El sistema de Alerta funciona para denuncias. Solo en el 2016 fueron reportados 6 mil 611 menores desaparecidos por los más diversos motivos, y cada día son localizados diez. Pero hay un efecto no previsto en el sistema: el creciente número de niños rescatados que son abandonados, sea por imposibilidad de las familias o por falta de voluntad. El problema es que cada día crece la “presa” de menores “institucionalizados” en un Estado débil, lo cual, a todas luces, dicen los expertos, no es deseable.
Hasta antes del 2010, cuando en Guatemala desaparecía una niña, niño o adolescente, debía esperarse alrededor de dos días para lograr que las instituciones del Estado iniciaran las acciones de búsqueda. Fue hasta después del caso de Alba Michelle España Díaz, en 2007, y de Keneth Alexis López Agustín, en 2009, dos menores de 8 y 4 años respectivamente, quienes, al poco tiempo de haber sido raptados, aparecieron asesinados, que se encaminaron acciones a nivel social e institucional para cambiar la situación, procurando dar una respuesta efectiva a esos dramas.
Por la indignación y repudio que generaron esos hechos, se logró que el Congreso de la República aprobara el Decreto 128-2010, que dio vida al Sistema de Alerta Alba-Keneth. La abogada Roxana López, integrante del equipo de la Asociación La Alianza considera que esta norma “responde a los compromisos que el Estado asume cuando se vuelve parte de la Convención de los Derechos del Niño y empieza el cambio al nuevo sistema de protección de la niñez y la adolescencia, en donde el eje principal es el interés superior de la niñez”.
Por su parte, Carlos Alarcón, director de Cultura de Paz, de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (Odhag), considera que la Alerta es una respuesta inmediata por parte del Estado y recuerda que “antes se tenían que esperar 48 horas para que se iniciará la búsqueda del menor, lo que representaba un peligro para su vida y su integridad física”.
La Alerta Alba-Keneth posibilita la acción coordinada de distintas instituciones públicas en aras de agilizar y lograr la localización y resguardo de la niñez y adolescencia. En este sentido, cuando se activa la alarma, inmediatamente actúan la Policía Nacional Civil (PNC), la Procuraduría General de la Nación (PGN), la Dirección General de Migración, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio Público, la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, y la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República. Estas entidades, además, se apoyan en los diferentes medios de comunicación para difundir la información sobre cada caso.
Sin duda este es un mecanismo de alerta inmediata necesario en un país en el que, tan sólo en el 2016, se reportaron 6 mil 611 casos de niñas, niños y adolescentes desaparecidos, según datos de la oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH).
Los investigadores identifican varias razones asociadas a la desaparición de las y los menores de edad. Destacan el secuestro, sea por parte de desconocidos, de familiares o vecinos; la emigración voluntaria o inducida para la reunificación familiar en el exterior; la violencia intrafamiliar, de la cual muchas veces son víctimas directas, y las carencias materiales en el hogar que les obliga a buscar sus propias formas de manutención sin reportarlo a sus padres o encargados. Quiere decir que la desaparición no siempre es forzada; hay ocasiones en las que las y los niños huyen por cuenta propia de entornos hostiles que pueden poner en riesgo su integridad, o bien para sobrevivir.
Esos contextos complejos que enfrentan gran número de niños, niñas y adolescentes, constituyen, en sí mismos, obstáculos para orientar las hipótesis de ubicación, las acciones de rescate y, posteriormente, de resguardo, reubicación y protección sostenible.
Las cifras son alarmantes. Datos de la Alerta Alba-Keneth revelan que del 1 de enero al 15 de julio de 2017, se han generado 2 mil 982 alertas, de las cuales 885 aún siguen activas. Vale agregar que un promedio de 320 alertas acumuladas son desactivadas mensualmente. El mayor número de casos se refiere a niñas adolescentes de entre 13 y 15 años.
Ana Lucía Peláez, de la Defensoría de las Personas Víctimas de Trata de la PDH, resalta que “el número de menores que permanecen sin ser encontrados no es exacto, porque hay casos en los que la alerta no se desactiva, aunque el menor ya apareció”, y agrega que en los últimos cuatro años se han mantenido 6 mil alertas activas.
Las razones de esta desactualización son diversas. Según la entrevistada, influyen factores como que los expedientes se encuentran incompletos; las y los adolescentes salieron de sus hogares para vivir con una pareja sentimental; los juzgados no notifican las alertas; hay quienes cumplen la mayoría de edad durante el periodo de su desaparición y nunca se desactiva la Alerta; falta de coordinación entre las delegaciones departamentales y la oficina central en la capital, responsables de la búsqueda; la familia localiza al menor y no lo reporta a las autoridades.
Por otro lado, existen también casos en los que se encuentra a la persona y al momento de dar aviso es imposible localizar a un familiar, éste no responde al llamado de la localización o refiere no poder hacerse cargo de la niña, niño o adolescente.
