Defender la independencia judicial para proteger la democracia

La jueza titular del Juzgado de Mayor Riesgo D, Erika Aifán, expuso sobre la importancia de la independencia judicial para una democracia como parte de la quinta sesión del Ciclo de Actualización para Periodistas (CAP) en temas electorales.

Redacción CAP

Share on facebook
Share on google
Share on twitter

Las y los jueces, como parte del Sistema de Justicia, son uno de los eslabones más importantes para procurar una sana democracia. Su trabajo va más allá de declarar culpables o inocentes a las personas acusadas de un delito. Trasciende los juzgados. Desempeñan una labor clave para la funcionalidad y gobernabilidad de los países y la confianza entre las instituciones públicas y la ciudadanía.

En consecuencia: “La independencia del poder judicial es una condición indispensable para la existencia de un Estado democrático y de Derecho”, dice la jueza Erika Aifán, titular del juzgado D de Mayor Riesgo, en la penúltima sesión del Ciclo de Actualización para Periodistas (CAP) enfocado en temas electorales y en el proceso de elección de las cortes de justicia.

Sin jueces y juezas independientes, los países corren el riesgo de mantener una situación permanente de impunidad. No se podría investigar casos de corrupción, tampoco a políticos implicados en casos de enriquecimiento ilícito. Las mafias y el crimen organizado controlarían las agendas gubernamentales. Y la justicia perdería credibilidad.

Jueces, juezas y magistrados pueden juzgar, decidir el futuro de casos relevantes, pero principalmente a su cargo corre la fiscalización de los otros poderes del Estado: Ejecutivo y Legislativo. Su rol es el de mantener el equilibrio.

Erika Aifán explica que la independencia judicial es uno de los pilares para el Estado de Derecho.

Es por este grado de importancia dentro de los Estados democráticos que la garantía de la imparcialidad del sistema de justicia, como dice Aifán, está bajo el asedio de constantes amenazas.

El propósito de distintos sectores que buscan impunidad, es afectar directamente las decisiones judiciales en favor de intereses particulares mediante el uso de intimidaciones.

Aifán dice: “La facultad de juzgar puede estar afecta a limitaciones que se imponen desde la burocracia dentro del Poder Judicial, desde lo interno, pero también desde factores externos”.

A los jueces se les amenaza de muchas formas, una intimidación puede provenir de una llamada telefónica, o bien se puede dar el caso de que un operador de justicia permanezca bajo vigilancia por parte de los encargados de la seguridad del Estado, o hasta casos más graves donde una granada puede ser lanzada y explotar en el interior del patio de su casa. “Son amenazas más obvias y que llevan un mensaje no sólo para los jueces sino para la población en general”, explica la jueza de Mayor Riesgo.

Sin embargo, la coacción para doblegar a las y los juzgadores encargados de los fallos dentro de los tribunales puede tener mayores grados de sutileza. “Injerencias desde los administrativo para afectar la independencia de los jueces”, dice Aifán.

Las y los periodistas CAP se capacitan para la cobertura de los procesos de elección de magistrados para Salas de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia.

Dentro del Sistema de Justicia, la supervisión de los jueces es responsabilidad del Consejo de la Carrera Judicial, que se encarga de las sanciones, nombramientos, ascensos, licencias y  permisos laborales. El riesgo, dice Aifán, consiste en cómo se pueden llegar a utilizar estos mecanismos de control administrativo. Cada decisión tiene que estar bien justificada. Pero se han dado casos en los que una amonestación administrativa sirve para castigar a un juez o bien para intimidarlo y que falle de cierta forma respecto de algún caso.

El Consejo de la Carrera Judicial también nombra a los jueces suplentes. En algunas oportunidades estos nombramientos podrían ser otro fenómeno de intimidación sutil que ocurre dentro de las cortes. Un juez sustituto puede fallar diametralmente opuesto a como lo haría un juez titular. Los criterios no son los mismos.

En este mismo sentido burocrático, dentro de los edificios de Justicia, otro modo de intimidación en contra de las y los jueces surge desde el departamento de Recursos Humanos, porque son ellos los que nombran y contratan al personal auxiliar dentro de los juzgados. Los jueces, por lo tanto, no tienen control sobre la designación de las personas que trabajan a su lado.

Lo administrativo en el Organismo Judicial tiene un elemento extra que se utiliza para la manipulación de la independencia de los jueces: Las juntas de disciplina pueden ser otro de los mecanismos sutiles de intimidación, dice Aifán. Faltas, delitos o conductas inapropiadas, son parte del catálogo de denuncias por los cuales un juez puede ser despedido, sancionado o destituido de algún tribunal.

“Un juez no puede ser juzgado burocráticamente por lo que juzgó”, advierte Aifán.

Ante toda una gama de decisiones arbitrarias, traslados injustificados, reglamentos que atentan contra el trabajo de los operadores de justicia, Aifán señala que una apuesta por la independencia judicial radica en la unión de varios jueces y juezas para asociarse y poder contrarrestar las amenazas, las externas y también las internas.

Las amenazas en contra de las y  los jueces, dice Erika Aifán, pueden ser internas o externas al Sistema de Justicia.

La Asociación Guatemalteca de Jueces por Integridad –de la cual Erika Aifán forma parte– ha planteado amparos en contra de reglamentos injustos, y ha cuestionado traslados injustificados.

Cada asociación de jueces y magistrados tiene agendas diferentes. Algunas se han enfocado en el tema de las capacitaciones. Otras en promover el enfoque de género.

De cara a un nuevo proceso de elección de magistrados para ocupar cargos al frente de las Salas de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia, la independencia judicial es un tema que parece estar fuera de los debates principales.

Aifán hace énfasis en cómo en los entes administrativos dentro del Organismo Judicial se han obviado mecanismos de evaluación y retroalimentación que podrían ser utilizados como instrumentos de medición de capacidades en torno de aquellos magistrados que buscan una reelección.

La jueza Erika Aifán culmina su intervención recordándoles a las y los periodistas del CAP la importancia de la fiscalización ciudadana sobre los procesos de elección de magistrados de las Altas Cortes del país. El periodismo independiente puede contribuir con la transparencia de este proceso que ya está en marcha, sostiene.