La defensa de la tierra y el territorio es también defender los Derechos Humanos

Defender Derechos Humanos en #Centroamérica es un riesgo, a pesar de que la comunidad internacional reconoce esta lucha como legítima. En Guatemala, El Salvador y Honduras las personas defensoras sufren amenazas, hostigamiento e inseguridad como consecuencia de su labor, pero hay mecanismos para proteger a quienes defienden sus tierras y sus territorios.

Redacción CAP

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En algunos Estados, el territorio –urbano y rural- es una zona en disputa. Su distribución es excluyente. En realidad, las minorías de poder son las que deciden sobre la tierra y el uso de los recursos.

“Cuando las comunidades defienden un territorio, defienden los derechos de propiedad, de consulta, de libertad de expresión, de libre determinación y del medio ambiente sano. Defienden los derechos de todos los habitantes”, explicó el jurista especializado en Derechos Humanos, Ramón Cadena, a las y los periodistas del Ciclo de Actualización en temas de emergencias climáticas y crisis sanitaria.

La fundación injusta de los Estados

Estos desequilibrios sobre la propiedad tienen un origen en la manera en que fueron construidos los Estados. El análisis de Cadena, también director para Centroamérica de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), se centró en Guatemala, Honduras y El Salvador. ¿Por qué un Estado no se ha organizado para proteger a todas y todos sus habitantes? ¿Por qué hay poblaciones excluidas? Y sobre todo: ¿Por qué se vuelve histórico el reclamo constante de derechos por parte de personas defensoras, activistas y de los movimientos sociales?

Cadena indicó que los tres países centroamericanos fundacionalmente han sido concebidos desde una lógica colonial, “donde se protegen los derechos de las minorías con poder económico, político o militar”. Y en años recientes, a partir de la década de los ochenta y noventa, han adoptado una perspectiva neoliberal que, en esencia, contempla la misma lógica a favor de los poderosos.

“El Estado debe organizarse en función de la gente que lo habita. Desde una visión de Estado social de Derecho. Procurando el bien común. Pero el bien común se tergiversa ante estas circunstancias estructurales y es utilizado como argumento por los sectores conservadores en defensa de sus intereses”, dijo Cadena.

Si se profundiza en la forma en que se administran los territorios, los Estados de Guatemala, Honduras y El Salvador, conciben los recursos y los bienes naturales como propiedad del Estado y no de la población. “Constitucionalmente en Centroamérica se arroga a los políticos el control de los territorios. Constitucionalmente nunca se define el bien común”, indicó Cadena.

En consecuencia, ríos, montañas, lagos, cuencas fluviales, bosques, todos los recursos naturales permanecen en constante peligro debido a las decisiones estatales de otorgar licencias de exploración, explotación y extracción de bienes. La protección de la tierra y de los territorios ha sido una lucha emprendida desde la población para defender sus recursos.

Cadena lo contextualizó así: “Durante los conflictos armados el territorio era un campo de batalla. En esa época los territorios estaban dominados por el escenario de la guerra. Sin embargo, con la construcción de la paz, el territorio adquiere otra connotación y no además de la defensa de las víctimas de la guerra, empiezan a defenderse los territorios y los bienes naturales”.

La configuración de las resistencias

A los desplazamientos forzados de personas que se dieron durante las guerras, ahora hay que sumarle nuevos desplazamientos debido a los desalojos de comunidades indígenas y rurales. Uno de los problemas radica en que las constituciones políticas, como recalcó el jurista, no toman en cuenta los derechos de las comunidades ni de los pueblos sobre sus territorios.

Por ello, las resistencias sociales y el reclamo de derechos de diversos sectores ha sido algo constante en los países de Centroamérica. Jurídicamente, explicó Cadena, cualquier intento de defensa de derechos tiene un respaldo constitucional.

“Los movimientos de resistencia siguen vigentes en nuestros tres países. En  Guatemala se reconoce como legítima la resistencia del pueblo para la protección y la defensa de los derechos consignados en la Constitución. En El Salvador, la Constitución reconoce el derecho a la insurrección cuando se altera el orden constitucional o por graves violaciones a los derechos de la población. En Honduras también se tipifica el derecho a la insurrección para defender el orden constitucional y se establece ese derecho para defenderse de graves violaciones a los Derechos Humanos”, sintetizó Ramón Cadena.

En ese contexto, las comunidades y los pueblos se articulan para defender sus derechos y para hacer frente al despojo de tierras, a la instalación de megaproyectos que contaminan el agua y el ambiente, o a la destrucción de la naturaleza. Y utilizan también las herramientas jurídicas para cuestionar la privatización de los recursos naturales y defender los derechos esenciales.

Sin embargo, en la medida en que se fortalecen los movimientos sociales y ciudadanos de resistencia, aumenta la criminalización y los ataques en su contra.

En Honduras asesinaron a Berta Cáceres, líder de la comunidad Lenca, al enfrentar a uno de los empresarios más poderosos y oponerse a la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca con el fin de proteger al Río Gualarque. En Guatemala, se ha instrumentalizado el poder de la fuerza pública para reprimir a comunidades que cuestionan la instalación de proyectos mineros, hidroeléctricas o el desvío de ríos que alimentan el monocultivo de bananos o palma africana. En el Salvador hay comunidades organizadas que resisten contra empresas mineras que contaminan sus fuentes de agua.

Defender a quienes defienden

Ante la represión del Estado y de actores no estatales, Cadena recalcó que es importante tomar en cuenta el Derecho Internacional. “Un relevante mecanismo para defender a quienes defienden los territorios”, señaló.

Convenios, tratados internacionales, sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la carta de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), firmada en los años cincuenta, han adquirido cada vez más relevancia para la protección de los derechos fundamentales de las poblaciones que cuestionan los abusos de poder. 

El análisis jurídico actual, incluso desde sentencias de tribunales constitucionales locales, establece que los tratados de Derechos Humanos tienen la misma o mayor importancia que las propias constituciones políticas de los países, señaló el director de la CIJ para Centroamérica a las y los periodistas participantes en el CAP.

Cadena dijo: “Hoy día está aceptado que el derecho internacional tiene igual jerarquía que el derecho interno. Tienen la misma jerarquía que las Constituciones. Eso es también porque los tribunales constitucionales en sus resoluciones, y los convenios internacionales reconocen los derechos legítimos de defensa de la tierra y el territorio”.

En tanto las constituciones políticas de países como Guatemala, El Salvador y Honduras se han quedado rezagadas bajo conceptos y cánones coloniales, la comunidad internacional avanza progresivamente en el reconocimiento de nuevos derechos. Derechos para la autodeterminación de los pueblos originarios, derechos de los colectivos LGBTI y derechos para quienes defienden Derechos Humanos, entre ellos la tierra y el territorio.

“Existe un estatuto especial para las personas que defienden derechos humanos”, explicó Cadena. “Hay una declaración especial para la protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos. El estatuto establece que las y los defensores contribuyen a la eliminación efectiva de violaciones de los derechos humanos”, señaló.

Este marco legal se utiliza para proteger a las y los defensores, a las comunidades y a quienes integran movimientos sociales al momento de ser criminalizados. “La comunidad internacional reconoce que la defensa de derechos humanos es legítima. Sin embargo, en Centroamérica las personas defensoras sufren amenazas, hostigamiento e inseguridad como consecuencia de su labor”, dijo Cadena, que como experto en derecho internacional, también recalcó que los Estados deben atender las peticiones de la comunidad internacional y adaptar sus marcos constitucionales en función de la protección de los Derechos Humanos.