Fotos: Prensa Libre, Ministerio Público

Elecciones de segundo grado en Guatemala: un péndulo que no termina de definirse

Guatemala vive una coincidencia institucional sin precedentes: en solo ocho meses, entre enero y agosto de 2026, se renovarán simultáneamente cuatro órganos clave de control democrático: el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas.

Redacción CAP

En la primera sesión del Ciclo de Actualización para Periodistas (CAP) sobre Democracia y Derechos Humanos en Guatemala, el analista político, Eduardo Núñez, analizó los factores, oportunidades y escenarios que marcarán las renovaciones de las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Corte de Constitucionalidad (CC), el Ministerio Público (MP) y la Contraloría General de Cuentas (CGC) y explicó por qué esta coyuntura es fundamental para el futuro institucional del país.

Detrás de estas designaciones hay mucho más que listas de nombres y fechas de vencimiento. Para el analista, esta renovación evidencia una disputa de poder: “La polarización que marca a estos procesos no es ideológica, sino es una polarización en torno a visiones e intereses sobre quién tiene capacidad para ejercer hegemonía”, explicó.

La disputa es entre dos coaliciones, una que procura la restauración del orden político previo a la llegada de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la otra que busca la recuperación de la agenda anticorrupción. “Es en el fondo una contienda entre elites con agendas e intereses particulares”, enfatizó.

Ninguna de las dos coaliciones tiene poder suficiente para imponer plenamente su proyecto, señaló el expositor. “Estamos en una situación de transición. No hay condiciones para que se restablezca el orden precedente durante el periodo de la CICIG, pero tampoco es posible restablecer el orden previo a la llegada de la CICIG”, indicó.

Esta dinámica se explica, según el politólogo, por los resultados electorales del 2023. Núñez subrayó que en esas elecciones la gente votó mayoritariamente por un cambio político encarnado en la elección presidencial, pero que ese mandato no estuvo acompañado por una votación igualmente fuerte en el Congreso ni en el ámbito municipal.

Esto se tradujo en que ninguno de los dos grupos puede impulsar plenamente sus agendas. “Lo que hay es un gobierno de transición, por lo que la pregunta no es en qué dirección se moverá el péndulo, sino hacia dónde se dirigirá la transición”, afirmó.

La elección de las magistraturas titular y suplente a la Corte de Constitucionalidad por el Organismo Legislativo, evidenció una fractura al interior del Congreso que provocó enfrentamientos durante la sesión en la que se realizó la votación. Foto: eP Investiga

Oportunidades y riesgos

Frente a la inusual coincidencia que supone la simultaneidad de estos procesos, Núñez planteó que si los actores guatemaltecos consiguen un acuerdo político de mínimos, esta renovación abriría tres ventanas de oportunidad: i) construir instituciones inclusivas que no criminalicen las diferencias políticas; ii) recuperar el criterio de competencias profesionales por encima de afinidades ideológicas en la integración de estos órganos; y iii) que las nuevas instituciones aporten certeza a los próximos procesos electorales.

Sin embargo, esas oportunidades conviven con riesgos latentes que ya se están haciendo presentes.  Además de los retrasos en los plazos constitucionales, Eduardo Núñez remarcó que existe el peligro de que los mejores perfiles se queden fuera de los listados finales para dirigir estas instituciones.

La consolidación de perfiles no idóneos en los puestos de dirección de estos órganos podría traducirse, también, en la excesiva judicialización de los procesos y en la criminalización a candidatos que se postulen en el proceso de elección popular del próximo año. “Guatemala tiene una larga tradición de judicializar lo que normalmente tendría que resolverse por la vía del diálogo y la negociación política”, sentenció. 

Presentación de Eduardo Núñez en Ciclos CAP

A partir de este mapa, Núñez delineó cuatro escenarios posibles. El primero sería la continuidad restauradora en la que la coalición que ha ejercido mayor influencia sobre el sistema de justicia conserva su poder. “No en cuanto a nombres, que los nombres van a cambiar, sino en cuanto a los actores que ejercen mayor influencia sobre las personas que integran los órganos”, explicó el analista. 

El segundo es un giro pendular pro-reforma en el que ganan los actores afines a la agenda anticorrupción del periodo CICIG. El tercero, y el que según el analista sería el más probable, es una institucionalidad híbrida de transición: órganos que ya no responden orgánicamente a ninguno de los dos enfoques, donde se da “una suerte de empate político, de empate técnico” y la composición se mueve hacia el centro con representación de ambas coaliciones. 

Y el cuarto, el más ambicioso, es un acuerdo de mínimos en el que las dos visiones confluyen para “establecer una agenda de reforma y modernización institucional en una lógica del interés compartido”, explicó. Un acuerdo en estos términos sería esencial para fortalecer y expandir la democracia guatemalteca, concluyó el expositor.

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