El crimen que destruye la inocencia

Destruir su inocencia, luego hacerlos sentir vergüenza y culpabilidad, entonces obligarlos a guardar silencio. Esa es la mecánica en los casos de pornografía infantil. Un crimen que pasa desapercibido en Guatemala, pero que está presente en todo el territorio, urbano y rural. Un delito contra el que se lucha con pocas armas. Una batalla contra un monstruo que no deja de crecer.

José David López, Daniel Villatoro y Gladys Olsmtead

CAP 2016-2018

Un joven de 22 años enciende su computadora en un barrio de la zona 11 capitalina. Cierra con llave la puerta de su cuarto e inicia sesión en su cuenta de Facebook. Revisa las notificaciones, comenta en un par de fotos de amigos y luego se dirige a su perfil. La foto no es suya ni el nombre del usuario. Ni siquiera es su género. José Luis ingresó a una cuenta en la que se hace pasar por mujer.

Después de revisar si tiene alguna solicitud de amistad, abre su buzón de mensajes. Tiene varios pendientes, pero hay algunos más importantes. La mayoría, si no todos, son de adolescentes varones. Le han enviado fotografías, pero no cualquier tipo. Son fotos posadas y con características puntuales. “La ropa interior tiene que ser de una marca concreta y el color del calzoncillo también”, según las especificaciones.

Poco a poco sus amigos le mandan más de lo que pide. Pero no es suficiente y los cita en una zona boscosa, cerca de su casa. Por un camino complicado, para quienes no conocen, los conduce hasta él. Cuando llegan, los encañona con una pistola y los viola, mientras graba los encuentros. Los videos los utiliza luego para extorsionar a las víctimas, obligándolas a seguir con la mecánica. Se le conocen tres asaltos, pero podría haber más. Su víctima más joven tenía 15 años.

Este es solo uno de los casos de pornografía infantil, agraviada, que conoce la Fiscalía contra la Trata. Y de los que no se puede hablar. Todos los casos en los que se involucran menores de edad están bajo reserva, según el artículo 2 del Decreto 9-2009, Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas.

José Luis y sus víctimas llegarán a la etapa intermedia del proceso judicial en los próximos días, dos años después de los ataques.

Una huella para toda la vida

La pornografía infantil tiene distintos ángulos, pero el más injusto es la condición de las víctimas, los niños. Depende de su edad, los más afectados se pueden o no dar cuenta de su situación; pero aún a los más pequeños que no son conscientes, los marcará el resto de sus vidas.

De acuerdo con la psicóloga Jordan Greenbaum, directora del Global Child Health and Well Being Initiative International Centre for Missing and Exploited Children, este tipo de abuso es un crimen que cometen, en la mayoría de casos, personas cercanas a los menores, rompiendo la confianza del entorno de seguridad y protección, uno de los pilares sobre los que se edifica la personalidad de los infantes.

“Es posible que a los cuatro años no alcancen a ver lo que pasa, pero cuando lo recuerden a los doce años, sí. Y entonces comienzan sentimientos confusos de culpa y traición, y constantemente se preguntan “¿Qué hice?”, explica Greenbaum.

La conducta y personalidad de las pequeñas víctimas se ven directamente afectadas por el abuso al que fueron sometidas. En su vida adulta suelen desarrollar diferentes trastornos. Greenbaum detalla estudios que demuestran que la explotación y el abuso sexual de los menores terminan en depresión y suicidio. También hay casos con signos de estrés post-traumático: pesadillas y pensamientos intrusivos, como imágenes y recuerdos recurrentes.

Las víctimas pueden sentirse “desasociadas y desacopladas, como que no estuvieran en su cuerpo ni en la sociedad; todo es externo, no hay conexión con nada. Esto afecta directamente su vida social y desarrollo, y termina en problemas de conducta. Hay riesgo de caer en tendencias como la re-victimización (reiteración de situaciones similares), o embarazos adolescentes. Muchos de estos niños se convierten en violadores o traficantes de personas, porque tienen una historia de abuso sexual”, expone la especialista.

