Foto: Prensa Libre

¿Qué nos jugamos con la elección de autoridades del TSE?

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala atraviesa la que podría ser la crisis más severa de su historia. El éxito del proceso de selección de magistradas y magistrados -que se realizará en los primeros meses del próximo año- así como el de las elecciones generales del 2027 dependerá de la capacidad de diferentes actores de llegar a acuerdos políticos que garanticen respeto a la democracia en Guatemala.

Redacción CAP

En la penúltima sesión del Ciclo de Actualización para Periodistas (CAP) sobre Justicia y Lucha contra la Impunidad, el politólogo y especialista en temas electorales, Eduardo Núñez Vargas, analizó la situación por la que atraviesa el TSE y los retos que enfrenta en el actual contexto político guatemalteco. El experto señaló como un elemento central de la transición democrática guatemalteca, la creación de esta entidad para organizar y legitimar los procesos electorales. 

A diferencia de otros países de la región, “Guatemala se decantó por un modelo de un tribunal no partidista, razonablemente autónomo y, sin lugar a dudas, equidistante de las distintas fuerzas en contienda”, explicó Núñez, quien añadió que este diseño incluyó a las comisiones de postulación como mecanismo de intermediación para reducir la influencia política directa del Congreso en la elección de las magistraturas.

Aunque en un inicio este órgano electoral únicamente se dedicó a organizar las elecciones en el país, diferentes reformas le han ido otorgando funciones secundarias. “A partir de los primeros años del siglo XXI, además de la administración electoral, el TSE también se encarga de la impartición de justicia electoral, la regulación y fiscalización de los partidos políticos y la administración de los tiempos de campaña en medios de comunicación”, señaló el politólogo.

“Desde su creación, el TSE desarrolló una notable capacidad de garantizar que los resultados fueran recibidos y aceptados por los contendientes”, dijo Núñez. Aunque agregó que esta capacidad se ha visto “deteriorada” en los últimos años.

El Pleno de magistrados del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala anuncia los resultados preliminares del proceso electoral guatemalteco en 2023. Foto: Guatemala Visible

Para el analista, este deterioro se explica por una serie de factores, tanto coyunturales como de carácter más estructural. “Aunque en el diseño se le asignó un rango superior y se dice que el TSE no está supeditado a organismo alguno del Estado, todas las decisiones de este tribunal son impugnables frente a la Corte Suprema y la Corte de Constitucionalidad”. 

Por otro lado, y aunque el TSE cuenta con un marco normativo muy robusto en materia electoral, éste “está atravesado y penetrado por relaciones de poder real que existen en el país. Estas relaciones incluyen las redes político-económicas de carácter ilícito que tienen presencia tanto nacional como territorial y que han demostrado tener capacidad para influir en el proceso electoral” señaló Núñez.

A estos dos factores de carácter estructural, el especialista agregó los errores y las fallas técnicas que han marcado los últimos procesos electorales y la extrema judicialización del proceso electoral que ocurrió en las elecciones del 2023.

Núñez recordó el llamado “error 21” ocurrido durante las elecciones del 2019, cuando el software de asignación de votos presentó problemas que generaron dudas sobre los resultados preliminares y las controversias sobre la contratación del sistema informático de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), lo que llevó a 14 partidos políticos a cuestionar la validez de los resultados y solicitar la intervención de los órganos jurisdiccionales.

Tras el resultado electoral en las elecciones generales de 2023, representantes de algunos partidos políticos cuestionaron la validez de las actas electorales y exigieron que volvieran a contarse los votos en algunas jurisdicciones del país. Foto: Edwin Bercián

En Guatemala, la judicialización de las elecciones es un fenómeno que va más allá del uso legítimo de recursos de impugnación para convertirse en una herramienta de interferencia política, continuó Núñez.

Durante las elecciones del 2023, esta interferencia alcanzó niveles extremos cuando el MP pidió al TSE la inhabilitación de algunas candidaturas e, incluso, secuestró las cajas que contenían las actas de votación luego de la segunda vuelta electoral. La Fiscalía también inició una investigación penal y acusó a 4 de los magistrados titulares del ente electoral, quienes aún enfrentan un proceso judicial.

Todos estos factores han contribuido a una desintegración del Pleno de magistrados y a una paulatina pérdida de confianza, tanto en el trabajo del TSE como en la garantía de los resultados electorales. Para Eduardo Núñez esta situación se vuelve crítica tomando en cuenta el corto tiempo que se tiene para organizar el proceso electoral de 2027.

Presentación de Eduardo Núñez “TSE: una elección determinante” en Ciclos CAP

El experto enfatizó que las elecciones de segundo grado como la del próximo Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, la nueva Corte de Constitucionalidad y el Contralor General de Cuentas, tendrán una importancia “extraordinaria” para la certeza e integridad de las elecciones del 2027, advirtiendo que estas instituciones, junto al Tribunal Supremo Electoral, juegan un rol central en el ecosistema institucional que define y organiza los procesos electorales en Guatemala.

Núñez concluyó planteando dos escenarios: “El primero, el deseable, requiere un acuerdo temprano no solo dentro del TSE sino a nivel del sistema de partidos políticos para generar un entorno que permita al Tribunal realizar su trabajo con el menor grado de interferencia posible”, indicó.

“El segundo, es que se espere hasta la elección de la nueva magistratura del Tribunal lo que se traduciría en una fuerte presión hacia los integrantes del nuevo TSE y (se tenga) un plazo muy corto para organizar el proceso electoral”. 

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