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La esclavitud de las niñas
La infancia robada de las niñas víctimas de abuso.
Mynor Lorenzo
“Mi hermano me violó desde que era pequeña, mi papá intentó abusar de mí y siempre hubo golpes.” Así resume Lucy su infancia. A los 13 años de edad salió de su hogar, tratando de escapar de la violencia, y se convirtió en víctima de trata. Hoy, frente a una ventana, sentada en la cama de un albergue en la ciudad capital, comparte su historia, que inicia en una comunidad del oriente de Guatemala.
Lucy tiene 14 años. Muestra varias cicatrices, marcas que le recuerdan el maltrato recibido. Su padre y su hermano mayor eran los agresores. Su madre y sus tres hermanas, menores de edad, también eran víctimas. Todos permitían los golpes que eran muy frecuentes.
Por esas constantes agresiones en junio de 2013 la niña huyó de su hogar. La primera noche Lucy caminó sin rumbo en su comunidad y conoció a dos mujeres, a quienes nombra La Negra y Maritza. Se le acercaron y le ofrecieron ayuda. La llevaron a una vivienda y le prometieron un empleo, que consistía en atender mesas y limpieza en un bar. Aceptó sin temor, pero pocos días después sus empleadoras le dejan claro que si un hombre quería a una muchacha, “para eso estaba ella”.
Lucy estaba confundida, sentía que no valía nada, y se convirtió en víctima de explotación sexual. A La Negra y a Maritza le pagaban los clientes por los “servicios”. Lucy nunca vio un centavo adicional al pago que recibía en el bar, donde permaneció junto a otras dos jóvenes que se dedicaban a la prostitución, aunque ellas no eran menores de edad.
A los pocos días de permanecer en el bar, intentó escapar cuando un amigo ingresó al local y la reconoció. Al huir fueron interceptados por elementos de la seguridad del negocio y Lucy fue llevada de nuevo al negocio y su amigo amenazado. Mientras tanto, su familia había reportado su desaparición a la Policía Nacional Civil que activó una Alerta Alba-Keneth para iniciar su búsqueda. Pero la familia no informó que una probable causa de su desaparición eran las agresiones sexuales y verbales de que era víctima la niña.
En septiembre Lucy fue localizada y rescatada en un operativo policial en el bar, pero no capturan a las personas encargadas y La Negra y Maritza huyen antes de la llegada de los agentes. El juez de paz local ordenó el regreso de la menor con su familia, pero ante su testimonio la autoridad la envió a un albergue del “Refugio de la Niñez”, donde permanece. Tras recibir el informe policial y la decisión del juez, el Ministerio Público (MP) inició una investigación sobre trata con fines de explotación sexual.
Clara López, psicóloga del “Refugio de la Niñez”, afirma que a su ingreso Lucy presentaba un cuadro de rebeldía, desconfianza y escasa relación con el resto de personas. Agrega que problemas como la violencia intrafamiliar incrementan la vulnerabilidad en los menores de ser víctimas de delitos como la trata. Crecen desprotegidos y con inestabilidad emocional y afectiva.
La esclavitud del siglo XXI
La historia de Lucy ilustra la facilidad con la cual las menores de edad pueden ser atrapadas por las redes de trata en el país. La trata se refiere al comercio ilegal de seres humanos con propósitos de explotación sexual, laboral, adopciones ilegales y extracción de órganos, entre otros. Es considerada la esclavitud del siglo XXI en el mundo y sus principales víctimas son mujeres, niñas, niños y adolescentes.
El artículo 202 del Código Penal indica que la trata de personas “constituye delito” y lo define como “la captación, transporte, traslado, retención, acogida o recepción de una o más personas con fines de explotación”; además establece que “quien lo cometa será sancionado con prisión de ocho a dieciocho años y multa de trescientos mil a quinientos mil quetzales”.
En Guatemala no existe un registro oficial de víctimas de trata. Los datos que manejan entidades como el MP o la Secretaría contra la Violencia y Explotación Sexual y Trata (SVET), se construyen a partir de denuncias formales y/o rescate de personas, como ocurrió con Lucy. Julio Rivera, miembro del Consejo del MP, considera que Guatemala carece de esos datos por la debilidad de mecanismos interinstitucionales para llevar un control adecuado. Cada entidad trabaja a su manera y de forma individual. Las autoridades encargadas priorizan el trabajo en delitos como homicidios, asaltos o extorsiones, que tienen un mayor impacto social.
