El oscuro negocio detrás de la trata de personas

Al margen de la legalidad las redes de trata funcionan en todas las zonas de ciudad de Guatemala.

Diana Chock, Erick Suruy, Gabriela López y Gabriela Woc

CAP 2014-2016

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Encontrar un centro nocturno que ofrezca placer, sexo y diversión dentro de la ciudad de Guatemala no es complicado. No existe una sola zona libre de clubes, casas de citas o de masajes eróticos.

Ubicar esos sitios, que subsisten de la prostitución forzada o “voluntaria”, es fácil. Basta dar un recorrido por la metrópoli o en los motores de búsqueda por Internet. Se anuncian también en páginas amarillas y en redes sociales como cualquier negocio.

Al caer la noche, sobre la Vía 4 de la zona 4, comienza a brillar el letrero de “Le Club”, un lugar que ocupa casi una cuadra. De día, el sitio pasa casi desapercibido por los bancos, hoteles y centros comerciales que le rodean y lo hacen parecer casi invisible. Pero al caer el sol, los alrededores cobran vida y en las afueras el movimiento dura hasta el amanecer. Los distribuidores de drogas al menudeo aprovechan el ambiente y se disfrazan de cuidadores de carros en puestos clave del sector.

“Le Club” se reputa como un club nocturno de talla internacional. El lugar es un salón de grandes dimensiones. Al entrar se aprecia una barra que ofrece todo tipo de bebidas alcohólicas. Los ambientes se dividen para atender ya sea a grupos de hombres solos, aquellos que estén acompañados por mujeres y para quienes buscan pagar por sexo.

Es un viernes convencional, las sexoservidoras se acercan para pedir que se les invite a un trago. Ellas nunca están solas, todo el tiempo hay quien se encarga de custodiarlas y cerciorarse de que entre los clientes y la prostituta no exista más que un servicio sensual pasajero. Está prohibido entablar conversaciones que revelen aspectos privados del establecimiento.

Para cuidar que dentro del club pase algo que los custodios no puedan controlar, la seguridad se encarga de que no se ingresen armas, de que los clientes sean mayores de edad y solicitan que se evite sacar el celular para no captar fotografías y vídeos que comprometan a los dueños del negocio.

Los clientes aquí pagan de acuerdo a lo que buscan. Por compañía, por un baile o por tocar a las trabajadoras sexuales pueden pagar hasta Q 400, pero si el encuentro sube de tono y se desea tener una relación sexual el costo va de Q 800 a más. El precio que se paga toma en cuenta el tiempo y el físico de la mujer que se escoja.

Los rostros de la prostitución

Sharon[1] es una colombiana de 32 años, que tiene 12 años de trabajar como prostituta. Es una mujer 1.78 metros, piel blanca, cabello rubio a la altura del hombro. Describe al cliente como sinónimo de sueldo. Esta profesión le permite cumplir todos sus gustos y la moda que tanto le gusta.

Para Sharon la prostitución es un negocio rentable que le deja noche a noche no de menos Q1 mil. Y si está de “suerte”, como ella dice, logra que el cliente la invite a un motel o a su apartamento después de la 01:00 cuando el club cierra y en lugar de compartir sus honorarios con sus jefes, se queda con el monto completo. Esto último, compartir su sueldo, la hace víctima de trata, pero ella no cree estar siendo explotada.

Diana es nicaragüense. De tez morena, complexión delgada, pelo negro, busto y caderas delgadas. Mide 1.75 metros pero la plataforma de sus zapatos hace que supere el 1.80. Esta noche viste licra negra y una blusa blanca de tela transparente con un pronunciado escote en la espalda.

Ella baila una balada para un grupo de clientes que rodea la pequeña pista del club. Intenta seguir el ritmo mientras la acompañan luces neón verde, azul, amarillo, rojo y blanco que se reflejan en la fila de espejos que decoran la parte superior de las paredes. Al concluir la canción se sienta con su público, conversa y la invitan a una bebida. Dos de ellos la flanquean, uno le soba los muslos, el otro trata de acariciarle el busto. Diana se incomoda y se retira con cautela. No quiere reclamos.

Tiene prohibido dejar que el cliente la acaricie o bese, salvo que anticipadamente paguen un servicio sexual: entre Q150 y Q300, dependiendo si es 30 minutos o una hora. Afirma que ha trabajado así desde hace 14 años en clubes de La Florida, zona 19 de Guatemala. No puede trabajar de otra cosa, dice, porque fue el único oficio que aprendió desde los 16 años de edad. Por cada servicio sexual recibe entre 40-50%. También es víctima de trata.

