Imagen: David Toro | EFE

Guatemala 2024: análisis tras un convulso proceso electoral

Bernardo Arévalo De León asumió el gobierno en el medio de una marcada crisis política caracterizada por una continua pérdida de capacidad de las instituciones democráticas para dar respuesta a las necesidades de la población y una pronunciada polarización, elementos que presentan un enorme desafío para la construcción de gobernabilidad.

Redacción CAP

El contexto político guatemalteco está marcado por una serie de elementos que implican una continua pérdida de densidad y capacidad de las instituciones democráticas del país para dar respuesta a las necesidades urgentes de la población, dijo el politólogo y analista, Eduardo Núñez, al iniciar su exposición en la primera sesión de capacitación del Ciclo de Actualización para Periodistas (CAP) sobre Democracia en Guatemala.

El primero de estos elementos tiene que ver con los alcances y la efectividad institucional con los que la democracia guatemalteca nació o renació a mediados de la década de los 80, dijo Núñez. “A pesar que Guatemala ha cumplido de manera notable con la realización de elecciones libres y competitivas para garantizar la alternancia en el poder, el sistema institucional democrático guatemalteco no ha tenido la capacidad de impulsar reformas robustas que permitan a estas instituciones adaptarse a las necesidades del país”, señaló.

Aunque entre 2014 y 2015 existió un espacio prolifero de diálogo político, este fue insuficiente a la hora de traducirse en reformas institucionales sólidas que habrían permitido mejorar la prestación de servicios básicos y la formulación y gestión de políticas públicas, sostuvo el politólogo costarricense.

Un segundo elemento, puntualizó Núñez, es la presencia de una pronunciada polarización política a partir de la instalación de dos grandes relatos antagónicos: “uno que sostiene que existe una profunda cooptación del Estado guatemalteco por estructuras de poder ilícitas que limita la calidad de los servicios y las políticas públicas, privatizando los beneficios de desarrollo en función de esos grupos ilícitos; y otro que enfatiza que en Guatemala se instaló una suerte de intervención internacional auspiciada por grupos de izquierda que utilizaron la justicia para perseguir a actores ideológicamente adversos por lo que fue necesario ‘recuperar’ las instituciones desde los ‘valores tradicionales’ de la sociedad guatemalteca”.

A decir del analista, estos relatos solo dialogan hacia dentro de sí mismos “desarrollando lógicas de cancelación del pensamiento distinto y reproduciendo la lógica de la guerra donde no hay adversarios con los que se entabla un dialogo político, sino enemigos a los que hay que eliminar o cancelar”.

Para Núñez, estos dos elementos permiten explicar en buena medida las últimas tres elecciones en el país y las coordenadas en las cuales el gobierno de Bernardo Arévalo y el nuevo Congreso van a tener que construir los acuerdos fundamentales para dotar al país de un marco de gobernabilidad efectiva.

Imagen: Prensa Comunitaria

El Congreso de la República: nuevas alianzas en el hemiciclo

En el Congreso de Guatemala coexisten un sistema nacional de partidos muy fragmentado e inestable con estructuras de poder territorial notablemente sólidas, sostuvo Eduardo Núñez. “Eso explica que pueda cambiar la composición formal del Congreso (número de partidos representados) pero mantenerse las mismas alianzas o los mismos patrones de conducta”, complementó.

En la legislatura actual se esperaba que la oposición tuviera un tamaño inicial  de 74 diputados a los cuales, si se mantenía la alianza del Congreso anterior, podían adherirse 42 legisladores. Y la bancada de 23 diputados electos por el Movimiento Semilla podía ensancharse hasta 44.

Sin embargo, los números variaron y el partido oficial ahora cuenta con más aliados, explicó el expositor: “El elemento clave a entender es qué fue lo que ocurrió para que estos grupos que pertenecían al antiguo ecosistema de la alianza anterior se aliaran con el nuevo ejecutivo. ¿Significa que estos diputados se volvieron demócratas o que ahora están comprometidos con una agenda de reforma y de modernización del Estado de Guatemala?”, planteó.