La pornografía infantil es un crimen sin sangre y a veces sin daños físicos. Y así como son miles las imágenes que les atormentan, son miles las víctimas, aunque no lo parezca. Muchos crímenes están silenciados por el miedo, el engaño, la complicidad o la vergüenza en las familias. “Muchas veces, cuando son niños hombres, no denuncian porque piensan que esto los convierte en homosexuales. Y en el caso de ambos géneros, se despierta la duda por entender `¿Por qué yo?, ¿por qué me eligió a mí?`”, agrega Greenbaum.

Las redes creadas para el auto-placer

¿Quién es capaz de cometer estos abusos? El victimario puede estar en un centro comercial, detrás del estante que vende carruajes, pañaleras, pachas y otros artículos para bebés, como es el caso de Eliezer Emanuel Piedrasanta Gómez, quien trabajaba en Villa Nueva y, a la vez, formaba parte de una banda dedicada a vender pornografía, la cual fue desarticulada en Canadá en el 2016.

Los abusadores pueden estar en el parque de la colonia donde juegan los niños, como Yorlan Manfredi Rodríguez López, de 19 años, quien forzó a una niña de 8 años y a un niño de 7 a desnudarse y tener relaciones sexuales, mientras él los grababa con su celular. Eso ocurrió en el parque infantil de Residenciales Azahares, en San José Pinula.

Pueden también estar agazapados en la escuela. Pueden ser maestros, como Carlos Antonio Cuéllar Trabanino, de 25 años, que impartía clases en Asunción Mita, Jutiapa, y fue reportado por las autoridades de Chile y el FBI de los Estados Unidos por distribuir pornografía. Entre sus pertenencias encontraron videos de niños que rondaban apenas 5 años.

Es difícil determinar quiénes están detrás de la búsqueda de auto-placer corrompiendo a la niñez. En ocasiones, cuando los niños no son conscientes de que son víctimas, no son identificables, y sin denuncias no hay investigación.

En la zona 18 de la ciudad, Dennis Humberto Vásquez Sánchez, un nicaragüense de 37 años, trabajaba como mecánico hasta que fue capturado por producir videos e imágenes de violencia sexual, coaccionando a niñas de doce y trece años. Una de ellas decidió contar lo que ocurría.

A través de Facebook, las niñas conocieron a un apuesto joven. El joven de las fotos no era Vásquez Sánchez, aunque era el señor que detrás de la pantalla empezó a escribirles a las jovencitas. Según el Ministerio Público (MP), la intimidad de las dos menores fue violentada a través de esta estafa; además, Vásquez Sánchez mantenía conversaciones con al menos otras cinco niñas persiguiendo el mismo fin.

El mecánico empleó una misma lógica para cometer los delitos: platicaba con las niñas, hasta ganar su confianza. Creaba el vínculo para atraparlas en un ciclo sinfín. Una fotografía inocente primero y, así, en un vaivén hasta llegar a las fotos íntimas.

Con este material acumulado, Vásquez Sánchez las amenazaba con publicar las fotos, explotando su miedo. A cambio de, supuestamente, no hacerlo, el victimario pedía más fotografías y más intimidad.

Ahora Vásquez Sánchez permanece en prisión preventiva, a la espera de que en agosto de 2017 un juzgado resuelva si debe enfrentar juicio.

Pero no todos los casos están relacionados exclusivamente con redes sociales o medios electrónicos. Juan Francisco Pérez Mendoza parecía un esposo y padre común, hasta que fue capturado el 14 de mayo de 2014 por producir pornografía infantil.

Este padre de familia grabó en repetidas ocasiones a una niña de nueve años, amiga de su hija, de la misma edad. La pequeña vivía a pocos metros de su agresor.

Este caso llegó a juicio. En agosto del 2016 el Tribunal Segundo de Femicidio condenó a Pérez Mendoza por poseer y producir material pornográfico de menores de edad. Los jueces ordenaron que pasara nueve años en prisión y pagara una multa de Q50 mil.

Uno de los delitos que no pudo ser comprobado por la fiscalía fue si Pérez Mendoza cometió violación, aunque los investigadores sospechan que la niña de nueve años sí sufrió abusos sexuales por parte del ahora condenado.

