Ilustración: Vicente Chapero
Guatemala en la encrucijada: tres elecciones para definir el rumbo del país
En los primeros meses del 2026, en Guatemala se realizarán tres procesos clave que determinarán el rumbo político del país: la elección de las y los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y del Tribunal Supremo Electoral y la designación de un nuevo jefe o jefa del Ministerio Público. De estas designaciones dependerá el rescate del sistema de justicia de las redes que lo mantiene cooptado o la profundización de la crisis democrática e institucional.
Redacción CAP
En la sexta sesión del Ciclo de Actualización para Periodistas (CAP) sobre Justicia y lucha contra la Impunidad, Claudia Paz y Paz Bailey, la primera mujer que ocupó el cargo de Fiscal General en Guatemala, se refirió al panorama crítico que enfrenta el país por la cooptación del Ministerio Público (MP) y a los desafíos que representan los procesos de elección de las próximas autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Corte de Constitucionalidad (CC) y la Fiscalía General.
La transformación truncada
La creación del Ministerio Público en 1994 representó un punto de quiebre tras décadas de violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno de Guatemala. El sistema acusatorio sustituyó al sistema inquisitivo que había imperado durante décadas y buscó transformar al aparato judicial que había funcionado como una herramienta de persecución política impulsada por los gobiernos militares, señaló Paz y Paz.
Sin embargo, esta transformación no se completó porque hubo vicios muy fuertes que impidieron una efectiva transición. Por ejemplo, personas que habían participado en ejecuciones extrajudiciales y torturas siendo miembros de la Policía Nacional (PN) entraron sin mayores controles a las nuevas instituciones que se crearon luego de la firma de los Acuerdos de Paz, y empleados del Organismo Judicial pasaron a formar parte del Ministerio Público.
“Aunque la ley cambió, las prácticas autoritarias en la administración de justicia no lo hicieron”, señaló la exfiscal general.
A su criterio, los avances en materia de justicia y lucha contra la impunidad empezaron con la llegada de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en 2007 y con las reformas que se dieron en la Policía Nacional Civil (PNC).
La designación de Amílcar Velásquez Zárate para dirigir el MP fue otro punto de quiebre que permitió aumentar la efectividad en los procesos de investigación y en el avance de la judicialización de casos emblemáticos por graves violaciones a los derechos humanos durante la guerra, explicó Paz y Paz.
A eso se sumó la continuidad del trabajo en las gestiones de la propia Claudia Paz y Paz (2010-2014) y de Thelma Esperanza Aldana (2014-2018).



A partir de 2007, con la llegada de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), comenzaron a darse avances importantes en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Las gestiones de Amílcar Velásquez Zárate, Claudia Paz y Paz y Thelma Aldana al frente del MP permitieron llevar ante la justicia a personas responsables de graves violaciones a los derechos humanos, integrantes de estructuras criminales y funcionarios públicos de alto nivel. Fotos: Sandra Sebastián, Plaza Pública, Johan Ordóñez/AFP
La rearticulación de los actores de poder
La consecuencia de estas transformaciones, sobre todo a partir de 2017, fue la rearticulación de los actores que vieron reducidas sus cuotas de poder por las investigaciones y procesos que llevaron adelante el MP y la CICIG.
Estos actores se rearticularon en lo que coloquialmente se conoce como “el Pacto de Corruptos”. Primero expulsaron a la CICIG y luego colocaron por dos períodos seguidos a la actual fiscal general, dijo Paz y Paz.
“Las consecuencias de esta rearticulación han sido devastadoras”, añadió la abogada. “El MP se ha convertido en una herramienta de persecución política al punto que la CIDH -Comisión Interamericana de Derechos Humanos- catalogó a Guatemala como parte de los países con una grave situación de derechos humanos”.
Paz y Paz remarcó que actualmente “la persecución ya no solo se centra en jueces y fiscales, sino que ahora el blanco principal es el Ejecutivo y los funcionarios nombrados por el oficialismo, incluso el mismo presidente”.




Desde que María Consuelo Porras Argueta dirige el MP periodistas, operadores de justicia independientes y líderes sociales han sido criminalizados. En las fotos se observa a Jose Rubén Zamora, expresidente de diario elPeriódico; Stuardo Campo, fiscal anticorrupción; Eduardo Masaya, abogado e integrante del partido Movimiento Semilla; y los exdirectivos de los 48 Cantones de Totonicapán, Luis Pacheco y Héctor Chaclán. Fotos: Santiago Billy/AP, Denis Aguilar/eP Investiga, Fabricio Alonzo/La Hora
La jurista remarcó que el contexto actual que se vive en el país es crítico y que los procesos de elección de quienes ocuparán las magistraturas de la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral, así como la designación de un nuevo Fiscal General, representan un punto de quiebre para el sistema de justicia y la democracia guatemalteca.
Presentación de Claudia Paz y Paz “Ministerio Público: una elección crucial” en Ciclos CAP
Si bien la abogada confía en que la actual jefa del MP no será reelecta, advierte que la interconexión y simultaneidad de los tres procesos complejizan el escenario político nacional: “Dado que sucederán casi de manera simultánea y que diferentes actores participarán de alguna u otra manera en los tres procesos, existen riesgos importantes de interferencia en la elección del nuevo jefe o jefa del MP”.
“Del resultado de la elección del Tribunal Constitucional dependerá el grado de interferencia que pueda sufrir la comisión de postulación de la Fiscalía General”, concluyó Paz y Paz.
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