en el que existe una diversidad de casos por despidos injustificados o de violación a los derechos inherentes al ser humano”.

Así como Lucía, la impunidad al menudeo se ve reflejada en muchos casos. El 3 de julio de 2014 Mitzie Sánchez fue encontrada asesinada. El principal sospechoso, Banny Yhans Zambrano, está acusado por el Ministerio Público de femicidio y simulación de delito. Mitzie fue golpeada. Murió estrangulada y apareció en el baúl de su vehículo en la zona 4 de la ciudad de Guatemala. La documentación recopilada durante las investigaciones relacionadas con su muerte no dejaban duda: ella estaba con su esposo momentos antes de su muerte. Una mujer, que no quiso ser identificada, observó cuando el esposo dejó abandonado el carro, y también lo captaron las cámaras de seguridad de los alrededores.

Cuando los investigadores del MP se encontraban en la escena del crimen, Zambrano llegó a preguntar si era su esposa la persona muerta. La testigo lo identificó frente a los fiscales como el hombre que había abandonado el vehículo. Desde entonces el acusado “ha interpuesto recursos para impedir que el juicio en su contra se lleve a cabo”, asegura el abogado querellante Nery Baten de la Fundación Sobrevivientes.

Los familiares de Mitzie consideran que las pruebas ya descubiertas son suficientes para esclarecer el caso. Y se preguntan, al igual que las víctimas del más del 90% de casos que llegan a tribunales, ¿por qué no llega la justicia? Edwin Sánchez, tío de Mitzie, asegura que siempre había confiado en la ley pronta y cumplida, pero ahora está decepcionado. Ha pasado más de un año sin que se condene a Zambrano. El caso se encuentra estancado y no se vislumbra una resolución a corto plazo.

No ocurrió así con los involucrados en el caso La Línea. “Nuestro compromiso es tratar de sanear un organismo que es indispensable para el adecuado funcionamiento de la justicia en el país. Un organismo en el que la ciudadanía pueda confiar plenamente, pero también una notificación para los abogados corruptos que incumpliendo con el Código de Ética, en lugar de ejercer la profesión como corresponde con el conocimiento jurídico que se supone adquirieron en las aulas universitarias, participen en estos actos de corrupción, y logren medidas que a nuestro juicio son absolutamente producto de un prevaricato”, sentenció el 8 de mayo de 2015 el comisionado de la CICIG.

Una voz que decide clamar

Claudia Escobar renunció el 5 de octubre de 2014 a su reelección como magistrada de la Sala Quinta de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil. Denunció que la elección de magistrados estaba viciada. En respuesta, el 8 de octubre la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti demandó pruebas, aunque confesó que cuando era diputada los partidos políticos discutían quién impartiría justica “alrededor de una cama” en un hotel.

El día 9 la ex magistrada Escobar presentó una denuncia ante el Ministerio Público y la CICIG en la que señala presiones para que se le otorgara un amparo provisional a Baldetti cuando el Tribunal Supremo Electoral le negó la doble representación de Vicepresidenta de la República y Secretaria General del Partido Patriota, despojándola de este cargo. En rueda de prensa Escobar indicó que el diputado Gudy Rivera del PP y Vernon González, abogado de ese partido, le garantizaron la reelección a cambio de fallar a favor de Baldetti. En el audio grabado por la propia Escobar, el diputado Rivera dice: “La elección de magistrados se llevará a cabo el martes 30 de septiembre, y si otorga el amparo ya no necesita realizar ninguna gestión. Será reelecta”.

El diputado admitió haberse reunido con Escobar y resaltó que “fue utilizado”. Las evidencias las había presentado Escobar a la CICIG el 29 de septiembre y llegaron a los medios de comunicación el 24 de octubre. El 14 de noviembre la CSJ rechazó la petición de antejuicio para investigar al diputado Rivera.

Pero la denuncia de Escobar le dio la razón a grupos ciudadanos que denunciaban presuntos vicios en el proceso de elección de magistrados de la CSJ y de las Salas de Apelaciones; además, 50 jueces respaldaron abiertamente a la ex magistrada y reclamaron independencia judicial. Inspirados en este caso, el 17 de octubre de 2014 nació el movimiento “Manos Limpias”, buscando una respuesta a ¿cómo garantizar procesos adecuados contra funcionarios públicos, cuando son ellos quienes designan la mano que los ha de corregir?

La historia tuvo un giro inesperado nueve meses después, cuando la CSJ cumpliendo un fallo de la Corte de Constitucionalidad dio marcha atrás y retiró la inmunidad al diputado Rivera. El 10 de agosto 2015 fue nombrada como jueza pesquisidora Aura Marina Mancilla, Vocal II de la Sala Segunda de Apelaciones del Ramo Penal.

Imagen que muestra los pies atados de una víctima.

¿Mejores jueces, menos impunidad?

“A mejores jueces, menos impunidad”, es el título de un informe de Asíes que indica que del 2010 al 2014 se efectuaron evaluaciones a jueces y el 95% obtuvo resultados satisfactorios. El dato es totalmente incongruente con la realidad, explica Lorena Escobar, analista de ese centro de estudios. “De cada 100 casos en las cortes ni siquiera diez alcanzan sentencia; en los últimos 14 años se ha incrementado la cantidad de jueces pero no ha mejorado la efectividad del sistema. Ello porque no tenemos un sistema adecuado de carrera profesional ni evaluaciones de desempeño”, señala.