Como en el caso de Lucy, muchas víctimas de trata con fines de explotación sexual inician sus historias con una desaparición. Al ser reportada a las autoridades se activa la Alerta Alba-Keneth, mecanismo implementado en 2010 para procurar la inmediata búsqueda de menores de edad. Sulma Cano, jefa de la Unidad Alba-Keneth, indica que en los últimos 5 años se han activado 19,644 alertas y el 25% continúan vigentes, pues no se ha localizado a los menores de edad; se trata, en su mayoría, de niñas entre 13 y 18 años. En 2014, por medio de esta alerta se localizó a siete víctimas de trata; seis niñas de entre 13 y 16 años y un niño de 10. Hasta julio de 2015 habían sido rescatados tres jovencitas de entre 14 y 17 años. Todos los casos fueron trasladados a la SVET y el MP.
De acuerdo al Informe Mundial sobre Trata de Personas en 2012, de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC), por una víctima rescatada, 30 continúan explotadas de manera clandestina. La oficina del Procurador de Derechos Humanos (PDH) estima que en Guatemala hay unas 33,000 víctimas de trata. Según el informe de la PDH, “Trata de Personas en Guatemala: Informe de Situación 2014”, publicado en marzo de 2015, el 38% de víctimas de trata en Centroamérica está en Guatemala, lo que coloca al país en el octavo lugar de Latinoamérica y primero en el istmo. El informe toma como referencia datos del Índice Global de Esclavitud 2014, elaborado por la Fundación Walk Free. La Procuraduría General de la Nación (PGN), entidad obligada a velar por la protección de los menores, indica que en 2013 rescató a 20 víctimas, a 54 en 2014 y 10 en el primer semestre de 2015.
Sandra Gularte, encargada de la Unidad de Prevención de Trata de Personas de la PDH, explica que algunos sectores, como la niñez, las mujeres y los pueblos indígenas son más vulnerables a caer en redes de trata, por tener instituciones sociales permisivas, derivadas del sistema patriarcal, las relaciones de desigualdad, dominación, exclusión, discriminación y explotación. En la Unidad se registraron 58 denuncias en el primer semestre de 2015: 10 en enero, 8 en febrero, 15 en marzo, 10 en abril, 12 en mayo y 3 en junio; la mayoría son niñas de 13 a 17 años, y dos niños de similar edad.
Otro factor que hace vulnerable a una víctima de trata es el masivo fenómeno migratorio. Guatemala es expulsor de población y a la vez lugar de tránsito. El año pasado más de 78,000 deportados centroamericanos desde Estados Unidos y México pasaron por el país. Esa población indocumentada, sin empleo y sin hogar, además necesitada de migrar hacia el Norte, a pesar de haber sido deportada, es más susceptible de caer en las redes de trata, principalmente en las comunidades fronterizas, aunque no se tiene un dato oficial sobre cuántos migrantes pudieron ser explotados sexualmente.
Marvin Rabanales, director del Instituto de Previsión Social (IPS), asegura que en Guatemala se conoce solo el 10% de casos de menores de edad que caen en las redes de traficantes de personas. “Por una víctima localizada, habrá nueve que nunca ingresan al sistema estatal, muchas hoy están desaparecidas.” En los municipios fronterizos y en las denominadas “zonas rojas” de Chimaltenango, Cuilapa (Santa Rosa) y en el Centro Histórico de la capital, ocurre la mayor cantidad de casos de explotación sexual en menores de edad, según Rabanales. Se observan adolescentes “con rasgos indígenas que pudieran ser víctimas de aprovechados”, indica.
Mecanismos de las redes de trata
Leonel Dubón, director del “Refugio de la Niñez”, considera que las menores son un gancho para cierto tipo de clientes en tiendas y cafeterías que se disfrazan de tales para, en realidad, promover servicios sexuales; igual ocurre en ventas de alimentos, bebidas y otros artículos. “Son atractivos encubiertos.” Aunque no se tienen denuncias formales, se presume lo que pasa en esos comercios. “Se puede ver a menores de edad en ventas de bebidas alcohólicas, sin que (la autoridad) actúe.”
Los clientes son ordinariamente hombres adultos; es más, en los alrededores de la 9ª Avenida y 16 Calle de la zona 1 ronda una clientela de policías y soldados, indican las fuentes. Pagan Q 75 por menores de edad. Se estima que por cada tres mujeres adultas víctimas de trata, puede haber una niña explotada sexualmente.
Yeimy es una adolescente de 17 años que fue localizada en un bar de Villa Nueva. El informe oficial detalla que al inicio de la relación laboral ella atendía el local y posteriormente se prostituyó. Las autoridades investigan si lo hacía bajo su consentimiento, o si fue forzada o inducida por otros para beneficiarse con los pagos. La menor estaba bajo la custodia de un tío, quien reportó su desaparición el 27 de abril de 2015. Un operativo policial permitió su rescate dos días después.
