La Justicia y su encrucijada

La Justicia de Guatemala está a punto de cambiar a sus máximas autoridades. El juez Haroldo Vásquez, presidente de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad, analiza el proceso en el que se escogerán a las y los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Apelaciones para el periodo 2019-2024.

Redacción CAP

Share on facebook
Share on google
Share on twitter

El sistema de Justicia de Guatemala está en una encrucijada: avanzar o retroceder en la prevalencia de la independencia judicial y del fortalecimiento del estado de Derecho. Dos situaciones en la que la Justicia, entendida como uno de los pilares fundamentales para el equilibrio de los poderes estatales, corre el riesgo de ser cooptada por sectores que buscan impunidad.

Además, el año 2019 se torna crítico debido a que junto al proceso de elecciones generales se da el de la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de las Cortes de Apelaciones. Detrás de estos eventos existen espacios de negociación donde podrían prevalecer intereses políticos que pondrían en peligro la independencia judicial.

“Esta coyuntura es trascendente porque estamos hablado de quiénes van a administrar la justicia por los próximos 5 años, a partir de octubre de 2019”, dice el juez Haroldo Vásquez, presidente de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI).

Durante la última sesión de los Ciclos de Actualización para Periodistas (CAP) en temas electorales, el juez Vásquez habla de una pugna –una lucha titánica dentro del Poder Judicial– que se da entre los sectores tradicionales que buscan regresar a los viejos modelos de impunidad y las y los jueces independientes quienes, junto a diversos movimientos sociales, impulsan la transparencia en estos procesos de elección.

Bajo el control de las nuevas Cortes, está el destino de casos trascendentales como los que se plantearon en 2015 en contra de altos funcionarios acusados de corrupción, afirma.

El impacto de la elección de las Cortes en la independencia judicial  fue uno de los temas relevantes abordados en esta sesión del CAP.

El proceso de elección de las nuevas Cortes se realiza a través de las comisiones de postulación, pensadas como un mecanismo democrático de segundo nivel, cuyo objetivo se centraba en escoger a los mejores abogados del país para dirigir la Justicia. Sin embargo, con el paso de los años, este mecanismo ha sido cooptado por redes de influencia o grupos de interés.

Ante este escenario es crucial la fiscalización para velar por la transparencia del proceso, explica Vásquez.

La integración de las comisiones de postulación está establecida en la Constitución Política de la República. A través de este mecanismo se eligen las magistraturas de la CSJ, las de las Cortes de Apelaciones, la dirección del Instituto de la Defensa Pública Penal y del Ministerio Público, entre otros puestos clave de control y fiscalización.

La idea era que por medio de los decanos de las facultades de Derecho se ubicaran a aquellas personas destacadas para dirigir las instituciones de justicia. Los postuladores elegirían a jueces o magistrados que sobresalieran por sus capacidades e idoneidad. Y el Colegio de Abogados encontraría a los mejores del gremio para representarlos.

Las y los periodistas del CAP se capacitan sobre la elección de las cortes de justicia en Guatemala.

¿Cómo se conformarán las Comisiones de Postulación en el 2019?

La Comisión de Postulación para elegir a la nueva Corte Suprema de Justicia quedará integrada de la siguiente manera: 12 representantes de los magistrados de Cortes de Apelaciones, 12 representantes del Colegio de Abogados, 12 decanos de las facultades de Derecho o Ciencias Jurídicas y Sociales y un Rector de las universidades del país, quien la preside. La Comisión de Postulación para Cortes de Apelaciones se integrará por 12 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 12 representantes del Colegio de Abogados, 12 decanos de las facultades de Derecho, y un Rector. En total, para este proceso de elección, cada comisión de postulación quedará integrada por 37 postuladores. El número mágico para que un candidato sea incluido en el listado que se enviará al Congreso es de 23 votos.

Sin embargo, muchas redes de abogados han montado un frente común para regresar a las viejas prácticas de justicia selectiva y poco transparente. Y así han emprendido la misión de cooptar la elección de cortes.

Todas las personas que pudieran estar involucradas en hechos delictivos tienen intereses en la elección de nuevos magistrados. Y al buscar impunidad, pervierten la verdadera intención de las Comisiones de Postulación. “Buscan jueces adhoc para sus casos. Buscan incidir en todo el proceso de elección de cortes de justicia”, dice el juez Vásquez.

La última fase del proceso de elección de las magistraturas queda en manos del Congreso de la República. Las Comisiones de Postulación arman un listado de candidatos para ocupar las magistraturas en la CSJ o en las Cortes de Apelaciones, que se envía para que sea el pleno del Legislativo el que elija a los 13 magistrados titulares y 13 suplentes de la Suprema Corte y a los más de 200 magistrados de las salas de apelaciones.

Las y los jueces independientes deben hacer frente a la cooptación del Sistema de Justicia en Guatemala.

Ahí el proceso de elección de cortes se vuelve aún más complicado. Las presiones crecen. Los intereses se multiplican. Los vínculos, las funciones de los operadores políticos y las redes de abogados, se amplifican. Y la justicia se politiza a niveles agudos, afectando directamente la democracia.

“Al menos hay 100 diputados que están señalados en investigaciones del Ministerio Público. Si nos ponemos en sus zapatos, no les conviene un juez o una jueza independiente. Eso es lo que está en juego principalmente en esta elección”, dice Vásquez. “Y el peligro para la independencia judicial es real”.

Hay una necesidad de neutralizar a las y los jueces independientes para que no puedan alcanzar un puesto dentro de las cortes de justicia, dice el juez Vásquez durante la sexta sesión del CAP.

El efecto colateral se percibe desde la ciudadanía. La legitimidad del sistema de justicia se cuestiona y se genera desconfianza. “La población pregunta: ¿En que sala cayó el caso, en manos de qué juez está? Ah con ese juez ya sabemos… Y eso no debería ser así. Si es un juez o jueza independiente no debería haber problemas. Ningún operador de justicia debería tener ningún compromiso político. Y eso es parte de la perversión”, explica el facilitador.

En esta encrucijada que plantea el 2019, Vásquez insta a estar atentos a los fallos judiciales. Esa es la clave para entender las estructuras que se mueven alrededor del proceso de Comisiones de Postulación y en el Congreso de la República.

“El problema es que vamos tarde. Muy tarde. Las y los jueces independientes nos enfrentamos a estructuras que tienen años de estar operando”, explica el juez Vásquez.

Las redes criminales y los grupos de influencia han creado dinámicas de cooptación estructural, en la cual utilizan cursos académicos, congresos, foros, becas, maestrías, a las propias universidades, e incluso, a los partidos políticos para mantener articulados sus modos de operación.

Si bien han caído algunos operadores políticos importantes, su influencia y su manera de cooptar el proceso de elección de cortes de justicia, es algo que continúa vigente.

Pero aún con todas estas dificultades, hay juezas y jueces independientes, que se han atrevido a hacer cosas que nadie espera. Juezas y jueces queridos por la población, que aunque sufran desgastes y ataques, son un contrapeso a la actual configuración de la Justicia en Guatemala, dice el juez Haroldo Vásquez al terminar su presentación.