En los últimos cinco años se ha evaluado a 715 jueces de Paz y de Primera Instancia pero nunca a un solo magistrado. “¿No es esto contradictorio a lo que siente la población?”, pregunta la analista. “Peor aún si los jueces no ascienden de acuerdo a sus capacidades sino por un apadrinamiento político, como el sistema actual lo permite, nada cambiará”, afirma.

La Unidad de Evaluación del Desempeño forma parte de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Carrera Judicial. Sus recursos son limitados, “no cuenta ni con personal y ni con presupuesto suficientes como para cumplir con todas las evaluaciones que deben realizarse. Tampoco hay proyectos de cooperación internacional para financiar el programa”, reporta Asíes. Desarrollar las capacidades profesionales de los jueces en la búsqueda de la excelencia académica y profesional, generando condiciones favorables para un ascenso laboral de forma escalonada y basada en méritos, es una de las soluciones para reducir la impunidad, insiste el centro académico.

La analista Helen Mack, de la Fundación Myrna Mack, identifica tres puntos que generan impunidad. Uno es la formación universitaria; señala que las facultades de Derecho tienden a enfocarse más en la forma que en el fondo, y los abogados graduados hacen una interpretación arbitraria de la ley. El segundo punto es el debilitamiento de la carrera judicial; resalta que las falencias en la carrera se muestran en las malas resoluciones, que desnaturalizan el sentido de la independencia judicial al interpretar las leyes a quién convenga y no para dar justicia. La tercera arista es la cooptación de los órganos del Estado por los “grupos de poder” que al final utilizan la violencia, la corrupción y la obstrucción de la justicia.

Escobar y Mack advierten sobre la proliferación de facultades de Derecho creadas para ejercer influencia en las Comisiones de Postulación. En Guatemala hay más de 20 mil abogados colegiados, todos con posibilidad de injerencia sobre la elección de jueces y magistrados.

El colombiano Salcedo recomienda no criminalizar la injerencia de los juristas en estos procesos, sin embargo resalta la necesidad de fortalecer la carrera judicial. Esto, y vincular los resultados de la evaluación del desempeño a los procesos de ascensos, promociones y plan de formación y capacitación a lo interno del Organismo Judicial (OJ) genera mayor confianza e incentivos a los jueces y magistrados para mejorar su desempeño, complementa Asíes.

Para el analista del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (ICCPG), Gerson Sotomayor, es muy difícil medir resultados de la independencia judicial. Explicó que habría que analizar cada caso y cada resolución, para determinar los niveles de impunidad.

El diagnóstico del sistema judicial está más que claro. Las recomendaciones para cambiar la situación, al alcance de la mano. “Poco servirán al país los esfuerzos que CICIG y MP hacen para combatir la corrupción, si el OJ no asume su responsabilidad histórica”, aseveró el comisionado Velásquez vía su cuenta de Twitter el 25 de julio de 2015. Su texto fue motivado por el retraso que los administradores de justicia han generado sobre los casos de impunidad que involucran a diputados, jueces y hasta el propio presidente Otto Pérez Molina, que no avanzan, no obstante el peso de los señalamientos.

Imagen de mujer atada de manos y pies.

Los reyes del amparo

Para que la justicia llegue a las personas sin importar si son ciudadanos de a pie, como Lucía o Mitzie, o funcionarios judiciales como Claudia Escobar, debe ponerse atención a instrumentos legales que con su abuso permiten entrampamientos. Léase: el amparo. Para Alejandro Rodríguez, también experto del ICCPG, el amparo debe ser una acción tutelar para proteger a la persona, no para garantizar impunidad.

Pero la primera semana de agosto de 2015, la Corte de Constitucionalidad (CC) denunció públicamente a 2,548 abogados que presentaron amparos frívolos e improcedentes ante esa entidad con tal de garantizar mora judicial. (A razón de Q 50 de multa por cada acción malintencionada, la CC recibirá más de Q8.4 millones.) Este abuso no es un producto de la casualidad. Tampoco lo es que el segundo abogado con más amparos frívolos sea Vernon González, el abogado que intentó transar una resolución a favor de Roxana Baldetti a cambio de la magistratura para Escobar. Pero González no es único “Rey del Amparo”. Juan Francisco Reyes López, por ejemplo, lleva doce años utilizando este recurso para evitar ir a juicio por corrupción cuando fungió como Vicepresidente de la República, un proceso que sin trampas legales debiese durar 3 meses. El propio Reyes López ha olvidado la cantidad de amparos que ha interpuesto para evitar el juicio. “Superan los 100”, afirma.

Mientras la ley permita a los juristas aprovecharse maliciosamente de estas herramientas legales para procurar impunidad a favor de sus clientes, niñas como las hijas de Lucía verán lejos su derecho a una vida digna. Es así, como la justicia mercadeada al menudeo o al por mayor, nos afecta a todos.

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