Para Núñez lo que explica esta alianza no es un renovado sentido democrático de las y los diputados del Congreso guatemalteco, sino un cambio en la administración de los incentivos a los que estos diputados buscan tener acceso. “Dependiendo de la capacidad del oficialismo de administrar estos incentivos, de una manera políticamente permitida, la nueva alianza oficialista estará integrada por 93 diputados y podría llegar hasta los 117”, remarcó.

Por otro lado existe un eje de oposición, aunque no es todavía un bloque articulado, integrado por los partidos Valor, Unionismo, Vamos y Todos. “A pesar de esto, si en algún momento la administración de los incentivos por parte de Semilla no es suficientemente clara, este bloque podría llegar hasta 137 diputados”, afirmó el experto.

En opinión de Núñez, la alianza actual en la X Legislatura será elástica, es decir, que se ampliará para determinados temas y se encogerá en otros. “La alianza del nuevo Congreso supone un reto para la nueva administración del presidente Arévalo y dependerá en gran medida de la habilidad del oficialismo en administrar los incentivos, principalmente a la hora de definir las prioridades de inversión, y en cómo se estructuran los ejes en los que girará  la agenda legislativa”, apuntó.

Imagen: Congreso de la República

Los retos de la nueva administración: gobernabilidad y efectividad

Para Eduardo Núñez hay dos grandes desafíos a los que se enfrenta el gobierno del presidente Arévalo. El primero es la capacidad del Ejecutivo para construir un andamiaje que le permita avanzar en su agenda y, por otro lado, su capacidad de gobernar, diseñar, gestionar y entregar bienes y servicios a la población.

“El presidente se enfrenta al reto de manejar las tensiones entre diferentes actores para construir consensos que le den un margen de gobernabilidad. Esto pasa por mediar entre las élites tradicionales con poder de veto y nuevos actores sociales que se convierten en nuevos sujetos sociales con poder real de movilización y que representan proyectos e intereses en abierta contradicción con los intereses y proyectos de las élites”, sostuvo el politólogo.

A esto se le suma un gabinete conformado por perfiles técnicos pero sin experiencia política, lo que implica “una curva de aprendizaje potencialmente compleja”, remarcó Núñez. A lo que se añade la necesidad de obtener logros tempranos para responder a las expectativas sociales que se han depositado en la nueva administración, indicó.

Finalmente, el politólogo explicó que la administración encabezada por Bernardo Arévalo enfrenta el desafío de construir un gobierno efectivo en materia de políticas y servicios públicos con una institucionalidad muy débil.

“En este aspecto, es clave que el gobierno pueda identificar áreas en donde pueda entregar resultados tempranos que le permitan compensar los costos sociales de algunas concesiones que tendría que hacer para lograr los consensos que le permitan gobernar”, sostuvo el expositor. “Esto demanda la selección de objetivos estratégicos y de ámbitos o cursos de políticas públicas en donde puedan darse resultados concretos de manera rápida”, señaló.

Para lograr esto, dijo Núñez, hay tres posibles caminos: el de la confrontación que implicaría encontrar mecanismos para destituir a la Fiscal General, impulsar reformas profundas al Estado y crear comisiones anticorrupción robustas, pidiendo apoyo a movimientos sociales y actores colectivos para que fuercen el avance de estos cambios; el de la paciencia, priorizando políticas públicas sin alterar de manera importante los órdenes económicos, buscando la coexistencia con la fiscal y la creación de consensos para reconfigurar algunos aspectos de la institucionalidad guatemalteca; y un último camino que sería el de considerarse como un gobierno de transición para sentar las bases de una agenda de reformas políticas institucionales de más largo plazo, reconociendo que actualmente no se cuentan con la correlación de fuerzas necesarias para afrontar reformas profundas al Estado, concluyó el expositor.

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