El sistema de Alerta Alba-Keneth pone en marcha de manera inmediata un conjunto de instituciones tras la pista de niños, niñas y adolescentes que son reportados como desaparecidos. El mecanismo es resultado del doloroso aprendizaje de tragedias ocurridas en 2007 y 2009, cuando la operación normalmente lenta del sistema de justicia no impidió el asesinato de dos niños secuestrados.
Evelyn de León, Andrea Carrillo, Sara Solórzano, Simón Antonio Ramón, Miguel Salay.
CAP 2016-2018
El sistema de Alerta funciona para denuncias. Solo en el 2016 fueron reportados 6 mil 611 menores desaparecidos por los más diversos motivos, y cada día son localizados diez. Pero hay un efecto no previsto en el sistema: el creciente número de niños rescatados que son abandonados, sea por imposibilidad de las familias o por falta de voluntad. El problema es que cada día crece la “presa” de menores “institucionalizados” en un Estado débil, lo cual, a todas luces, dicen los expertos, no es deseable.
Hasta antes del 2010, cuando en Guatemala desaparecía una niña, niño o adolescente, debía esperarse alrededor de dos días para lograr que las instituciones del Estado iniciaran las acciones de búsqueda. Fue hasta después del caso de Alba Michelle España Díaz, en 2007, y de Keneth Alexis López Agustín, en 2009, dos menores de 8 y 4 años respectivamente, quienes, al poco tiempo de haber sido raptados, aparecieron asesinados, que se encaminaron acciones a nivel social e institucional para cambiar la situación, procurando dar una respuesta efectiva a esos dramas.
Por la indignación y repudio que generaron esos hechos, se logró que el Congreso de la República aprobara el Decreto 128-2010, que dio vida al Sistema de Alerta Alba-Keneth. La abogada Roxana López, integrante del equipo de la Asociación La Alianza considera que esta norma “responde a los compromisos que el Estado asume cuando se vuelve parte de la Convención de los Derechos del Niño y empieza el cambio al nuevo sistema de protección de la niñez y la adolescencia, en donde el eje principal es el interés superior de la niñez”.
Por su parte, Carlos Alarcón, director de Cultura de Paz, de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (Odhag), considera que la Alerta es una respuesta inmediata por parte del Estado y recuerda que “antes se tenían que esperar 48 horas para que se iniciará la búsqueda del menor, lo que representaba un peligro para su vida y su integridad física”.
La Alerta Alba-Keneth posibilita la acción coordinada de distintas instituciones públicas en aras de agilizar y lograr la localización y resguardo de la niñez y adolescencia. En este sentido, cuando se activa la alarma, inmediatamente actúan la Policía Nacional Civil (PNC), la Procuraduría General de la Nación (PGN), la Dirección General de Migración, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio Público, la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, y la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República. Estas entidades, además, se apoyan en los diferentes medios de comunicación para difundir la información sobre cada caso.
Sin duda este es un mecanismo de alerta inmediata necesario en un país en el que, tan sólo en el 2016, se reportaron 6 mil 611 casos de niñas, niños y adolescentes desaparecidos, según datos de la oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH).
Los investigadores identifican varias razones asociadas a la desaparición de las y los menores de edad. Destacan el secuestro, sea por parte de desconocidos, de familiares o vecinos; la emigración voluntaria o inducida para la reunificación familiar en el exterior; la violencia intrafamiliar, de la cual muchas veces son víctimas directas, y las carencias materiales en el hogar que les obliga a buscar sus propias formas de manutención sin reportarlo a sus padres o encargados. Quiere decir que la desaparición no siempre es forzada; hay ocasiones en las que las y los niños huyen por cuenta propia de entornos hostiles que pueden poner en riesgo su integridad, o bien para sobrevivir.
Esos contextos complejos que enfrentan gran número de niños, niñas y adolescentes, constituyen, en sí mismos, obstáculos para orientar las hipótesis de ubicación, las acciones de rescate y, posteriormente, de resguardo, reubicación y protección sostenible.
Las cifras son alarmantes. Datos de la Alerta Alba-Keneth revelan que del 1 de enero al 15 de julio de 2017, se han generado 2 mil 982 alertas, de las cuales 885 aún siguen activas. Vale agregar que un promedio de 320 alertas acumuladas son desactivadas mensualmente. El mayor número de casos se refiere a niñas adolescentes de entre 13 y 15 años.