No sabe de su familia. Llegó a Guatemala por accidente: le pagó a un coyote para ir a Estados Unidos, pero él la entregó a un grupo que la prostituyó. Dice que nunca pudo escapar de los proxenetas. “Ellos tienen contactos con la policía, con diputados y con alcaldes”, afirma convencida. Lo sabe porque son sus clientes frecuentes. Ella guarda la esperanza de juntar dinero y regresar a su país.

En la 10.a avenida “A” y 2.a de la zona 1, está Samanta a la espera de su nuevo cliente. Tiene 40 años y camina con su cartera en mano; viste falda negra, que apenas cubre la mitad de los muslos, y blusa roja a medio abotonar. Su rostro está maquillado a la ligera. Por servicio pide Q 50 pero por el tipo de clientes del sector se somete a rebajas: Q 30 o Q 25.

Tuvo mejores años, dice. Cuenta que era cotizada en los bares y clubes nocturnos y por servicio cobraba hasta Q 300, aunque solo recibía Q 100 o Q150, según lo que dispusieran los dueños del negocio. Hoy su reto es pagar todos los días Q 50 a los proxenetas que se afianzaron en el sector y cobran por “cuidar a las sexoservidoras”. También le preocupa su salud, pues desde niña sufrió de enfermedades respiratorias y no pudo atenderlas.

Hollywood, Las Vegas, La Pasadita 2, Pigalis, El Paso 1 y 2, El Paisa, Cowboys… son algunos otros nombres de prostíbulos. A las casas cerradas no es posible identificarlas pues reciben a sus clientes con discreción. Operan similar a los sitios que ofrecen masajes eróticos y tratan de proteger su identidad.

El reino de la impunidad

La razón es simple. Operan al margen de la legalidad. La legislación prohíbe que terceros se beneficien de la prostitución. Al hacerlo se convierten en explotadores y tratantes. Otra cosa ocurre con las personas individuales. Quien lo desee y decida puede prostituirse.

Un informe de 2014 de la Oficina del Procurador de Derechos Humanos (PDH) sobre trata reconoce que Guatemala es vulnerable a este flagelo “debido a la permisividad con la que funcionan sus instituciones que además derivan de un sistema patriarcal… que encuentra natural el dominio masculino, y hasta justifica la explotación sexual comercial, una de las formas más extendidas de la trata de personas”.

Norma Cruz de la Fundación Sobrevivientes, considera que el principal impedimento para abordar el tema de trata de personas es que esas redes ilegales operan por medio de la cooptación y el reclutamiento de funcionarios del Estado. Así lo refleja el caso del diputado Paúl Estuardo Gómez Cristiani, ex miembro del Partido Patriota, quien solicitó que le llevaran a dos menores de edad para inducirlas a relaciones sexuales, según la investigación del MP. El caso no prosperó por las intimidaciones y el abuso de acciones legales de los abogados defensores, hasta que las víctimas desistieron.

Cruz explica que las autoridades tienen limitantes para seguir la pista de los verdaderos beneficiarios de la trata por explotación sexual y prostitución ajena, porque las empresas y negocios se registran a nombre de los trabajadores de los bares, casas cerradas o centros de masajes.

La asesora legal del “Refugio de la Niñez”, Mónica Mayorga, se refiere al caso de Francisco Rubén Corzantes Quetzel y de Gerson Otoniel Santos Tol, cajero y encargado de los bares Bartender y/o Bucanas VIP y Bárbaras, respectivamente. Ambos fueron sentenciados el 18 de junio de 2015 a ocho años de prisión inconmutables por el delito de trata, pues estaban registrados como representantes de estos centros donde se prostituía a mujeres

El fiscal a cargo de la Unidad de Delitos contra la Trata de Personas, Alex Colop, reconoce que investigar casos de trata por explotación sexual o prostitución ajena es de lo más complicado. En ocasiones tienen las pruebas y a las víctimas, pero al presentar el caso en tribunales los jueces cambian el delito.

Colop lleva más de once años investigando casos de trata, y sigue sin poder identificar a los verdaderos capos de la explotación sexual. Ni siquiera cuenta con un mapeo oficial que le indique las zonas donde se encuentran ubicados los negocios que prostituyen mujeres, incluso menores de edad. Por ahora solo sabe que las zonas que probablemente tienen más clubes nocturnos son la 6, 9, 10, 11 y 12.

La Defensora de las Víctimas de Trata de la oficina del PDH, Sandra Gularte, estima que la escasez de datos se asocia al riesgo. Pocos proporcionan información sobre las rutas que utilizan los tratantes son las mismas empleadas por el narcotráfico.

El marco jurídico institucional

Gularte de la PDH, considera que Guatemala tiene suficiente normativa para combatir el delito. Entre 1983 y 2010 el Estado ha ratificado 16 convenios internacionales relacionados con la trata, pero no hay resultados. Hay debilidades institucionales, y vacíos jurídicos. El informe anual del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre trata coloca a Guatemala en el nivel 2 de respuesta institucional, que corresponde a gobiernos que no cumplen plenamente con las normas mínimas de la Ley de Protección de Víctimas.

