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Imagen: Jorge Dan / Reuters
Las redes que capturan al Estado
La dinámica de poder en las diferentes regiones de Guatemala está marcada por la existencia de Redes Político Económicas Ilícitas que buscan controlar instituciones públicas para enriquecerse ilegalmente, lo que perpetúa un sistema de corrupción que debilita al Estado y a la democracia.
Redacción CAP
A partir de las investigaciones de alto impacto que desarrolló la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) se develó el accionar de redes ilícitas de carácter regional que estaban vinculadas al financiamiento de los partidos políticos. En la cuarta sesión del CAP sobre democracia en Guatemala, el historiador Harald Waxenecker explicó la naturaleza de estas redes y la forma en que cooptan las instituciones del Estado para enriquecerse de manera ilícita.
El concepto de las Redes Político Económicas Ilícitas (RPEI) tiene su antecedente directo en las estructuras criminales conocidas como Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS) que operaban durante los años del Conflicto Armado Interno, dijo Waxenecker. A partir del proceso de democratización y la firma de los Acuerdos de Paz, muchas de estas estructuras criminales se transformaron pero no desaparecieron, apuntó.
“La mayoría de estos cuerpos ilícitos transmutan, se transforman, se privatizan y se convierten en entidades mucho más transitorias y complejas que operan dentro y fuera del Estado. Son públicos y privados a la vez y se mueven en ciertos espacios legales pero también en espacios ilegales”, explicó el especialista a las y los periodistas que participan en el CAP.
Estas redes se caracterizan por una serie de elementos distintivos, indicó Waxenecker. En primer lugar, las integran actores políticos locales, en su mayoría diputados distritales y alcaldes. Es por esta razón que su influencia y base de poder político y económico está concentrado en sus territorios, indicó.
“En segundo lugar, estos actores locales se caracterizan por operar alrededor de redes familiares y poseer nexos con grupos de crimen organizado”, afirmó.
Momento de la captura del alcalde de Cuilapa, Santa Rosa. Foto: Twitter @MPguatemala
Un concepto en dos partes
Para comprender la complejidad del fenómeno de las RPEI, es necesario comprender su funcionamiento, explicó el historiador. Y para esto es conveniente entender de manera separada a los actores políticos y económicos que las integran, puntualizó.
En su mayoría, los actores políticos relacionados con estas redes son las y los diputados distritales, dijo Waxenecker. Y para identificarlos planteó los siguientes criterios:
Los tentáculos de las redes
La influencia y el poder de estas redes se han ido perpetuando en el escenario político guatemalteco desde hace más de una década.
Según el historiador, en las elecciones de 2011 se contabilizaron 42 diputaciones distritales vinculadas a redes ilícitas y para el 2015, el número aumentó a 53. A partir de las investigaciones y los procesos legales impulsados por CICIG, en 2019 el número de congresistas se redujo a 36.
Sin embargo, para el 2023, este número volvió a aumentar. En la actual legislatura, al menos 46 diputados -es decir un 20 o 30% del total- responden a los intereses de estas estructuras, afirmó Waxenecker.
De la misma manera, se puede hacer un mapeo para identificar cómo ha crecido la acumulación económica a partir de la adjudicación de obra gris a empresas vinculadas a estas redes, indicó el especialista.
De acuerdo con sus investigaciones, en la séptima legislatura (2012 al 2016) el promedio de inversión por departamento era de Q.533 millones. Para el período 2016-2020, aumentó a Q.625 millones y se volvió a acrecentar a más de Q900 millones para el periodo 2020-2024.
“Una de las fuentes principales de acumulación económica es la corrupción vinculada a la contratación de obra gris; entonces podemos asumir que donde hay más recursos disponibles en términos generales, hay mayor posibilidad también de enriquecerse mediante la corrupción”, manifestó.
En este sentido y siguiendo los criterios para mapear la presencia de las RPEI y sus actores económicos y políticos, Waxenecker señaló que los departamentos con más riesgo de presencia de estas redes ilícitas para el 2024 son Chiquimula, Alta Verapaz, Santa Rosa, Izabal, Baja Verapaz.
Las Redes Ilícitas impactan de manera negativa en el entorno político y económico del país y debilitan enormemente la democracia, afirmó el investigador.
“Si tenemos un sistema de corrupción funcionando sistémicamente, se genera un entorno desigual que distorsiona la contienda electoral. Al mismo tiempo, si el poder político, las diputaciones y las alcaldías son capaces de manipular el ciclo de contratación de la obra pública para precisamente obtener algún beneficio ilegal, poder o dinero, entonces la contratación no depende de la capacidad propia de las empresas, sino de la vinculación política que tengan con estas redes” concluyó Harald Waxenecker.
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