Ana Lucía Peláez, de la Defensoría de las Personas Víctimas de Trata de la PDH, resalta que “el número de menores que permanecen sin ser encontrados no es exacto, porque hay casos en los que la alerta no se desactiva, aunque el menor ya apareció”, y agrega que en los últimos cuatro años se han mantenido 6 mil alertas activas.
Las razones de esta desactualización son diversas. Según la entrevistada, influyen factores como que los expedientes se encuentran incompletos; las y los adolescentes salieron de sus hogares para vivir con una pareja sentimental; los juzgados no notifican las alertas; hay quienes cumplen la mayoría de edad durante el periodo de su desaparición y nunca se desactiva la Alerta; falta de coordinación entre las delegaciones departamentales y la oficina central en la capital, responsables de la búsqueda; la familia localiza al menor y no lo reporta a las autoridades.
Por otro lado, existen también casos en los que se encuentra a la persona y al momento de dar aviso es imposible localizar a un familiar, éste no responde al llamado de la localización o refiere no poder hacerse cargo de la niña, niño o adolescente.
Cuando no hay quien responda al llamado
Sofía* es una joven de 17 años reportada desaparecida, que fue encontrada en México con su hijo de un año, luego de que su conviviente activara la Alerta. Ella se fue de su casa materna a vivir en pareja con un joven, de quien se convirtió en víctima. Luego de soportar malos tratos y agresiones, decidió huir de su hogar, incluso del país.
Tras la activación de la Alerta las autoridades empezaron la búsqueda, y en julio de 2017 fue localizada junto a su hijo en el vecino país del norte, y ambos fueron llevados de regreso a Guatemala. Al ser entregada a las autoridades, éstas se comunicaron en reiteradas ocasiones con el padre de la joven, quien respondió que no quería saber nada de Sofía ni hacerse responsable de su condición, reprochándole haberle desobedecido.
Lo que sigue para esta madre adolescente, si no se logra que el padre responda y no se encuentra a algún otro familiar que asuma su tutoría, es que ella y su niño serán llevados ante un juez, quien le adjudicará a la PGN la competencia para que ambos menores sean institucionalizados. Esto quiere decir que serán ubicados en algún albergue que reúna las características para que Sofía y su pequeño puedan estar hasta que las condiciones cambien.
A decir de Suilma Cano, directora de la Alerta Alba-Keneth, estos casos son comunes, sobre todo en adolescentes. A la fecha se han registrado 17 casos de menores localizados, pero que “los padres no han querido hacerse responsables y (por eso) los jóvenes han terminado en una casa hogar”.
Cano indica que al momento de localizar a la o el joven, inmediatamente se establece comunicación con el familiar o se retoma un contacto existente. Pero se repiten las ocasiones en que los adultos responsables por ley no atienden el llamado, abandonan al menor o simplemente manifiestan que no pueden o no desean responsabilizarse. En tales circunstancias, al Estado corresponde velar por la protección de los menores de edad.
Pero antes de adoptar estas medidas, el personal de la entidad intenta crear condiciones para el reencuentro de la niña, niño o adolescente con su familia. Han organizado escuelas con el propósito de brindarles orientación y acompañamiento en el restablecimiento y mejora de la comunicación con sus hijos.
En todo caso, los contactos con las familias ofrecen indicaciones a las autoridades para decidir el camino que deben adoptar para resguardar la integridad de los menores. Y es que también existen casos en los que la información sobre las condiciones y relaciones dentro del hogar aconsejan trasladar a los menores de edad a los refugios autorizados, pues en el seno familiar quedarían expuestos a maltratos, violencia y múltiples formas de explotación.
El refugio institucional para los menores es la última instancia. “Cuando hay abandono por parte de los padres o cuando no quieren llevárselos, nuestro trabajo es contactar a otros parientes (tíos, abuelos, incluso padrinos) para que se dicten las medidas en concepto de familia ampliada con el objeto de evitar la institucionalización, pero al agotar estos recursos, los jóvenes deben ser presentados ante un juez”, indica Cano.
“Al no venir nadie (por los menores encontrados) no podemos retenerlos por mucho tiempo, pues por su estado de desprotección, nuestra responsabilidad es presentarlos a la brevedad en los juzgados para que la PGN pueda buscar atención especializada y sean llevados a los lugares idóneos en los que se garantice su seguridad”, agrega la funcionaria.
No es sólo por falta de afecto
Especialistas coinciden al señalar que no es posible emitir juicios sin considerar los factores económicos, sociales y culturales que conllevan a que madres, padres y/o algún otro familiar no respondan a los llamados de rescate, de la niñez y juventud con el sistema de Alerta Alba-Keneth, u opten porque el Estado sea el que asuma la responsabilidad de protegerlos.
