Foto: CNN en Español

El uso arbitrario del Derecho Penal en Guatemala

El uso del sistema penal como herramienta para perseguir a comunidades indígenas y personas que defienden la tierra y los recursos naturales ha sido una práctica recurrente en Guatemala. Sin embargo, desde la salida de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en 2019, este uso indebido del sistema de justicia se convirtió en una estrategia de control político que, hasta el 2024, había forzado a 99 periodistas, jueces, juezas, fiscales y activistas al exilio.

Redacción CAP

En la décima sesión del Ciclo de Actualización para Periodistas (CAP) sobre temas de Justicia y Lucha contra la Impunidad en Guatemala, la abogada Claudia González Orellana, quien cuenta con 25 años de experiencia en la defensa de derechos humanos, explicó que la criminalización en el país no es un fenómeno nuevo, pero que en los últimos años ha cambiado sus métodos y su alcance de manera alarmante. 

“La criminalización en el interior del país siempre ha sido evidente. Desde el principio del 2000, ésta se enfocó principalmente en personas que se dedicaban a la defensa de los recursos naturales y de la tierra”, señaló la abogada. Entre 2015 y 2020, aproximadamente 337 personas defensoras de derechos humanos fueron víctimas de alguna forma de agresión, siendo la criminalización una de las más comunes, explicó.

Sin embargo en 2019 con la salida de la CICIG, el fenómeno adquirió nuevos matices que le diferencian de los casos dirigidos contra aquellos líderes y lideresas comunitarias que se oponían a proyectos extractivos. Principalmente, la criminalización se expandió para incluir a nuevos actores: fiscales y jueces especializados en justicia transicional y anticorrupción, periodistas de investigación y candidatos de partidos políticos de la oposición, dijo González.

Personas defensoras de derechos humanos, líderes sociales, autoridades indígenas, exoperadores de justicia y periodistas han sido perseguidos por la Fiscalía desde el año 2019. La mayoría de los casos no tienen sustento. Foto: Alianza por las Reformas

Tras analizar cada uno de los procesos judiciales, la abogada Claudia González ha podido identificar una serie de patrones que lleva a cabo el  Ministerio Público y que son avalados por resoluciones de jueces afines. Estos son algunos de los más importantes:

  • El uso de redes sociales para estigmatizar a las víctimas, principalmente mediante la difusión de noticias falsas y discurso de odio. La mayoría de mensajes provienen de cuentas anónimas, a las que se conoce como “netcenters”.
  • Operativos altamente mediáticos con uso excesivo de fuerza policial para dar la idea de “peligrosidad” de la persona detenida.
  •  Concentración de casos en juzgados y salas de apelaciones específicas. En estas judicaturas, la norma es dictar orden de captura y, casi nunca, dar un medida sustitutiva a la prisión preventiva.
  • El uso de tipos penales, abiertos y ambiguos, como  el delito de “abuso de autoridad” que ha sido aplicado en 120 ocasiones contra exfiscales del Ministerio Público.
  • La aplicación de prisión preventiva sin fundamento legal, procesos bajo reserva y dilación de audiencias, siendo el caso de Jose Rubén Zamora el más emblemático, donde han transcurrido 16 meses entre una audiencia y otra.

El periodista Jose Rubén Zamora Marroquín, expresidente de diario elPeriódico, permanece detenido en la cárcel militar Mariscal Zavala desde el 29 de julio de 2022. Amnistía Internacional y un grupo de expertos de la ONU lo han calificado como “preso de conciencia”.

A estos patrones hay que sumarle, además, las particularidades que adquiere la criminalización cuando se dirige en contra de juezas, periodistas y fiscales mujeres, que deben enfrentar todas estas irregularidades, pero además ataques dirigidos a su apariencia física, a su condición de madres y formas específicas de intimidación que en los hombres no se aplican, subrayó Claudia González.

La abogada, quien también enfrenta un proceso penal espurio y que pasó 82 días privada de su libertad, enfatizó que el proceso penal ha sido tergiversado de tal manera en Guatemala que, incluso, una sala de apelaciones comenzó a emitir órdenes de captura, sin seguir el procedimiento legal establecido en Ley.

 “Es como meter por la fuerza un círculo en un cuadrado”, dijo la abogada para señalar cómo se utiliza y tergiversa el sistema de justicia para impulsar la persecución contra actores que defienden la democracia y los derechos humanos en Guatemala.

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