Guatemala: El mal de “Las Gaviotas”

Gaviotas

Como todo padecimiento que asalta un cuerpo, cualquiera que sea, éste se manifiesta, se intensifica y si no se atiende a tiempo, mata al huésped o lacera sus partes; sin embargo, siempre habrá señales internas o externas que indican que algo no anda bien. Así, el asesinato del exdirector del CEJUDEP, Luis Cuyún Navas, sería uno de los indicios de tensiones y anomalías que podrían estarse cociendo tras las paredes de este centro de detención de menores en conflicto con la ley penal y que hasta hoy no quedan claros, mucho menos resueltos, pero que apuntan a que las agresiones contra los internos en ese lugar, denunciadas insistentemente, pueden ser ciertas

Ronald Mendoza

CAP 2014-2016

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Casi 250 kilómetros hay de distancia entre Soyapango, El Salvador y la Ciudad de Guatemala.

Nada lejos para Juan Carlos Medina Luna, de 29 años de edad, un pandillero salvadoreño de la Mara Salvatrucha (MS) que ingresó en febrero de 2015 a tierras guatemaltecas con una promesa colgada, y de la que no se distanció durante dos meses: vengar a sus pares internados en el Centro Juvenil de Detención Provisional (CEJUDEP) “Las Gaviotas” donde, aseguró, son vejados.

El 24 de abril de 2015 Medina, alias el Cusuco, pasó la primera factura de su desquite, cuando asesinó a Luis Cuyún Navas, exdirector del reclusorio. Así, este hombre guanaco honró a su pandilla, por pertenencia, por camaradería.

“Son cosas de la mara. No me mandó nadie”, dijo tras ser detenido e interrogado por un agente policial, casi inmediatamente después del atentado contra el funcionario. El salvadoreño confesó que este era el primero de varios atentados que tenía en mente contra el personal de la Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia, encargada del Programa de Privación de Libertad de Menores en Conflicto con la Ley Penal.

“Los monitores han estado tratando mal a mis compañeros porque les han metido palos en el culo y les han estado haciendo vomitar sangre, sobre todo a cuatro compañeros que vienen de El Salvador. Estos mis compañeros se están muriendo ahí porque llevan un mes que los policías los sacan a torturarlos. Por eso están enfermos, sangran hasta cuando van a hacer sus necesidades al baño”, prosiguió el Cusuco, mientras un oficial de la Policía Nacional Civil (PNC) tomaba nota de las declaraciones.

Ese día, a la altura de la 50 calle y calzada Atanasio Tzul, zona 12 de la Ciudad de Guatemala, Medina Luna fue detenido junto al guatemalteco Mario Alfonso Aguilar, de 18 años, quien conducía el vehículo en el que se transportaban al momento del ataque. En el automotor fueron encontrados dos fusiles AK-47 y varias granadas. Un atacante más se dio a la fuga.

Así, los medios de información daban la noticia. Titulares en telenoticieros, periódicos, en emisoras de radio y portales de noticias en Internet centraban el asunto en el ataque armado y lo escandaloso de la escena, pero poco en la veracidad o no de los señalamientos hechos por Medina, sin que esto significara justificar el acto criminal, pero sí destapar una realidad que el centro y quienes lo regulan, podrían no dejar ver con claridad.

Aunque hasta entonces este era un hecho aislado, aún con las declaraciones del pandillero, en realidad parece no ser sino un síntoma más de anomalías y posibles tratos crueles dentro del centro de internamiento que van dejando su huella como pistas que llevan a un fenómeno cierto. El tema no es fácil. La violencia de las pandillas es real y afuera crece la demanda por el retiro de la inimputabilidad a los menores de edad; sin embargo, es claro que la espiral de violencia no se resuelve con más violencia, mucho menos cuando se ejerce contra victimarios menores de 18 años.

Lo que la PDH y sigue temiendo

El Cejudep o centro correccional “Las Gaviotas”, como mejor se le conoce, está ubicado en la zona 13 de la capital y es uno de los cuatro Centros Especializados Privativos de Libertad para menores de edad en conflicto con la ley penal, que tiene bajo su tutela la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia. Aunque es un recinto para la detención provisional de los menores que no han sido juzgados, sus instalaciones también recluyen a jóvenes con una sanción ya establecida, lo cual le ha valido el alto hacinamiento. Así, detrás de sus paredes conviven principalmente integrantes de las maras Salvatrucha y 18, dos de las más grandes pandillas en Guatemala, Honduras y El Salvador.

Por ello no extraña que el pandillero salvadoreño tuviera compatriotas recluidos en centros guatemaltecos. Claro, el Cusuco no fue el primero en quejarse. Tan solo 6 meses antes de que él arribara al país, Gloria Castro, defensora de la Niñez y Adolescencia de la oficina del Procurador de Derechos Humanos (PDH), había iniciado una revisión minuciosa en torno a varias denuncias que recibió durante los primeros meses de 2014, que describían hechos muy similares a los que posteriormente detallaría el guanaco. También en 2011 y 2012 la institución había realizado diligencias en torno a este mismo tipo de señalamientos.

