Es territorio en disputa. Codiciado por empresas mineras, por ganaderos, finqueros, pobladores q’eqchies’ en perpetua diáspora, por el crimen organizado, narcotraficantes y contrabandistas. En 2016 fue clasificado como el municipio con el mayor número de casos de conflictividad agraria de toda Guatemala; pero el Estado poco ha hecho para estar allí y solucionar los problemas de raíz. A pesar de los estallidos que han costado vidas, los procesos judiciales se entrampan y no avanzan; pareciera que el Estado se niega a ver el problema y aparece solo cuando la bomba vuelve a explotar y surge un nuevo conflicto.