El Ministerio de Salud se limita a brindar atención y monitorear  la salud de quienes clasifica como Mujeres Trabajadoras del Sexo  (MTS).  Cuenta con inspectores encargados de localizar bares, casas de citas u otros negocios de este tipo que podrían favorecer la transmisión de enfermedades venéreas y les invitan a sus chequeos regulares.

Toda sexoservidora debe cumplir con las citas programadas por el médico que las atiende, pues de incumplir el lugar donde trabajan será clausurado. Por eso hay quienes acceden y envían a sus trabajadoras sexuales. En la ciudad de Guatemala se encuentra, en la zona 3, el Centro de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). Israel Lemus, exviceministro de hospitales del Ministerio de Salud, explica que en cierto horario el servicio es exclusivo para ellas.

Por otro lado, la exviceministra de Trabajo, Elsa Ávalos, señala que la actividad de sexoservidora no está autorizado, pero tampoco prohibido. Por ello la tarea de esa institución es verificar si se vulneran los derechos laborales. Inspeccionan las condiciones laborales, y una señal de alarma es que la trabajadora no presente documentos de identificación. Hace presumir trata pues se está vedando su derecho a una identidad. En tal caso, el Ministerio activa un convenio institucional con la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas para establecer el estatus migratorio de la persona.

El Ministerio de Trabajo no concede permisos de trabajo sexual a ninguna persona de otra nacionalidad. “Lo que sí hacemos –explica Ávalos- es extenderlos para modelos profesionales”, por eso “los dueños de bares disfrazan a sexoservidoras al traerlas a trabajar al país”. La Unidad de Trata de la PDH ha detectado que también ingresan extranjeras con permisos laborales de meseras.

Hasta junio de 2015, el MP contabilizó 152 denuncias por explotación sexual en la capital. Siete casos involucraron a mujeres mayores de edad, el resto son menores. El fiscal de trata explica que al ser rescatadas, a las víctimas se les ofrece un albergue pero la mayoría no acepta por amenazas, desconocimiento o temor.

Las disfuncionalidades sociales

Se trata de un fenómeno complejo y de carácter transnacional. Vásquez sostiene que las organizaciones criminales involucran a jefes de Estado, gobernadores, alcaldes, jueces, abogados, doctores, funcionarios, trabajadores de migración, empresarios, sicarios e incluso familiares de las víctimas.

A esas redes se suman los carteles del narcotráfico. “La prostitución es una de las herramientas preferidas de los narcotraficantes por la facilidad para distribuir drogas”, agrega Vásquez. Y sostiene: “Es interminable la trata de personas y principalmente la prostitución forzada”, por la corrupción en la Policía, el Ejército y los tribunales, el negocio es muy rentable.

A nivel mundial, la trata es el tercer delito más rentable después del narcotráfico y el tráfico ilegal de armas, y las víctimas de explotación sexual se estiman en 4.5 millones. Solo en Latinoamérica la Organización Internacional del Trabajo, calcula que genera cada año más de US$ 12 mil millones de utilidades. De acuerdo con el informe sobre trata 2014 del PDH, el problema se agudiza en el triángulo norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador), pero es en Guatemala donde hay más víctimas. Se estiman alrededor de 33,800, o sea, el 38% del istmo; Honduras el 26% y El Salvador el 16%.

Las redes transnacionales

Se trata de un fenómeno complejo y de carácter transnacional. Vásquez sostiene que las organizaciones criminales involucran a jefes de Estado, gobernadores, alcaldes, jueces, abogados, doctores, funcionarios, trabajadores de migración, empresarios, sicarios e incluso familiares de las víctimas.

A esas redes se suman los carteles del narcotráfico. “La prostitución es una de las herramientas preferidas de los narcotraficantes por la facilidad para distribuir drogas”, agrega Vásquez. Y sostiene: “Es interminable la trata de personas y principalmente la prostitución forzada”, por la corrupción en la Policía, el Ejército y los tribunales, el negocio es muy rentable.

A nivel mundial, la trata es el tercer delito más rentable después del narcotráfico y el tráfico ilegal de armas, y las víctimas de explotación sexual se estiman en 4.5 millones. Solo en Latinoamérica la Organización Internacional del Trabajo, calcula que genera cada año más de US$ 12 mil millones de utilidades. De acuerdo con el informe sobre trata 2014 del PDH, el problema se agudiza en el triángulo norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador), pero es en Guatemala donde hay más víctimas. Se estiman alrededor de 33,800, o sea, el 38% del istmo; Honduras el 26% y El Salvador el 16%.

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