El proceso penal: la columna vertebral de la justicia

Aunque se han dado avances importantes en el proceso penal guatemalteco, aún hay un largo camino por recorrer para consolidar un sistema con mayores garantías, en el que se respeten los principios de presunción de inocencia, debido proceso, derecho de defensa e independencia judicial.

Redacción CAP

En la segunda sesión del Ciclo de Actualización para Periodistas sobre Justicia y lucha contra la Impunidad, el abogado Herbert Pérez abordó el tema “el proceso penal guatemalteco”, al cual caracterizó como la consecución de pasos ordenados que nos permiten determinar si un hecho constituye un delito y si existe responsabilidad penal para aquella persona que lo cometió.

“El proceso penal no busca establecer una verdad absoluta, sino una verdad formal  que se construye a través de una serie de procedimientos legales”, explicó el jurista.

El mismo está cimentado en “10 principios inquebrantables dentro del sistema judicial” dijo Pérez, citando al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, César Barrientos Pellecer. Son preceptos de observancia obligatoria a través de los cuales se deben interpretar todas las normas procesales, enfatizó.

Para Pérez, estos principios no deben ser entendidos como meras declaraciones, sino como una “exigencia y una demanda” para todos los participantes en un proceso penal. Su observancia es lo que diferencia a un Estado de derecho de un sistema arbitrario y su comprensión resulta fundamental para todos los actores involucrados, desde jueces y abogados hasta periodistas y ciudadanos, subrayó.

Presentación de Herbert Pérez “El proceso penal guatemalteco” en Ciclos CAP.

Además de explicar cada uno, el especialista se refirió a las fases que componen el proceso penal y que siguen un orden específico para determinar la verdad procesal. Estas etapas son: preparatoria, intermedia, desarrollo del juicio, impugnaciones y ejecución.

Cada una de ellas es conocida por diferentes jueces o tribunales para mantener la pureza del proceso: “cinco actores -que son distintos- ven cinco fases distintas para que no sea solamente un juez el que esté contaminado en todo el proceso”, apuntó.

Esta separación de autoridades judiciales garantiza mayor imparcialidad ya que los jueces que toman la decisión final en el juicio no han estado involucrados en las etapas previas, complementó.

Presentación de Herbert Pérez “El proceso penal guatemalteco” en Ciclos CAP.

El rol de la CC en el proceso penal

Uno de los aspectos que destacó el abogado durante su presentación es el papel que la Corte de Constitucionalidad (CC) tiene en el sistema judicial guatemalteco.

Para entender su rol, Pérez señaló que dentro de los principios que rigen el proceso penal existe la garantía que otorga el amparo. “El amparo es un recurso constitucional con el que se busca proteger los derechos más fundamentales” y se puede utilizar durante todas la etapas del proceso,  explicó. Esta es una de las razones por las que las resoluciones de la Corte tienen un peso extraordinario.

Además señaló que el 80 % de las resoluciones del tribunal constitucional son políticas y se dan en momentos coyunturales.

Utilizando el reciente caso del cirujano Kevin Maulouf, acusado de desmembrar a una paciente para ocultar que había muerto en una operación que le practicó, el penalista mostró cómo la CC es un actor clave en el sistema judicial con capacidad para intervenir decisivamente en momentos de crisis, anular proceso completos y responder a presiones sociales y coyunturas políticas.

La Corte funciona como un mecanismo de control constitucional pero también como actor político dentro del sistema de justicia, aseveró. 

Foto: Prensa Libre

Del papel a la realidad: desafíos del proceso penal guatemalteco 

En la parte final de su exposición, Herbert Pérez abordó los retos que enfrenta Guatemala en la aplicación práctica del proceso penal. “Cuesta muchísimo en la actualidad poder creer en las palabras que nos expresa el Código Procesal Penal”, indicó el abogado.

“Hay una brecha entre las garantías formales y la realidad del sistema de justicia del país”, apuntó.

Para ejemplificarlo, destacó procesos emblemáticos como el del periodista Jose Rubén Zamora en el que un juez denunció públicamente haber sido objeto de coacciones y amenazas, evidenciando las presiones que enfrentan los administradores de justicia en casos políticamente sensibles. 

Por una orden de la Sala Tercera de Apelaciones, el juez suplente del juzgado segundo de instancia penal, Erick García, se vio forzado a anular el arresto domiciliario que había otorgado al periodista Jose Rubén Zamora. García también denunció amenazas por sus resoluciones en este caso. Foto: Esbin García | Prensa Libre

Si bien se han dado avances en el proceso penal guatemalteco desde los “jueces sin rostro” en la época de las dictaduras militares hasta las reformas de 1993 y 2011, cuando se ampliaron los derechos de las víctimas y las personas acusadas, aún hay un camino largo que recorrer para consolidar un sistema más garantista.

“Persisten importantes desafíos para lograr que los principios que rigen nuestro proceso penal no queden en meras declaraciones y se conviertan en realidades efectivas en la administración de justicia guatemalteca”, concluyó el penalista. 

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