Algunos casos que registran las instituciones encargadas de dar solución a esta problemática evidencian que son múltiples las circunstancias que generan esta situación, que algunas veces están relacionadas a la falta de afecto, el rechazo o desinterés. Pero en otras tiene que ver con precariedades materiales, violencia y coerción en el entorno social, falta de educación y orientación de los padres, la desintegración de las familias (sea voluntariamente, por uso problemático de drogas lícitas e ilícitas, o por necesidades de migrar para encontrar oportunidades de mejora de los ingresos), las propias amenazas del crimen organizado en los barrios y comunidades, entre otras.
Agripina Solís, de la Asociación La Alianza, resalta que “muchas veces por falta de recursos y tiempo, las instituciones, o en este caso la PGN, no tienen capacidad para verificar por qué no llegan las familias, y se limitan a decir que es por desinterés o desamor”. Por eso insiste en resaltar la importancia de considerar los impactos que tiene la economía o las condiciones materiales en la vida de estos familiares.
“No en todos los casos es porque no los quieren. Por ejemplo, hay hechos en los que es la primera vez que los padres salen de sus comunidades; no saben leer ni escribir, no hablan español o no tienen acceso a servicio telefónico. También están aquellos a quienes la falta de recursos económicos les impide cubrir los gastos del viaje a la capital, dado que viven en lugares lejanos”, explica.
Solís cuenta que existen situaciones en las que las madres y los padres no saben que sus hijos tienen Alerta, ya que éstos han salido por voluntad propia de sus hogares, dando aviso que se van en búsqueda de un trabajo que les posibilite ayudar al resto de la familia. Y es en el trayecto o en la estadía que son reportados como desaparecidos por personas ajenas a la familia.
Para que las instituciones públicas realicen un mejor trabajo, como investigar a fondo cada caso, abrir oportunidades de reencuentro familiar y cuidar adecuadamente a los menores abandonados, se requiere dotarles de mayores recursos. “No hay condiciones sociales para las familias, esto afecta y el resultado se aprecia en las y los hijos; la precariedad de un sistema se ve reflejado en la niñez y en este país hay una niñez frustrada”, concluye Solís.
Por su parte el analista político Harvey Taylor opina que aquellos que tienen niveles bajos de educación y que han vivido en condiciones precarias, responden “a la naturaleza y punto. Entonces el problema de fondo (en cada caso) es el problema social de Guatemala”, es decir, el de una sociedad que impide el desarrollo. Por la falta de oportunidades, la única opción que les queda a los padres es emigrar a Estados Unidos, enviar por sus hijos a pesar de los enormes riesgos para su integridad, o bien involucrarse en acciones delictivas.
Taylor enfatiza en los factores estructurales (exclusión, pobreza, falta de educación, debilidad institucional) que condicionan a la sociedad, para identificar la explicación principal del abandono de los menores localizados y rescatados. Concluye el experto: “No hay instituciones que aborden esta problemática como se debe, y el más reciente y dramático ejemplo es lo que pasó en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción”, cuando, en la primera semana de marzo de 2017, perdieron la vida 41 niñas, en un incendio ocurrido en medio de tensiones y protestas de las menores.
Los efectos de no poder y no querer
El proceso de protección tiene varios pasos, y puede extenderse hasta más de cuatro meses. En un primer momento se intenta establecer comunicación con las familias del menor; se realizan las investigaciones necesarias para conocer por qué desapareció, buscando responder preguntas como si la niña, niño o adolescente es víctima de violencia en el seno del hogar. Se verifica si tienen record de activación de Alertas (debido a que muchas veces hay reincidencia en las desapariciones por voluntad propia).
Los casos son presentados en los juzgados donde se realizan tres audiencias para conocer los detalles. Con estas bases un juez podrá dictaminar cuál es la mejor vía para garantizar el bienestar de los menores. Estas audiencias se deben realizar cada quince días, pero por las deficiencias del sistema de justicia pueden pasar más de cuatro meses entre la programación de una y otra comparecencia.
Durante el proceso las y los menores de edad se encuentran en el limbo de los hogares de protección, abrumados por la incertidumbre de no saber qué les pasará, y con la angustia de que probablemente sus familiares no llegarán a su encuentro.