Diez combates contra el monstruo

Un espacio reducido. Un pequeño escritorio. Dos sillas apretujadas para visitantes. Documentos y carpetas regados por doquier. En el fondo está Mynor Pinto, fiscal contra la trata de personas del MP.  Sonriente, como en las fotografías de campaña con las que ha buscado más de una vez ser consejero de la fiscal general, atiende a los periodistas que hoy esperan turno para entrevistarlo.

-¿Cuántas personas investigan los casos de pornografía infantil?

-Entre analistas e informáticos, siete.

-¿Y fiscales?

-Son tres agentes fiscales.

-¿Suficientes?

-No, la verdad no, para nada. Pero es para lo que el presupuesto nos da.

Son diez las personas responsables de buscar, identificar y solicitar las capturas de los consumidores de pornografía infantil.  Pero su trabajo no se limita a encontrar a los victimarios, sino además saber quiénes son las víctimas.

El equipo forma parte de la Fiscalía contra la Trata, que también es responsable de los casos de explotación sexual y laboral tanto de adultos como de menores de edad. Es encargado, además, de investigar los delitos incluidos dentro de la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas.

Al preguntarle sobre sus métodos y estrategias de investigación, el fiscal cuida sus palabras. Dice que no puede revelar la manera cómo lograron identificar a las personas sindicadas en casos pasados, ni cómo lo hacen ahora.

-Nuestra unidad es casi secreta y nuestros éxitos han sido porque la gente desconoce cómo lo hacemos, explica.

Una de las tareas quizá más escabrosas para los integrantes de esta unidad es el reconocimiento de los niños que son víctimas de pornografía. Ver detalles como la ropa, el clima, el suelo, las paredes -todo el panorama completo- para determinar si es guatemalteco o de otro país, precisar su establecimiento educativo o el lugar en donde vive. ¿Este cuarto es una casa o un hotel?

La Unidad contra la Pornografía Infantil a la que se refiere el fiscal Pinto no comparte espacio en el 6º piso del edificio del MP, donde está ubicada la Fiscalía contra la Trata de Personas. Se encuentra en los cimientos de ese inmueble. Los colores claros de la oficina a favor de la niñez contrastan con la oscuridad que envuelve el resto del sótano usado como parqueo.

En las paredes de esta oficina cuelgan fotografías de los integrantes de la unidad, mientras reciben capacitaciones y portan diplomas de los talleres a los que asisten. Una de las personas que trabaja en este sitio es Carlos Castellanos, encargado de la Unidad. Trabaja para esta sección desde mayo de 2016 y ha litigado en la mayoría de los casos. En su memoria habitan detalles de los expedientes con los que ha trabajado.

-¿Es difícil trabajar para una unidad como esta?

-Es complicado saber lo que les ha pasado a los niños; le afecta a uno como humano, pero eso al mismo tiempo nos inspira a buscar justicia para ellos.

-Y como parte de su trabajo, ¿recibe atención psicológica por el tipo de casos que conoce?

-No.

Castellanos explica que, para liberarse del estrés laboral, causado normalmente por los casos y denuncias, organizan con su grupo de trabajo salidas recreativas. De esta manera, dice, buscan no perder la motivación.

En una de las distintas capacitaciones que ha recibido –comenta-, escuchó que fiscales de otros países reciben un entrenamiento militar para procesar de mejor manera los casos de violaciones sexuales de menores de edad y de pornografía infantil.

-¿Deshumanizarse?

-Deshumanizarse con los agresores, no con las víctimas.

El fiscal le resta importancia al terreno sombrío que deben enfrentar, pues considera que es más importante que los padres de las víctimas de estos crímenes confíen en que hay un grupo de personas especializadas que atenderán sus denuncias.  Mientras, los colores cálidos de las paredes, según dice, les ayudan a no deprimirse en este lugar.

Una cadena de delitos que se traslapa

Según la ley contra la Trata de Personas, se deberían de castigar todas las fases de la cadena de la pornografía infantil: producción, comercialización y posesión o consumo.

