Foto: Prensa Libre
MP: Debilitamiento sistemático para asegurar impunidad
Durante los últimos siete años, bajo la gestión de la actual Fiscal General María Consuelo Porras Argueta, el Ministerio Público (MP) ha sufrido un deterioro institucional que impacta negativamente en el estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos en el país. Así lo documenta el informe ¿Eficacia e Impunidad? El desempeño del MP durante el periodo 2018-2025, elaborado por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales de Argentina (INECIP) y Alianza por las Reformas.
Redacción CAP
El estudio que examina tres dimensiones del desempeño institucional de la Fiscalía: eficacia, productividad y eficiencia, fue presentado a las y los periodistas participantes en el Ciclo de Actualización sobre Justicia y Lucha contra la Impunidad por el penalista Alejandro Rodríguez, director del Programa de Justicia de Impunity Watch Guatemala.
Uno de los hallazgos más relevantes, dijo el jurista, es que a pesar de que en los últimos 7 años el MP obtuvo un incremento presupuestario de 162 %, pasando de Q.1,842 millones en 2018 a Q.4,828 millones en 2025, le eficacia de la institución se redujo a la mitad.
“Si bien el Ministerio Público justifica el aumento presupuestario por la apertura de nuevas fiscalías, esto no se traduce necesariamente en un mayor acceso a la justicia porque la tasa de eficacia en los casos se redujo de manera sistemática”, señaló.
El informe también revela que cada uno de los 3,179 fiscales que trabajan en la institución produce, en promedio, solo ocho salidas de calidad al año, lo que equivale a menos de un caso resuelto por mes. “Hay una discrepancia entre el presupuesto asignado y los resultados generados”, indicó.
Por salidas de calidad, el informe entiende aquellas que implican responsabilizar al acusado y/o reparar a las víctimas, explicó Rodríguez.
Foto: Presentación Alejandro Rodríguez
La situación se agrava dramáticamente cuando se analizan los delitos de alto impacto social. En casos de homicidios, femicidios, violaciones, extorsiones, corrupción y delincuencia organizada, la eficacia del MP es de apenas un 6.31 %. En otras palabras, el 93.69 % de estos delitos quedan en la impunidad: “Prácticamente no hay una respuesta a la violencia más grave dentro del Estado”, enfatizó.
En los casos de violencia contra las mujeres, las cifras son devastadoras. Entre 2019 y 2023 ingresaron a la Fiscalía 253,759 denuncias a nivel nacional, de las cuales 255,344 fueron desestimadas y 47,641 archivadas. Solo se obtuvieron 4,925 sentencias condenatorias, representando apenas el 2% del total, explicó el abogado.
Otro elemento preocupante que se desprende del informe son las acciones para obstruir de manera deliberada el avance de los casos de gran corrupción que se trabajaron en la época de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
El estudio documenta que “se utilizaron estrategias de impunidad para favorecer a personas con un alto nivel económico y político que estaban implicadas en casos de gran corrupción”, indicó el experto.
Los mecanismos identificados incluyen la anulación de convenios de colaboración eficaz, el uso indebido de la Ley de Aceptación de Cargos y una política deliberada para no apelar decisiones judiciales que favorecían a los investigados.
“Los casos más complejos y emblemáticos de gran corrupción se encuentran cerrados”, dijo Rodríguez, señalando que, incluso, los colaboradores eficaces que ayudaron a recuperar millones en activos, producto de corrupción, están siendo ahora perseguidos.
Exfuncionarios y políticos involucrados en casos de gran corrupción fueron beneficiados con sentencias absolutorias o el cierre de sus procesos. Foto: La Hora
Por otro lado, de las más de 200 denuncias presentadas por la actual Comisión Nacional contra la Corrupción, solo se ha obtenido una condena y dos procedimientos de aceptación de cargos, mientras que 57 fueron desestimadas, afirmó Rodríguez.
Además de los retrocesos, se identifica un patrón de persecución política dirigida a grupos específicos que incluye a fiscales, jueces, juezas y abogados que participaron en la persecución de estructuras de gran corrupción, periodistas críticos de la gestión de gobiernos anteriores y opositores políticos, indicó el exposito
Presentación de Alejandro Rodríguez “Los costos de la impunidad” en Ciclos CAP
Una de las principales conclusiones de la investigación es que existe una clara intención de debilitar las capacidades del MP para realizar sus funciones, al tiempo de garantizar la impunidad a actores poderosos, sostuvo Rodríguez.
“Estamos frente a una persecución política y un debilitamiento sistemático como resultado de una estrategia bien planificada para evitar que se persigan a actores de grupos de poder político y económico, mientras se desmantelan las fiscalías más importantes y se destituyen, en procesos arbitrarios, a fiscales con trayectorias intachables”, concluyó.
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