Solo en 2014 habían sumado “13 querellas por agresiones físicas, psicológicas y de abusos sexuales en ´Las Gaviotas´”, aseguró la funcionaria un día después del asesinato de Cuyún Navas. Tal extremo se trató de corroborar con la defensora, junto con los pormenores de los expedientes ingresados, sin embargo la PDH remitió la consulta al titular de la Defensoría de la Juventud, Abner Paredes, quien dijo no tener un dato exacto sobre el número de delaciones recibidas por supuestos abusos o agresiones contra los menores internados en el CEJUDEP. Lo que sí pudo confirmar Paredes es que “hay un patrón de denuncias que da suficientes indicios para creer que los vejámenes están ocurriendo”.

“Uno de los problemas que enfrentamos al momento de comprobar fehacientemente tal extremo es que las acusaciones, que provienen principalmente de los familiares de los internos, nos llegan a destiempo. Esto obstaculiza la oportuna verificación de los hechos”, agrega. El defensor de la juventud explica que existe una norma interna de la Secretaría de Bienestar Social que aísla por completo al menor durante 10 días, como una medida para el fácil “acoplamiento y familiarización” con el centro, lo cual es cuestionable, pues durante dicho periodo no hay manera de tener un acercamiento si se es familiar o no con el recluido. “Esto abre una oportunidad para que cualquier afrenta contra los detenidos pueda pasar desapercibida”, puntualiza.

Sin embargo, tras una requisa en el Centro de Privación de Libertad para Varones (CEJUPLIV II) en octubre de 2012, la PDH “pudo observar que en algunas partes del cuerpo de los internos pertenecientes al sector H de la clica Mara Salvatrucha, eran notorios los golpes no solo del bastón, sino de las balas de goma disparadas tipo paintball, lo cual evidenció sangre en la pared en donde fueron colocados (los reclusos), asimismo fueron vistos caminando renqueando o con dificultad”, cita el informe. Tal parece que el mal de “Las Gaviotas” es extensivo a otros centros de la Secretaría.

Sangre en las paredes tras sometimiento. Fotografía: PDH.

Paredes considera que en todo caso las agresiones contra los menores en conflicto con la ley penal, de existir, no serían sistemáticas, sino más bien una cuestión vinculada a tensiones entre los monitores de los centros y los internos y la deficiente profesionalización de aquellos. “No se han comprobado malos tratos hacia los internos. Muchas de esas denuncias son generadas por familiares de los reclusos que están inconformes con las normativas colocadas en el centro”, dice Enrique Leal, subsecretario de Reinserción y Resocialización de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, quien desmiente de esta forma toda acusación de vejámenes en el centro en cuestión. Leonel Dubón, director de El Refugio de la Niñez, no descarta de entrada las denuncias y las toma con preocupación, mientras asegura que la Secretaría de Bienestar Social “está colapsada y es incapaz de responder a las necesidades actuales de la adolescencia y de integrar un verdadero sistema de protección que atienda la situación de los menores en conflicto con la ley penal”.

Lo dicho por Dubón parece no estar nada alejado de la realidad. Sucede que “Las Gaviotas”, a pesar de ser un centro de detención provisional, ha terminado albergando a jóvenes que ya poseen una sanción privativa de libertad (33% de la población total, aproximadamente), lo cual ha favorecido que el hacinamiento esté cercano al 500%, dice el representante de la PDH. Leal sostiene que la sobrepoblación es del 200%, aunque con una tendencia hacia el 250%, por la cantidad de menores que constantemente son enviados ahí.

Criminalizar, la vía que tomó la sociedad

Si bien determinar la veracidad de los hechos señalados es difícil, lo es aún más atender el fondo del asunto que rodea toda la problemática: las causas de la delincuencia juvenil y la criminalización de los menores que cometen un delito. Sobre todo por la opinión pública muy favorable al castigo duro contra los transgresores. “Existe una predisposición casi cultural hacia la criminalización de los adolescentes y la niñez que transgreden las normas penales, lo cual es evidente en las respuestas oficiales. Creemos que esto es un obstáculo cultural y social para superar con éxito la problemática de la violencia juvenil y facilitar la permisibilidad de tratos violentos a lo interno de los centros de resocialización”, opina el defensor de la juventud.

Claudia Donis coincide. En un artículo publicado en el sitio pazenguatemala.org, anota: “Sabemos que ninguna persona nace delincuente o sicario si no que, las pocas oportunidades en el país hacen que sean carne de cañón para fomentar la violencia que se convierte en un círculo vicioso del que es difícil salir”. En 2011 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su estudio “Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas” hizo un llamado a los Estados del continente a mostrar su preocupación por aquellos sistemas que responsabilizan a los niños, niñas y adolescentes que infringen las leyes penales cuando su función primordial debería ser su protección. La Comisión manifiesta temor por “las debilidades de los sistemas de justicia juvenil, debido a la distancia entre el discurso y la realidad” que enfrenta la niñez. De igual forma analizó cómo, con excepción de algunos pocos ejemplos de buenas prácticas, los sistemas de justicia juvenil se caracterizan por la discriminación, la violencia, la falta de especialización y el abuso de las medidas de privación de libertad”.

