Ilustración: Erick Retana | Plaza Pública

Centroamérica: la justicia cooptada

En las democracias, la justicia juega un rol de convivencia que contribuye a que una sociedad pueda resolver sus conflictos de una manera pacífica.

Redacción CAP

Para Leonor Arteaga, abogada especialista en Derechos Humanos de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), contar con una justicia independiente es clave en el desarrollo democrático de los países. 

“La justicia debe ser el pilar rector para las funcionarias y funcionarios públicos, pero también para la ciudadanía. El rol que tienen jueces y juezas no solo es aplicar la ley de manera ciega, sino también se espera que interpreten los principios, los valores y los derechos que tienen las personas. Deben estar inmersos en la realidad social”, destacó.

En la novena sesión de los Ciclos CAP sobre Democracia en Centroamérica, la jurista resaltó el rol que tiene la justicia como un mecanismo de convivencia social. Con sus sentencias, en materia penal por ejemplo, las y los jueces “proveen justicia, ya sea castigando o absolviendo; pero además controlan la legalidad de las acciones de los funcionarios protegiendo a la sociedad del abuso del poder estatal”, explicó la abogada.

Ilustración: Cemile Bingol | iStock

La independencia judicial y su importancia

La independencia judicial tiene dos dimensiones. Una hacia dentro del Poder Judicial y otra hacia fuera, en relación con otros poderes del Estado. 

La primera de éstas es conocida como “independencia funcional” y consiste en el conjunto de condiciones o garantías que se reconocen a los operadores de justicia -jueces, magistrados y  magistradas y fiscales- para que puedan ejercer sus funciones. Por ejemplo, que exista garantía de un proceso transparente y adecuado para sus nombramientos.

“Cuando un juez o jueza decide sobre un caso debería responder solo a la ley, a las víctimas, a los estándares internacionales y no debería ser presionado por superiores jerárquicos, por ejemplo”, dijo Arteaga.

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El segundo tipo es conocido como “independencia institucional” y se trata de la facultad de la justicia frente a otros poderes públicos, “quiere decir que la justicia como institución no debe responder a los intereses o presiones de los congresos, de la Presidencia o de otras entidades públicas”, acotó la especialista.  

En este sentido y para garantizar independencia judicial, Artega resaltó la importancia de prestar atención a los procesos de nombramiento de operadores de justicia, en particular la elección de las altas cortes. 

“Aunque no hay un sistema perfecto de nombramiento, en general se buscan tres propósitos: que lleguen las y los mejores por méritos y en la práctica; que se asegure la independencia de las cortes frente al poder político; y evitar el corporativismo judicial, es decir, que no respondan únicamente a intereses gremiales de los funcionarios del Organismo Judicial”, señaló la jurista.

El ataque a la justicia en cuatro actos

Arteaga también explicó la importancia que tiene para la ciudadanía contar con un sistema de justicia independiente. Por una parte, dijo, es un mecanismo de control contra los excesos del poder y, por otra, contribuye a reducir las injusticias y violaciones a los derechos humanos en contra de la población. “La defensa de la independencia judicial debe ser un componente principal de la defensa de la democracia”, afirmó.

Debido a la importancia del sistema de justicia para garantizar que se cumpla la ley o se promueva la impunidad, los sectores de poder buscan controlarlo. Estas son las principales formas en las que Arteaga caracterizó la cooptación de la justicia en los países de Centroamérica: 

  • Desde el poder estatal y las élites se busca incidir en las elecciones de funcionarios del sector justicia, restringiendo el acceso a la información pública y promoviendo el tráfico de influencias y la opacidad en los procesos.
  • Criminalizando el trabajo de las y los operadores de justicia independientes a través de leyes especiales o del uso indebido del derecho penal, bajo la excusa de combatir al lavado de dinero y al terrorismo.
  • Utilizando arbitrariamente el sistema de justicia para “resolver” cualquier medida que los regímenes necesiten, bajo la amenaza de represalias a los funcionarios que no se plieguen a esas decisiones.
  • Construyendo un discurso de odio hacia operadores de justicia y defensores de derechos humanos en donde la única representatividad del “pueblo” la tiene el gobierno. En esta narrativa, las y los jueces y fiscales que limiten el poder gubernamental o se opongan a su uso arbitrario, son calificados como “enemigos”. 

Arteaga finalizó su exposición explicando cómo las investigaciones de redes criminales en Centroamérica demuestran que llevan a cabo acciones para procurarse impunidad. “Esto constituye un riesgo para la democracia, ya que el sistema de justicia debe ser una garantía para la sociedad frente al delito y los abusos de poder”, concluyó.

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