Según el MP, desde que entró en vigencia la ley en 2009, ha recibido sólo 38 denuncias de posesión de pornografía infantil, 39 de producción y 75 de comercialización.

“No, en la mayoría de casos, lo ven como una aberración”, responde el fiscal Mynor Pinto cuando se le pregunta si algún juez ha beneficiado con arresto domiciliario o alguna pena que no sea la prisión a los acusados de este delito. La ley establece una condena de dos a cuatro años de prisión por el delito de posesión de pornografía infantil, y esta pena aún puede ser conmutable.

El fiscal explica que los fallos de los juzgados también se deben a que, en Guatemala, a diferencia de otros países, como Estados Unidos, no existe registro de agresores sexuales, por lo que recluir a estas personas pareciera la única opción.

No hay control, ni algún tipo de medidas de seguridad.

-¿Y cómo actúa la defensa? ¿Buscan medidas sustitutivas para sus clientes?

-La defensa no ha tenido la técnica para hacer eso. Por eso digo que nosotros vamos bien avanzados en ese sentido.

Las condenas para quienes produzcan pornografía infantil, según la Ley contra la Trata, debe ser de seis a diez años de prisión y una multa de Q 50 mil a Q 500 mil. Mientras que la persona que sea declarada culpable de distribuir o comercializar este tipo de material deberá pagar una multa similar, pero pasará de seis a ocho años en la cárcel.

Sin embargo, Mynor Pinto afirma que en la mayoría de casos que la fiscalía ha conocido, las personas están acusadas de cometer más de un ilícito.

Siempre habrá un concurso de delitos, una pluralidad. En cada caso se cometen otros tipos penales; por ejemplo, cuando una persona produce vídeos o fotografías, también puede estar violando al menor de edad.  Y si luego comparte esos archivos a un su cuate, está cometiendo delito de distribución. Por esa razón, no solamente vamos a hablar de uno, sino de más de dos delitos.

El instituto que no existe

La atención en Guatemala a las víctimas de explotación sexual, pornografía infantil o violencia de género, es nula. El Congreso aprobó en abril de 2016 la creación del Instituto de la Víctima; sin embargo, un año y tres meses después esa entidad existe solo escrita en papeles, mientras las víctimas siguen sumándose.

Con la implementación del Instituto se busca que las víctimas sean tratadas con respeto, que se les informe de sus derechos y su papel dentro de un caso judicial, que reciban atención psicológica y médica de urgencia, así como evitar su re-victimización.

Para la Red Niña Niño, incluso lo establecido en el Decreto-ley que crea la entidad no cumple ciertos requisitos, como introducir un enfoque victimológico, que fundamente el concepto de víctima a partir del marco legal nacional e internacional. Es más, la organización civil señala que en algunos artículos se promueve la re-victimización. Un ejemplo –señala- es lo establecido en el artículo 26: “Si posteriormente a la participación de la víctima dentro del proceso ésta desiste injustificadamente, el usuario asumirá el reembolso correspondiente a los honorarios profesionales, conforme arancel y costas procesales ocasionadas.”

Otra de las críticas de la Red Niña Niño es que en la normativa del Instituto no se contemplan aspectos como edad, sexo-género, etnia y discapacidad. “Contrario a lo que pudiera parecer, la creación de este Instituto debilita la institucionalidad del Estado, porque duplica funciones de entidades ya establecidas, las cuales deberían ser fortalecidas”, afirma un comunicado de la organización.

Una iniciativa de ley y su camino arriba

El campo de batalla contra la pornografía infantil es hostil. Los fiscales deben enfrentar una serie de dificultades que quizá puedan disminuir con la aprobación de una iniciativa de ley que buscaba combatir el cibercrimen y la posible adhesión del país a un convenio internacional.

“Guatemala aún tiene una deuda en relación a los delitos que se cometen contra niñas y niños: el ciberdelito”, comenta Pilar Ramírez, asesora legal del Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados (ICMEC). Según la experta, el marco normativo del país no ha contemplado muchas de las modalidades de pornografía infantil y abuso a menores que suceden a través del uso de tecnología.

