Foto: Corte de Constitucionalidad
La Corte de Constitucionalidad no es un tribunal más. Es la máxima instancia que define las reglas aplicables a muchas de las disputas que se producen en el país, desde los conflictos territoriales hasta las controversias electorales. La renovación del 2026 determinó quiénes serán los nuevos magistrados y magistradas que interpretarán esas reglas durante los próximos 5 años.
Redacción CAP
En la segunda sesión de los Ciclos de Actualización para Periodistas (CAP) sobre Democracia y Derechos Humanos, la abogada Mónica Leonardo, consultora en Estado de derecho para la Organización de Estados Americanos (OEA) en Guatemala, analizó el proceso de renovación de la Corte de Constitucionalidad (CC) y explicó por qué este proceso tiene consecuencias directas sobre el andamiaje institucional y la calidad democrática del país.
Para la jurista, analizar la integración de la CC va más allá de prestar atención a los nombres y a las trayectorias profesionales de las personas que fueron designadas para dirigir el tribunal constitucional. “Quien define los límites del poder tiene, en la práctica, un poder superior incluso al de quienes lo ejercen”, afirmó. Por eso la integración de la Corte es, en última instancia, un indicador clave del rumbo institucional del país.
En una tensa y caótica sesión, donde se denunciaron presiones e injerencia extranjera, los diputados guatemaltecos eligieron a los magistrados titular y suplente ante la Corte de Constitucionalidad para el periodo 2026-2031. Foto: AP/Moisés Castillo
Un diseño único en la región
La forma en que se integra la CC en Guatemala es sui generis en América Latina, señaló Leonardo. En ningún otro país se utiliza un modelo en donde cinco diferentes actores (Corte Suprema de Justicia -CSJ-, Universidad de San Carlos de Guatemala -USAC-, Congreso, Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala -CANG- y Ejecutivo) participan en el proceso de designación. Para la abogada este sistema pretendía evitar que un solo actor controlara la Corte de manera unilateral. Sin embargo, los procesos de renovación han demostrado “que existen poderes capaces de influir en cada uno de los actores encargados de la designación”, sostuvo.
Esto implica que el análisis de la renovación de la CC no puede limitarse a seguir los cinco procesos por separado. Es necesario investigar las conexiones transversales: si los mismos nombres aparecen como promotores de candidatos en más de un órgano, si los mismos bufetes tienen clientes vinculados a candidatos en distintos procesos, si los mismos operadores políticos participaron en las negociaciones del Congreso y en presiones sobre la Universidad de San Carlos, explicó.
Debido precisamente a la presencia de grupos de poder con capacidad de influir en la mayoría de actores que participan en la designación de los magistrados titulares y suplentes, el proceso de renovación de la CC en 2026 se realizó con brechas normativas significativas que se tradujeron en una marcada opacidad.
“Mientras menos entiendan las personas qué hace la CC y menos se conozcan los perfiles de quienes la integran, menor va a ser la fiscalización pública sobre esta institución”, señaló la abogada.
Un grupo de ciudadanos protesta frente a la Corte de Constitucionalidad de Guatemala y exige la renuncia de varios magistrados. Foto: Prensa Libre
La “corte celestial” saturada
Leonardo indicó que la centralidad de las decisiones de la CC en la vida pública del país deriva de las competencias que le asigna la Constitución, que le otorgan un poder contramayoritario significativo. Esto implica que los cinco magistrados de la Corte pueden declarar la nulidad total o parcial de leyes y reglamentos, incluso si estos fueron aprobados por unanimidad en el Congreso. Es decir, en todas las disputas políticas, la CC es la institución que tiene la última palabra.
Ese poder exige una independencia técnica y ética porque la tentación de utilizarlo selectivamente para proteger intereses específicos siempre está presente, dijo la abogada.
Sin embargo, este poder formal convive con una capacidad operativa insuficiente. Según los datos disponibles, el volumen de los amparos que recibe la CC se ha incrementado de forma dramática en los últimos 10 años, pasando de dos mil solicitudes a cerca de cinco mil en amparos de única instancia. De todos estos amparos, según datos del 2021, menos del 25 % llegaron a sentencia, advirtió la expositora.
Presentación de Mónica Leonardo en Ciclos CAP
La disputa por la CC
Para terminar su análisis, la abogada reflexionó sobre los posibles escenarios que se abren en torno a los intentos de judicializar la toma de posesión de las nuevas autoridades de la Corte. Recordó que, aunque en el caso del Colegio de Abogados ya no existen vías ordinarias para impugnar la elección de Astrid Lemus y Luis Fernando Bermejo, persiste el riesgo de que se intente bloquear su llegada al cargo mediante la criminalización desde el Ministerio Público, replicando patrones de “guerra judicial” utilizados en el pasado para impedir la asunción de otras magistraturas.
Leonardo insistió en que el debate sobre la integración de la CC trasciende los nombres concretos y se vincula con el rumbo de la democracia en los próximos años. La nueva composición de la Corte determinará si el país camina hacia una consolidación de contrapesos efectivos o hacia una captura sofisticada de los órganos llamados a resguardar el orden constitucional, advirtió.
Para las y los periodistas, especialmente a nivel comunitario, esto implica que la cobertura de la CC no puede quedar en manos de especialistas jurídicos de la capital.
La Corte no es un tribunal lejano: es el tribunal que define las reglas aplicables a los conflictos territoriales, electorales y de acceso a la información que los periodistas cubren todos los días. Y cuando el sistema legal no provee mecanismos de control, el control social a través de la información se convierte en el último recurso democrático disponible, concluyó la experta.
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La CC: árbitro jurídico y actor político
En Guatemala, la Corte de Constitucionalidad (CC) juega un doble papel. Además de ser la máxima autoridad jurídica en materia constitucional, es un actor clave en el tablero político nacional. Desde su creación ha habido una tensión constante entre su rol técnico y su inevitable actuación en las disputas del poder político en el país.