EL ESTOR, OTRA BOMBA DE TIEMPO

Es territorio en disputa. Codiciado por  empresas mineras, por ganaderos, finqueros, pobladores q’eqchies’ en perpetua diáspora, por el crimen organizado, narcotraficantes y contrabandistas. En 2016 fue clasificado como el municipio con el mayor número de casos de conflictividad agraria de toda Guatemala; pero el Estado poco ha hecho para estar allí y solucionar los problemas de raíz. A pesar de los estallidos que han costado vidas, los procesos judiciales se entrampan y no avanzan; pareciera que el Estado se niega a ver el problema y aparece solo cuando la bomba vuelve a explotar y surge un nuevo conflicto.

Édgar López, Miriam Pacheco y Silvino Velásquez

CAP 2016-2018

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Una de las bombas más recientes explotó el 27 de mayo de 2017, cuando un grupo de lugareños se enfrentó con el pelotón antimotines de la Policía Nacional Civil  (PNC) que intentaba dispersarlos para desbloquear la carretera principal de acceso a la cabecera municipal. La manifestación fue iniciada por una asociación de pescadores que culpa a la Compañía Guatemalteca de  Níquel (CGN) como causante de contaminar las aguas del lago.  En este incidente fue asesinado  –con arma de fuego– Carlos Maas, de 31 años, quien era primo del presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales de El Estor, Cristóbal Pop. El de los pescadores es uno los tantos conflictos latentes e irresueltos en este municipio de Izabal. 

Su posición geográfica es estratégica, pero al  mismo tiempo representa una de sus debilidades: es una de las más expeditas entradas del Caribe, por tanto de Honduras  y de las rutas de la droga; tierra adentro, además, es el vestíbulo a toda la zona del Polochic y ha sido convertida en puente hacia la frontera Norte en la ruta de migración hacia Estados Unidos. Es territorio rico en minerales, por tanto, territorio explotado desde hace décadas y tierra fértil para los monocultivos y el ganado.

Según el Informe de Monitoreo de la “Política y Conflictividad Agraria 2016”, en El Estor hay 74 conflictos activos relacionados con la certeza jurídica de la tierra, la ocupación de tierras y la regularización; la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA) no registra otro tipo de conflictos relacionados con asuntos ambientales o políticos. Desde 1997 a la fecha se han resuelto 99 casos, según confirma Carlos Antonio Pop, responsable de la Secretaría.

 

El estallido

Unos 500 agentes de la PNC participaron en el más reciente conflicto, en el que se desalojó a los Pescadores y fue incendiada la casa del alcalde. [Marie Peretti/ Plaza Pública]

El abandono  del Estado  en el municipio de El Estor ha generado que ante la falta de mediadores para resolver sus problemas o defensores a sus derechos, sean los mismos pobladores quienes buscan resolver asuntos por mano propia. La frustración se acumula. Como ejemplo las dos últimas elecciones municipales (2007 y 2011) han cerrado con manifestaciones y zafarranchos.

En el último conflicto, el de los pescadores, el informe de la Policía detalla que también resultaron heridos el inspector Carlos Coc Chub y los agentes Edwin Alexander Acetún Rojas, Franklin Onelio Chávez Solares y Lilian Marisol García Aldana, quienes integraban el pelotón antidisturbios que fue enviado al lugar para dispersar a los manifestantes. Hubo tres civiles heridos, según reportes de los vecinos, sin embargo, no fueron identificados debido a que no se permitió el ingreso de los cuerpos de socorro debido a que temían que fueran procesados penalmente, informó Pablo Castillo, vocero policial.

Entre la confusión, un grupo de bomberos trató de auxiliar a los vecinos que resultaron heridos, pero fueron amenazados por personas con machetes, por lo que también decidieron retirarse del lugar de los disturbios. La situación se tornó tensa en el lugar y algunos sujetos aprovecharon el caos para saquear negocios y sembrar el terror en el municipio, según el reporte de la Policía.

El gobernador de Izabal, Rudy Ramírez, declaró que se investiga para determinar quiénes promovieron el enfrentamiento e informó que se girarán órdenes de captura en contra de los responsables. “Como autoridad me corresponde buscar los medios adecuados para garantizar el Estado de derecho de la población”, afirmó el gobernador Ramírez. El Ministerio Público (MP) por su parte continúa con las investigaciones, según informó la vocera de esa entidad, Julia Barrera.

Ese día, el 27 de mayo, las autoridades del gobierno central y municipal habían convocado a una mesa de diálogo en la aldea Río Dulce, jurisdicción de Livingston, Izabal,  “un lugar neutral”, como lo describen los comunitarios, con el objetivo de buscar soluciones a la protesta de los pescadores. Sin embargo, la reunión no se llevó a cabo debido a que los incidentes violentos degeneraron en la quema de la casa del alcalde de El Estor, Rony Méndez, y de la subestación de la Policía Nacional Civil (PNC) local.

