Imagen: Ciclos CAP

Esencias de nuestro sistema político

a Cooptación del Estado y las Redes Político- Económicas Ilícitas (RPEI). La tercera sesión del III Ciclo de Actualización para Periodistas (CAP) tuvo como expositor al jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público, Juan Francisco Sandoval. 

Redacción CAP

La historia comienza más o menos así: Imagina un pequeño pueblo, las familias de élite que habitan ahí, las empresas pujantes, los políticos, los negocios con el Estado. Cada cierto tiempo, como un cacique que emerge de las redes entre empresas y familias, aparece un candidato a alcalde, siempre de la mano de un partido político. Entonces, de cara a un proceso electoral, todos confluyen para contribuir al financiamiento de la campaña política. Se asumen compromisos. Y al llegar al poder, el nuevo alcalde se debe sobre todo a sus financistas y no tanto a la población que lo eligió.

“Así se construye una red, un entramado de personas unidas bajo un solo objetivo: controlar las instituciones del Estado para ganancias particulares y el beneficio propio”, dice Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público en Guatemala.

Sandoval, como expositor de la tercera sesión del III Ciclo de Actualización para Periodistas (CAP), organizado por la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Fundación DESC y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), con el apoyo de la Fundación Open Society, describe la forma en que ha funcionado históricamente la cooptación  del aparato gubernamental en el país.

“El Sistema Político de Guatemala tiene su origen en este modo de operar que se conoce como Redes Políticas Económicas Ilícitas (RPEI). De ahí deviene el término”, explica el fiscal. 

Estas RPEI, por su entramado histórico, incluso se pueden considerar como un fenómeno social. Una modalidad que ocurre en la mayor parte de los territorios de Guatemala. Y se ha convertido casi en la única forma de articular la política local con la política nacional.

Un alcalde o un diputado distrital, que funcionan como caciques de un determinado partido político y que trabajan en red con sus financistas mediante negocios para buscar el control político y económico de diversas instituciones del Estado. Una mafia que logra cooptar el poder por la vía de las urnas.

El Sistema Político de Guatemala tiene su origen en este modo de operar que se conoce como Redes Políticas Económicas Ilícitas (RPEI).

Las RPEI, explica Sandoval a los periodistas del CAP, son  microsistemas sociales conformados por individuos en un contexto sociohistórico que se organizan y cooperan en la realización de tareas, algunas ilícitas y otras lícitas, pero que compiten por el sostenimiento de ventajas económicas y políticas desde el Estado. “Es un fenómeno social, sí, pero también es un fenómeno criminal”, enfatiza el fiscal.

El financiamiento de un partido político es la clave para entender cómo operan las RPEI. En los aportes económicos a las campañas electorales se ocultan los verdaderos intereses y los compromisos de la mayoría de los políticos. Una oscura cadena de favores.  

A los periodistas del CAP, se les explica las tres formas que utilizan los partidos políticos para el manejo de recursos de campaña: el financiamiento privado, los aportes no reportados, y los capitales que retornan tras el triunfo electoral.

En cada una de estas formas del uso de capitales, las RPEI son relevantes ya que se convierten en la estructura fundamental que mantiene el funcionamiento de la cooptación del Estado.

En esta sesión del CAP queda claro para los periodistas que Guatemala se encuentra en una encrucijada. “Hay una herida abierta en las RPEI luego de las investigaciones judiciales de 2015. Y por lo tanto, hay reacomodos”, señala el jefe de la FECI. La sociedad, en consecuencia, se encuentra entre dos posibilidades: dar marcha atrás, o bien mantener los logros alcanzados y continuar la desarticulación de las redes que han mantenido capturado al Estado durante las últimas décadas.

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