Otra forma de atraer a las jovencitas son los clasificados disfrazados. Brindan oportunidad de trabajo “fácil y sin mayor experiencia” a jóvenes, incluyendo a menores de edad. Estos llamados ofrecen puestos para servicio al cliente, edecanes, damas de compañía, salas de masajes, bailarinas, entre otros.
Harold Flores, Procurador de la Niñez de la PGN, considera que la mayoría de víctimas de explotación son mujeres engañadas. Desde relaciones afectivas, hasta oportunidades de trabajo. Al inicio no son explotadas, al menos mientras van cortando sus relaciones familiares: “La principal arma es el chantaje”. Se extrae la mayor cantidad de información para luego retenerlas.
Juana, de 14 años es otra probable víctima de trata con fines de explotación sexual. De acuerdo al expediente oficial, ella fue contratada como mesera de una cafetería en zona 17. El esposo de la dueña y su hermano le indicaron que debía vestirse de manera provocativa y ambos la presionaron a tener relaciones sexuales, lo cual se confirmó con exámenes forenses. El informe describe que la madre de la chica – a quién se le notó un cambio de conducta, agresividad- reportó su desaparición y horas después de activar la alerta Alba-Keneth fue localizada en un operativo policial en una vivienda de la zona 16 de la capital. Las autoridades investigan delito de trata y agresión sexual.
De acuerdo a los casos investigados, el procurador Flores señala que los explotadores que integran bandas criminales son los menos; la mayoría de tratantes lo hacen de forma individual, involucrando a familiares cercanos (padres, tíos, primos). En los registros de la PGN aparecen cinco hijas de exprostitutas, influenciadas en el ambiente materno en el cual crecieron y que se involucraron desde temprana edad con reticencias. El jefe de la Fiscalía de Trata del MP, Alexander Colop, explica la influencia de adultos y familiares pueden ser determinantes con algunas víctimas. Al inicio no hay violencia, pero se ejerce control, lo que supone que las menores aceptan por confusión y callan para no perjudicar a sus familiares.
El MP ha tenido que monitorear Internet, pues otra forma de atraer a los menores es a través de redes sociales (Facebook, Twitter o páginas Web donde se divulga información personal). Algunos adultos entablan acercamientos con jovencitas, ganan su confianza y las enamoran fingiendo tener similar edad. Las convencen de enviar fotografías provocativas, con desnudos o posiciones sexuales. Con frecuencia el material es comercializado o bien forma parte de la estrategia de sacar de sus hogares a las chicas ofreciéndoles vivir en pareja. Un caso bajo investigación del MP es el de una menor de edad víctima de explotación sexual por parte de su novio.
Jeny de 16 años fue separada de un noviazgo de dos años con un hombre de 32. Su expediente detalla su desaparición en mayo de 2015, luego de salir de una escuela en Villa Nueva y abordar un vehículo. Su hermana presentó la denuncia activando la alerta Alba-Keneth. Un día después fue localizada por agentes de la División Especializada de Investigaciones Criminales (DEIC). El informe psicológico de la menor indica que inició relaciones sexuales con el hombre a los 13 años de edad. Desde entonces la menor de edad habría recibido una serie de regalos, a cambio de los favores sexuales; aunque las relaciones no fueron forzadas, se investigan los fines premeditados y la influencia del adulto.
La fiscalía del MP también da seguimiento a una denuncia contra agencias de modelaje, que presuntamente disfrazan el trabajo para obtener fotografías provocativas de las jóvenes e inducir a favores sexuales, a cambio de dinero y contactos profesionales con personas de alta posición económica.
Revictimización de la víctima
July, Yeimy, Juana o Jeny, fueron víctimas de trata con fines de explotación sexual. Las cuatro menores tienen en común haber sido localizada a través del Alerta Alba- Keneth y que las denuncias están abiertas a investigación en el MP; aún se busca al o los responsables y sus expedientes hacen fila en el Organismo Judicial.
El problema va creciendo, al menos en denuncias e investigaciones. En 2014 ingresaron al sistema judicial 89 casos de trata con fines de explotación sexual, o similares y solo en el primer semestre de 2015 se contabilizan 143. La Unidad de Prevención de Trata de Personas de la PDH realizó una supervisión al MP en 2014, concluyendo que las capacidades de la Fiscalía son muy débiles para investigar la trata. Los propios investigadores desconocen el delito, es común que confundan o cambien su tipificación y las estrategias para investigar los casos no parecen consistentes. Gularte, la encargada de la PDH, agrega que es baja la cantidad de denuncias, porque el delito deviene de prácticas permitidas en nuestra sociedad.