Existen dos caminos para que el país se ajuste a este parámetro: aprobar una iniciativa de ley contra el ciberdelito o reformar el Código Penal para incluir estas transgresiones. En Centroamérica, Costa Rica y El Salvador ya regulan estas manifestaciones delictivas.

Según la revisión global de la legislación en los 196 países del mundo, Guatemala solo cumple tres de los seis criterios aplicados para evaluar su marco legal, por lo que forma parte de los 79 países que tienen algunas leyes aprobadas, pero que son insuficientes (En azul)

Criterios globales que evalúan el avance de la legislación nacional contra la pornografía infantil

Legislación mundial sobre pornografía infantil

Verde: 11 países cumplen todos los estándares. Amarillo: 71 países cumplen los cuatro primeros indicadores Azul: 79 países tienen algunas leyes, pero son insuficientes Naranja: 35 países que no tienen leyes específicas sobre la pornografía infantil.

En el Congreso de la República se han presentado dos iniciativas para normar los ciberdelitos, la 4054 (del 2009) y, la más reciente, la 5254 (del 2017). La primera contempla definir el atentado sexual y la pornografía infantil (que se encuentra ya normada en la ley contra la Trata). La segunda hace referencia de la ley ya existente sobre la pornografía infantil, y adhiere otros tipos penales: el acoso por medios cibernéticos y el contacto con menores con fines sexuales a través de tecnología.

El ciberespacio amplía el terreno en el que ocurren estos crímenes y borra las fronteras entre países, además de que permite conocer un poco de lo que en cada país los usuarios buscan. Una forma de analizar las tendencias es mediante buscadores en las páginas de pornografía. Allí aparece lo que las personas en el mismo espacio geográfico buscan y consumen.

En el caso de las tendencias de Guatemala, las primeras búsquedas muestran “niñas guatemala”, “porno de niñas”, “niñas putas escuela”, “desvirgando niñas”, entre otras.

El fenómeno internacional

La captura del maestro de Jutiapa, Carlos Cuéllar Trabanino, por pertenecer a una red de pornografía infantil, fue resultado de la cooperación entre autoridades de investigación de varios países. El caso forma parte de la operación “Sin Fronteras” del departamento de cibercrimen de la Policía de Chile.

De manera simultánea en 20 países, las autoridades chilenas coordinaron las acciones que permitieron la detención de 60 personas en Estados Unidos, Argentina, Uruguay, Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, Brasil, Paraguay, España, Costa Rica, Panamá, México, Jamaica, Antigua y Barbuda, Curazao, República Dominicana y Trinidad y Tobago.

Los agentes especializados en rastrear los flujos informáticos detectaron las direcciones IP de aquellos que compartían pornografía infantil.

Revisar los archivos que Cuéllar Trabanino almacenaba en su computadora es un recorrido escabroso. Un menú de menores de edad: entre una “novinha” de Brasil, una “estudiante de preparatoria en Mexicali”, una niña “peruana selvática” mezclados entre archivos de música techno y canciones de los Black Eyed Peas.

Este maestro utilizaba el programa “Ares”, que permite a los usuarios compartir descargas a través de internet.

“El mundo virtual no tiene fronteras ni jurisdicciones. Por eso, las investigaciones también deben de ser así. Es fundamental que las autoridades cooperen internacionalmente para trabajar estos casos”, apunta Nayelly Loya, jefa de la oficina adjunta de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Según Loya, la pornografía infantil es uno más de los delitos que las redes criminales cometen, en una serie de interconexiones que van desde la producción, hasta la comercialización y el consumo. Estos delitos suelen estar relacionados con otros: abuso sexual, secuestro, extorsión. “Toda una cadena. Hay que pensar al crimen organizado como un negocio”. Una red que también debe de procurar corromper a ciertas autoridades y encontrar la manera de hacer lícitas sus ganancias al lavar el dinero.

Para Pilar Ramírez de ICMEC el problema es grande y se está combatiendo; sin embargo, persiste la preocupación de que “sólo se persiguen penalmente aquellos casos en los que ya hubo un envío de imágenes con contenido sexual. Y nosotros no queremos que llegue a ese punto. No hay que esperar que el delito avance”, advierte Ramírez.

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