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Centroamérica: Derechos y libertades en riesgo

La concentración del poder político en pocas manos y las limitaciones a la libertad de expresión amenazan la democracia en la región

Redacción CAP

Desde la visión de las restricciones ciudadanas, los gobiernos de Centroamérica presentan tres perfiles: regímenes democráticos, incapaces de resolver los problemas sociales más apremiantes de la población; gobiernos autoritarios que aprovechan la falta de soluciones a estas demandas para obtener y concentrar el poder político; y dictaduras “puras y duras”. 

Así caracterizó Juan Pappier, director asociado de la organización de promoción de los derechos humanos Human Rights Watch, el actual contexto centroamericano. 

“Existen gobiernos que tienen poca disposición o poca capacidad de solucionar los problemas centrales de las democracias”, dijo al iniciar su exposición en la tercera sesión del Ciclo de Actualización para Periodistas (CAP) sobre Democracia en Centroamérica. 

Demandas sociales como el aumento de la pobreza, la desigualdad, la inseguridad o la corrupción no obtienen respuesta, pese a que dichos gobiernos accedieron al poder por la vía democrática, explicó.

Pappier también identifica regímenes que utilizan “estas debilidades estructurales de las democracias (…) para generar proyectos políticos populistas de corte autoritario, a través de los cuales corrompen las instituciones del Estado y progresivamente acumulan todo el poder político”.

Asamblea Legislativa de El Salvador durante la intervención de elementos del Ejército en febrero de 2020. Foto: Contracorriente/VOA

Un “zoom” a la región

El caso más extremo de violaciones a los derechos humanos y cierre de los espacios cívicos en Centroamérica se da en Nicaragua, señaló Pappier. “Se trata de una familia que controla todo el poder político en el país y que ha logrado eso a través de un proceso progresivo de desmantelamiento del Estado de Derecho, a partir del comienzo de la segunda etapa de gobierno de  Daniel Ortega”, explicó. 

En este proceso de deterioro democrático en Nicaragua, identificó tres hitos: la cooptación de la Corte Suprema de Justicia, que permitió al gobierno modificar la ley para obtener la reelección indefinida; la represión a las protestas sociales de 2018 que dejó alrededor de 300 muertos y más de 2 mil heridos; y, finalmente, las elecciones del año 2021, “sin ninguna garantía de transparencia”.

Ciudadano nicaragüense en el exilio protestando contra el fraude electoral en los comicios municipales de Nicaragua. Foto: Divergentes

Respecto al panorama guatemalteco, el jurista afirmó que se trata de un régimen difícil de clasificar. Aunque lo califica como “autoritario”, señala que no se le puede catalogar como “populista”, ya que no cuenta con una base social o popular. 

Guatemala representa el caso de “un proyecto político basado en una alianza entre distintos sectores: parte del sector político, parte del sector militar y parte del sector empresarial con el único objetivo de lograr la impunidad y desmantelar los esfuerzos por la justicia”, dijo Pappier. Una alianza que, de cualquier forma, se puede reconfigurar a partir de sus disputas alrededor de las elecciones generales del 2023.

El juez Miguel Ángel Gálvez, quien recientemente salió al exilio, durante una audiencia del megacaso de corrupción Cooptación del Estado con más de 50 acusados. Foto: Edwin Bercián/No-Ficción

Por su parte, El Salvador, según el jurista argentino, ejemplifica “el caso típico de un líder autoritario que utiliza su popularidad para concentrar el poder político para desmantelar el Estado de Derecho”. La falta de respuesta (de gobiernos anteriores) a carencias como la pobreza, la desigualdad, la inseguridad y la corrupción ayudaron en ese país a consolidar su poder, señaló. 

Por último, respecto a Honduras, el abogado y activista de derechos humanos, destacó que “la prueba de fuego” para  el nuevo gobierno al frente del país será la elección de jueces y magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Un proceso tradicionalmente politizado y “que se da en un contexto de la infiltración del crimen organizado y el narcotráfico en las instituciones del Estado”, sostuvo.

Protesta de opositores al gobierno de Juan Orlando Hernández durante la conmemoración del bicentenario de la independencia en septiembre de 2021. Foto: Contracorriente

Ataques a la libertad de expresión

En este marco de cierre de espacios cívicos, los medios de comunicación y periodistas independientes suelen ser el primer frente de ataque de los gobiernos autoritarios, comentó Pappier. Entre las estrategias que emplean estos regímenes para acallar las voces disidentes se encuentran: 

Restringir el acceso a fuentes de información pública para obstaculizar la labor de las y los periodistas en el traslado de información relevante para la toma de decisiones de la ciudadanía. 

Atacar la credibilidad de medios y periodistas para que la población deje de confiar en sus publicaciones. En esta línea, según el experto, se promueve la difusión de desinformación y el hostigamiento en redes sociales.

Y finalmente, la práctica cada vez más extendida en la región de hacer uso del “megáfono oficialista”, un mecanismo propio de los gobiernos autoritarios que al mismo tiempo que controlan la narrativa, buscan restringir el acceso de la sociedad a información de interés público.

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