Esta vez el conflicto se inició porque frente a las instalaciones de la planta de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) el Lago de Izabal se tiñó de rojo. Cristóbal Pop, presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales de El Estor, asume que esa contaminación pudo haberse originado por los residuos  minerales que expulsan las siete chimeneas de la empresa minera.

El Ministro de Ambiente, Sidney Samuels; el alcalde del Estor, Rony Méndez; el gobernador departamental, Rudy Ramírez,y representantes de la minera CGN optaron por retirarse de Río Dulce, lugar donde se establecería la mesa de diálogo, tras conocer sobre los hechos de violencia en El Estor.

El alcalde de El Estor, Rony Méndez, quien tuvo que salir huyendo del municipio, lamentó la muerte del pescador y que varios agentes de la PNC resultaran heridos.  Méndez estima las pérdidas por la quema de su vivienda en más de Q300 mil y  expresa que desde hace varias semanas junto con el Concejo Municipal solicitó el refuerzo de la seguridad en El Estor, pero que no han obtenido respuesta del ministerio de Gobernación.

Sidney Samuels, titular de la cartera de Ambiente, en conferencia de prensa dijo que las autoridades buscaban dialogar con los inconformes para plantearles alternativas laborales y proyectos de desarrollo.

“Vamos a presentarles los estudios de la calidad del agua, los cuales fueron efectuados por estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala y serán comparados con el resto de estudios efectuados por la empresa minera para tranquilidad de los pescadores”, comentó Samuels.

Sin embargo, los manifestantes dudan de las declaraciones del Ministro y el Centro de Acción Legal Ambiental y Social (CALAS) realiza una  investigación independiente para definir las causas de la posible contaminación y, de ser necesario, iniciar acciones legales, informa Rafael Maldonado, representante legal de la institución.  Desde mayo la mesa de diálogo está detenida. El alcalde Rony Méndez sigue fuera de El Estor debido a las amenazas; y por motivos de seguridad no revela en dónde está, pero asegura que sí realiza cada semana la reunión de Concejo para tratar temas del municipio.

La presencia de la mina ha sido siempre un elemento de tensión que nunca ha sido completamente resuelto. [Sandra Sebastián / Plaza Pública]

Los detonantes: el abandono y los conflictos latentes

El tercer viceministro de Gobernación, Axel Romero, explica que su despacho tiene a cargo el análisis de la conflictividad de toda Guatemala: “Lo que se ha analizado y las conclusiones a las que se ha llegado, es que los brotes de conflictividad en el país ocurren en áreas donde hay una ausencia del Estado muy  profunda”.

El viceministro agrega que la mayoría de conflictos se desencadenan por la falta de cobertura de necesidades básicas como educación, salud, alimentación y vivienda. “Eso provoca que las manifestaciones vayan en escalada hasta haber un pronunciamiento de hecho, como el cierre de carreteras o la retención de personas, como ocurre en El Estor, en el área del Valle del Polochic y otras comunidades de la Franja Transversal del Norte”, asegura.

En el análisis realizado por el Tercer Viceministerio se contempla  la existencia y la permanencia de grupos organizados, algunos con fines de resistencia y protección del ambiente.

Operativo de la Policía Nacional Civil cuando se realizaron los desalojos por los que se siguen dos juicios en Canadá y uno en Guatemala. [James Rodríguez / Plaza Pública]

Sigue el reclamo del pueblo q´eqchi’: la tierra

Durante los 36 años del conflicto armado interno, los q’eqchíes que habitaban El Estor y el Valle del Polochic  tuvieron que abandonar su tierras para salvar su vida. Al finalizar la guerra ese pueblo volvió a su tierra de origen, pero sufrió un nuevo despojo como parte del ordenamiento territorial de la Franja Transversal del Norte, lugar donde se instalaron a orilla del lago de Izabal y la desembocadura del río Polochic empresas de monocultivo de palma africana y las empresas mineras, según detalla el estudio elaborado en el 2009 por el Instituto de Transformación de Conflictos para la Construcción de la Paz en Guatemala (Intrapaz), Conflictos por el uso de la Tierra.

Robin Sicaján, director de la Defensoría Q’eqchí, que acompaña a las comunidades indígenas ante las violaciones de sus derechos humanos individuales y colectivos, y es apoyada por Naciones Unidas, afirma que el reclamo del pueblo  maya q’eqchí respecto a la tierra “que históricamente le pertenece” se hizo oficial en abril de 2015, cuando se le solicitó por escrito a las autoridades de gobierno central  que se emitieran resoluciones sobre  la certeza jurídica de la tierra en El Estor, debido a que esa carencia legal genera conflictos que ya han dejado varios  fallecidos y  heridos.