La trabajadora social Joselin Ostorga, del equipo de Asociación La Alianza, explica cómo la lógica del adultocentrismo que permea el actuar y el imaginario de la sociedad, tiene un efecto en la vida de la niñez y la juventud. “Se cree que se debe opinar y pensar por ellos y por lo mismo se considera innecesario informarles claramente de su propio proceso. Por ejemplo se les dicen que se van a ir por un tiempo a un hogar y que luego llegarán por ellos, cuando no es cierto. Es mejor decirles la verdad: `no responden, tus familiares no van a venir`. El efecto que esto produzca se puede trabajar. Pero el no saber nada o estar en el limbo tiene un mayor impacto emocional.” Saber que sus padres u otros familiares no pueden o no quieren reencontrarse con ellos, puede ocasionar un trauma más a la suma de los ya vividos durante la desaparición de las y los menores.
Además, señalan personas expertas en el tema, esta situación puede provocar aislamiento, enojo, ira, tristeza profunda, depresión, autolesiones y automutilaciones, lo cual las y los pone en una situación de vulnerabilidad frente a grupos de riesgo social.
Taylor, quien ha estudiado y trabajado en programas de prevención de la violencia en barrios y municipios del departamento de Guatemala, considera que todo esto conlleva a la degradación de la sociedad.
“En Guatemala estamos frente una sociedad degradada, donde hay ausencia de Estado. Tenemos un Estado de caricatura, es decir, no existen instituciones capaces de dar educación y oportunidades a la gente y menos de brindar protección a los niños. Nos enfrentamos a la profundización de estas situaciones degradantes y vergonzosas”, analiza el experto.
Por su parte Leonel Dubón, director de la Asociación El Refugio de la Niñez, considera que es urgente buscar alternativas a esta situación, y una podría ser la búsqueda de familias extendidas o adoptivas. En esta línea, en la actualidad existen tres organizaciones sociales, entre ellas El Refugio de la Niñez, que apoyan a la Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia de la República en la búsqueda, identificación, capacitación y monitoreo de esas familias no consanguíneas, que tras ser evaluadas y certificadas, podrían hacerse cargo de estos niños y adolescentes.
Dubón asegura que el “el problema más fuerte es que los niños bajo esta condición vienen politraumatizados; por eso, si se les institucionaliza por largos periodos se les está haciendo mucho daño. Lo que tenemos que tratar de hacer es que retomen su vida, pero en un ámbito familiar y social que no sea institucional. Las instituciones les hace mucho daño porque les aíslan de las relaciones sociales y familiares”.
¿Qué queda por hacer?
La abogada Silvia Tecún, de La Alianza, considera que el Estado no está preparado para atender esta problemática, no tiene las herramientas, la sensibilización ni los programas necesarios para aportar al trabajo con la niñez y adolescencia. Agrega que “hay una situación social en la cual están mermadas las capacidades de las familias, no hay trabajo, educación, salud, y esto afecta y repercute en nuestros hijos. La precariedad del sistema se ve reflejado en la niñez que no tiene oportunidades. No tenemos futuro, ni programas para que puedan salir adelante. Eso crea una niñez frustrada, y una visión adultocentrista”. La abogada resalta que no existe un compromiso (voluntad) por parte del Estado “y esto hace que se debiliten las instituciones, y una fundamental es la familia”.
Por su parte Suilma Cano, de la Alerta Alba Keneth, reitera que si bien la institucionalización no es la opción existen esfuerzos desde el Estado para la implementación de programas que permitan un trabajo conjunto que garantice el bienestar y la vida de la niñez y adolescencia. Dadas las condiciones sociales y económicas que enfrentan las familias en el país, es necesario realizar un esfuerzo para garantizar los recursos idóneos en cada una de las situaciones que se presentan con los distintos casos, señala.
Carlos Alarcón, de la Odhag, comenta que a pesar de los tropiezos que se puedan registrar, la Alerta Alba-Keneth es una iniciativa positiva, aunque precisa que es necesario fortalecer los mecanismos para que se pueda dar respuesta a las problemáticas actuales y las diferentes situaciones que se presentan. Alarcón considera que es fundamental el involucramiento de otros actores para lograr mejores resultados en los procesos de investigación y búsqueda de la niñez y adolescencia, por ejemplo, líderes comunitarios, la ciudadanía y las iglesias.
Las integrantes de la Asociación La Alianza coinciden al insistir que es necesario destinar presupuesto, planes y programas orientados a proteger y garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia. “No puede seguir pensándose que como son el futuro de la sociedad no es necesario invertir ahora”, señalan. A la vez, convocan a la sociedad a implementar de manera urgente acciones de cara a cambiar los patrones de crianza violentos, la concepción adultocentrista para poder poner en el centro el interés superior de la niñez y la adolescencia.