Entre los casos mencionados está Guatemala. “Nuestras mayores preocupaciones respecto a la situación de los derechos humanos de los integrantes o exintegrantes de las ´maras´ o pandillas son las relacionadas con la pobreza extrema, asesinatos, violaciones a la integridad personal, detenciones arbitrarias, malos tratos, estigmatización y discriminación a que son sometidos”, anota para el caso nacional, donde los menores pertenecientes a maras en un alto porcentaje terminan recluidos en centros como “Las Gaviotas”. Al Comité de Derechos del Niño “le preocupa que Guatemala no preste suficiente atención a las causas profundas del fenómeno de las maras, que hasta ahora ha sido tratado principalmente como un problema de justicia penal”, señala.

Los menores en conflicto con la ley penal no solo viven envueltos en el círculo de la violencia, al ser en un momento victimarios y en otro víctimas, sino también al sufrir tratos inhumanos cuando son internados en los centros de la Secretaría de Bienestar Social para su reinserción y resocialización. El informe “Contribuciones del Procurador de los Derechos Humanos para la adopción, en el 54° período de sesiones del Comité contra la Tortura, de la lista de cuestiones previas a la presentación del séptimo informe periódico por parte del Estado de Guatemala”, elaborado por la Dirección de Investigación en Derechos Humanos, explicita: “…los adolescentes que ingresan por primera vez (al CEJUDEP) son ubicados en una celda de 4 x 3 metros, área donde además se encuentra el baño (en ocasiones en condiciones precarias de higiene) y una sola litera, en la cual se pudo constatar que conviven hasta 23 adolescentes mientras se desarrolla el proceso de investigación correspondiente, lo que podría constituir el delito de tratos crueles e inhumanos.”

Imagen que muestra las condiciones de los sanitarios del centro de detención de menores Las Gaviotas.

Condiciones de los sanitarios. Fotografía: PDH.

El “Informe Anual Circunstanciado, Situación de los Derechos Humanos en Guatemala 2014” reveló que, tras una visita a “Las Gaviotas”, el personal de enfermería de dicho centro “indicó haber detectado infecciones de transmisión sexual (en los menores internos) que son tratadas con penicilina. También se ha observado sarcoptosis”. Paredes destaca que la salud de los adolescentes que están en internamiento, en buena medida está completamente desatendida. Las condiciones del centro, más la sobrepoblación y posibles abusos, parecen estar subvirtiendo la misión del hogar: rehabilitación y reinserción de los jóvenes.

“Se ha cuestionado el proceso de reinserción, pues no hay un seguimiento. A veces la única forma en que uno se enteraba de qué pasó con algún joven que había sido atendido en este centro, era oyendo de su muerte en las noticias, ya fuera por venganza entre pandilleros o porque al reincidir en delitos eran ultimados al ser repelidos”, cuenta un exempleado de estos centros de internamiento que pidió no ser citado.

Tal parece que detrás de las paredes de este reclusorio se cuecen los males que lo tienen al bordo del colapso, ya sea por falta de presupuesto (como lo han referido insistentemente las autoridades) o por fallas estructurales del sistema de atención a menores, que van más allá de la carencia de recursos económicos y que, como lo afirmara el mismo Leal en una entrevista al matutino Prensa Libre: “Guatemala no tiene un modelo de reinserción para los adolescentes en conflicto con la ley.”

“Una bomba de tiempo”

Todo apunta a que los males que enfrenta “Las Gaviotas” le han configurado en una especie de “bomba de tiempo”, me previno el defensor de la juventud el pasado 3 de julio cuando nos reunimos en una de las oficinas de la PDH para hablar sobre el tema. Cuatro días después, esta declaración se tornaría en una predicción: El 7 de julio los jóvenes del Centro se amotinaron y ocho menores de edad recluidos en el anexo del CEJUDEP asesinaron a los monitores César Aníbal Cucul y Rubén Cuxún.

Según versiones de familiares de algunos internos, estos hechos responden a lo denunciado insistentemente, el maltrato que monitores dan a los detenidos. Los adolescentes agresores habrían de referirlo así en el sótano de la Torre de Tribunales: “Los matamos, nos la debían”, dijo uno de los amotinados. Otro expresó: “Nosotros estamos tranquilos, (si) ellos (los monitores) no se meten con nosotros, nosotros no hacemos nada”.

Una semana después un grupo de organizaciones sociales pidió esclarecer los hechos: “Los menores que están con medida de privación de libertad ultimaron a los monitores como una medida de presión para las autoridades de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia para que cesen los maltratos hacía ellos, para que se respeten sus derechos humanos”, afirmaron. A pesar de esto, hasta hoy las autoridades no dan una versión definitiva de lo que pasó. Con todo, “la hipótesis se corresponde ligeramente con el contexto que existe en ´Las Gaviotas´”, concluyó el representante de la PDH, quien no descartó que motines y ataques contra funcionarios de la Secretaría de Bienestar Social sigan ocurriendo en el futuro inmediato si no se hace una averiguación exhaustiva sobre lo que ahí está sucediendo. Pero el ciclo de violencia en este centro sigue sin respuesta.

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