La impunidad del delito proviene principalmente de que la investigación no es proactiva. Suele dar seguimiento al tratante, olvidando a la víctima. Cada caso demora por lo menos un año, desde la investigación, la búsqueda y captura del responsable y llegar al tribunal, hasta la sentencia. En el caso de July han transcurrido 11 meses desde su rescate, el proceso sigue en trámite y no hay capturas de responsables.
El fiscal Colop defiende que el personal realiza su mayor esfuerzo para resolver cada caso, e indica que el atraso escapa al MP, pues hay tiempos judiciales y a veces las investigaciones salen afectadas. Esto complica aún más la obtención de justicia, admite Erick Cárdenas, jefe de la Unidad de Niñez del Organismo Judicial.
En 2014 fueron 68 los casos llevados a juicio. Algunos habían sido denunciados dos o tres años atrás. Entre enero 2014 y junio 2015 fueron dictadas 58 sentencias, por delitos relacionados a la trata con fines de explotación sexual, 36 condenatorias y 22 absolutorias. Dubón considera que hay más casos denunciados, pero son mínimas las sentencias condenatorias. Cárdenas indica en cambio que hay un incremento del 25% de casos presentados ante el juez que llegan a sentencia. Son 29 los Juzgados Especializados de Niñez y Adolescencia encargados de procesos los casos y donde se hace la presa.
Un caso que adquirió alto impacto fue el de una niña de 8 años víctima de trata con fines de explotación sexual, debido sobre todo a las medidas otorgadas por un tribunal en favor del exconcejal de Chiquimula y a la madre de la niña, señalados como responsables. El 15 de mayo de 2015 Max Cordón, de 71 años, fue detenido con la niña al salir de un auto-hotel de Chiquimula. Las investigaciones determinaron que Ericka Osorio (madre) vendía a la menor por Q 400. El MP pidió 58 años de prisión para Cordón y 44 años contra Osorio, pero ambos fueron absueltos por un tribunal en Zacapa. Dos jueces restaron valor a las pruebas, argumentando fallas en la recolección en la escena del crimen, ignorando que el delito fue infraganti y que contaba con los testimonios de la menor y de varios agentes policiales que participaron en el operativo. La resolución del juzgador fue apelada por del MP y Fundación Sobrevivientes, y la Corte Suprema de Justicia dio trámite a un antejuicio contra el juez.
Déficit de atención estatal
No solo la impunidad daña a las víctimas. Carolina Escobar, directora de la Asociación Alianza, llama la atención sobre que las víctimas de trata no logran cerrar las cicatrices y el trauma. El Estado carece de mecanismos para reinsertar a la sociedad a las y los menores de edad tratados. Deben crearse programas que brinden ayuda psicológica, psiquiátrica, laboral y académica. Sandra Gularte asegura que solo el 30% de víctimas recibieron atención especializada en 2014. Las mismas autoridades revictimizan a los menores y trata de convencerlos de regresar con su familia o comunidad (como pretendía el juez con Lucy) donde están estigmatizados.
El desconocimiento del tipo de delitos es otra limitación. Cárdenas subraya la necesidad de capacitar constantemente a jueces y magistrados, buscando reforzar aspectos de la ley y despertar la sensibilidad para resolver casos de trata. Pero también hay limitaciones materiales, como falta de presupuesto, juzgados y personal especializado.
La SVET presentó la política pública contra la Trata de Personas y Protección Integral a las Víctimas 2014-2024, que orienta las acciones del gobierno a prevenir y erradicar el flagelo. En 2008 se elaboró la primera de estas políticas pero estaba desvinculado de instituciones rectoras. Para Marvin Rabanales el documento es retórico y no cuestiona las deficiencias del sistema. Coincide Leonel Dubón, que enfatiza en el bajo nivel de cumplimiento de la política y la inoperancia por parte de algunas dependencias, en especial en el campo penal y de reparación de las víctimas.
En cambio el titular de la SVET, José Cortez, asegura que la Política está dando resultados. Recuerda que la ley fue aprobada para los próximos 10 años y que ahora se puede divulgar la información acerca del delito y sus sanciones, así como realizar campañas masivas de sensibilización y empoderar a la juventud sobre riesgos. Al visibilizar el fenómeno se logrará incrementar las denuncias, investigaciones y sentencias, asegura.
Lucy espera que no haya más “Lucys” abusadas, mientras aprende que tiene toda la vida por delante: le gustaría continuar sus estudios y convertirse en policía o chef. Cada día trata de olvidar a quienes la engañaron, hasta caer en la explotación sexual: “No les deseo el mal, a pesar de lo que me hicieron… Lo único que quiero es ser feliz”, dice esbozando una sonrisa.
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