Imagen: Simone Dalmasso | Plaza Pública

La CC: árbitro jurídico y actor político

En Guatemala, la Corte de Constitucionalidad (CC) juega un doble papel. Además de ser la máxima autoridad jurídica en materia constitucional, es un actor clave en el tablero político nacional. Desde su creación ha habido una tensión constante entre su rol técnico y su inevitable actuación en las disputas del poder político en el país. 

Redacción CAP

En la cuarta sesión de capacitación del Ciclo de Actualización para Periodistas (CAP) sobre Justicia y lucha contra la Impunidad, el abogado constitucionalista Edgar Ortiz Romero analizó el papel del tribunal constitucional en el tablero jurídico y político guatemalteco.

Para Ortiz, el rol protagónico que ha adquirido la CC en el debate público “no es un fenómeno exclusivo de Guatemala”, más bien se enmarca en una tendencia regional en donde las cortes han ganado cada vez más influencia.

En un primer momento, dijo el expositor, los poderes judiciales estaban concebidos como la “rama menos influyente de los estados” al no tener influencia sobre los ejércitos ni controlar el presupuesto nacional. Sin embargo, en las últimas décadas, las Altas Cortes fueron ganando cada vez más protagonismo.

De acuerdo con el jurista, este cambio de “garantes de la Constitución” a “actores políticos influyentes”, se produjo por tres motivos principales: Primero, porque en países en los que se dieron procesos de transición democrática como Guatemala, se hacía necesario contar con cortes que fungieran como garantes de la estabilidad política y aumentaran la credibilidad internacional. Segundo, porque se les pensó como un mecanismo para que los gobiernos pudieran transferir decisiones impopulares a los jueces para evitar el desgaste público; y tercero, para que actuaran como un “seguro político” ante la posibilidad de cambios abruptos en el sistema. 

Epaminondas González, presidente de la Corte de Constitucionalidad en 1993, llega al Palacio Nacional para dar lectura a la resolución que detiene el autogolpe del entonces presidente Jorge Serrano Elías. Foto: Prensa Libre

Breve repaso de la trayectoria del tribunal constitucional

En su análisis, Edgar Ortiz señala que la Corte de Constitucionalidad de Guatemala se consolidó como actor político y ganó legitimidad a partir de la crisis del “Serranazo” en 1993. “La CC declaró inconstitucional esas medidas del gobierno (de Jorge Serrano Elías), y aunque el presidente se negó a publicar la sentencia, el Ejército respaldó a la Corte. Su rol en restablecer el Estado de derecho elevó enormemente su credibilidad”, aseguró el abogado constitucionalista. 

Jorge Serrano, presidente de la República acompañado del vicepresidente Gustavo Espina dio a conocer la decisión de disolver las cortes el 25 de mayo de 1993. Foto: Prensa Libre

Sin embargo, la CC ha oscilado entre avances y retrocesos. “El primer gran declive ocurrió en 2003, cuando el gobierno del FRG (Frente Republicano Guatemalteco) influyó en la CC para permitir la candidatura del general (Efraín) Ríos Montt, lo que llevó al episodio conocido como Jueves Negro”, explicó Ortiz. Este hecho resquebrajó la credibilidad de los magistrados que pese a la prohibición constitucional, avalaron que fuera candidato presidencial.

Posteriormente, entre 2009 y 2019, la CC retomó un rol pro derechos humanos y Estado de derecho, interviniendo en casos de alto impacto nacional como la suspensión de las elecciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en 2009, la anulación de la elección del Fiscal General en 2010 y la negativa a admitir la candidatura presidencial de Sandra Torres en 2011.

No obstante, para el jurista, el punto de inflexión fue el enfrentamiento de la CC con el presidente Jimmy Morales durante los últimos años de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG): En el gobierno de Jimmy Morales (2016-2020), la CC protegió a la comisión internacional pero desde 2021, con una integración más afín al oficialismo, sus resoluciones dieron un giro como se evidenció con la reelección de la fiscal general Consuelo Porras o el aval de la Corte reformas para fortalecer la carrera judicial, señaló Ortiz.

La CC ordenó a la comisión de postulación incluir en la nómina de candidatos a Fiscal General a los aspirantes que obtuvieron 75 puntos o más, lo que benefició a María Consuelo Porras Argueta quien fue reelecta por el entonces presidente Alejandro Giammattei.

Estas decisiones evidencian que las resoluciones de la CC están mediadas por la coyuntura política. “La Corte ha sido estratégica, evitando la confrontación directa con actores políticos poderosos, pero también cuidando su reputación internacional y la opinión pública” señaló el expositor.

Presentación de Edgar Ortiz Romero “La Corte de Constitucionalidad, ¿árbitro o jugador?” en Ciclos CAP

Pero la influencia de actores poderosos y el carácter político de la corte constitucional guatemalteca también se explica a partir del diseño institucional de este órgano. Los magistrados suplentes, por ejemplo, pueden ejercer como abogados privados mientras integran la Corte, lo que constituye “un conflicto de interés único en la región”, destacó Ortiz.

Además, la renovación total del Pleno cada cinco años facilita que grupos de poder moldeen su composición, advirtió el jurista. Y agregó: “Las cortes no son árbitros puros: son actores políticos que navegan entre presiones de poderes fácticos, opinión pública y su propia supervivencia”.

Hoy, en un contexto de desconfianza ciudadana y polarización, “su desafío es evitar convertirse en un instrumento del poder de turno”, destacó Edgar Ortiz. Mientras tanto, su historia sigue siendo un recordatorio de que en Guatemala, incluso la justicia constitucional, está condicionada por un juego político donde las reglas las escriben quienes controlan el tablero.

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