A criterio de Rokael Cardona, excomisionado presidencial para el Diálogo,  a pesar de los esfuerzos que han hecho los gobiernos es poco el avance en materia catastral que se ha logrado. Muestra de ello es que en la ruta por donde pasaría el canal interoceánico, la cual incluye al departamento de Izabal, sólo el 55 por ciento de las fincas han sido registradas y legalizadas por el Registro de Información Catastral (RIC) y el 45 por ciento de las fincas aún tienen litigios por reclamos basados en derechos históricos sobre tierras comunales y falta de certeza jurídica.

El Estor  tiene un historial de desalojos violentos,  como los ocurridos el 7 de enero de 2007 en el barrio La Revolución, donde fueron expulsados por la fuerza campesinos que integraban la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (CONIC), así como el desalojo violento de la comunidad “Lote Ocho” (en el que se acusa a guardias de seguridad de la mina de haber violado a mujeres de la comunidad), el asesinato del profesor y líder comunitario Adolfo Ich, el 27 de  septiembre de 2009,  y el enfrentamiento entre pobladores del Estor en 2011 por la visita del binomio presidencial del Partido Patriota, previo a las elecciones generales. Estos desalojos  fueron  realizados, según las autoridades, por orden judicial pues los expulsados ocupaban territorios de propiedad privada –en varios casos de la CGN–, mientras que los pobladores defienden que las tierras les pertenecen históricamente.

En El Estor se encuentran asentadas las empresas Naturacietes de la familia  Maegli-Müller dedicada al cultivo de palma africana y la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) ahora de la corporación transnacional rusa Solway Investment Group.

A criterio de la Defensoría Q’ eqchí, la presencia de estas dos  grandes industrias y los conflictos no resueltos con los habitantes de la zona provocan una tensión permanente. Robin Sicaján afirma que estas empresas generan pocas fuentes de empleo y que prefieren contratar a pobladores del municipio de Morales, Izabal, con el argumento de que necesitan mano de obra calificada que no hay en El Estor, lo que motiva un permanente descontento en los estoreños.

El crimen organizado

En noviembre de 2014, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) realizó una operación en los departamentos de Izabal y Petén para desarticular al estructura criminal liderada por Haroldo Mendoza Matta.  Según la Cicig los integrantes de la organización criminal “Los Mendoza” radicados en Izabal, se habrían apropiado de 28 fincas valoradas en más de Q24 millones. Entre los sindicados figuraban Walter Obdulio Mendoza y Gustavo Adolfo Ramírez, presuntos líderes de la estructura criminal, así como los hijos, nueras y supuestos cómplices de Morales.

Durante un operativo a gran escala, las autoridades de Policía y Ministerio Público (MP) capturaron a 14 personas, quienes guardan prisión en Mariscal Zavala y el Preventivo de la zona 18, sindicados de los delitos de usurpación agravada, lavado de dinero y asociación ilícita.

El 12 de abril de este año, el titular del Tribunal B de Mayor Riesgo, Miguel Ángel Gálvez, confirmó la participación de la Cicig como querellante adhesivo en el caso de los Mendoza Matta.

La fiscal general Thelma Aldana, confirma que esas áreas eran utilizadas por estos grupos criminales para trasladar droga desde Honduras hasta México, utilizado la ruta de El Polochic, teniendo como principal entrada el municipio de El Estor.

El asesinato del líder Adolfo Ich, ocho años después, sigue impune. [James Rodríguez / Plaza Pública]

Los casos sin resolver

Los ancianos q’eqchíes cuentan que los espíritus de los dioses que protegen los cerros y montañas de su territorio les ayudarán a que no quede impune la muerte del profesor  Adolfo Ich, quien el 27 de septiembre de 2009 fue  baleado durante el desalojo de la  carretera aledaña al barrio La Unión, El Estor, Izabal. Por ese hecho se investiga a extrabajadores del proyecto “Fénix” de la empresa de capital canadiense HudBay Minerals, asentada en El Estor, ahora la CGN.

El líder q’eqchí era muy respetado por su lucha en defensa de los recursos naturales y de su comunidad. Él vivía junto a su esposa Angélica Choc y sus cinco hijos en La Unión, una comunidad de El Estor, pero ese día en solidaridad con cientos de familias que serían desalojadas, se dirigió hacia la  carretera del barrio La Unión para apoyar la resistencia. Allí murió Adolfo Ich. Desde entonces su viuda, Angélica Choc, ha emprendido una lucha titánica para que el crimen de su esposo no quede impune, pese a las constantes amenazas que padece junto a las familias en la Unión y otras comunidades.

El proceso judicial en Guatemala no prosperó debido a vicios judiciales, según explica Robin Sicaján, director de la Defensoría Q’ eqchí. El estudio Sistema de Medición de la Impunidad en Guatemala 2015, elaborado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), revela que el nivel de  impunidad en el departamento de Izabal es del .95, similar al que se registra en el resto del país.

Por esa razón, Angélica Choc decidió llevar el caso contra la empresa minera a los tribunales internacionales. Después de cinco años de constancia y lucha, la Corte Superior de Justicia de Canadá inició el juicio en contra del extrabajador de la mina Maynor Ronaldo Padilla González, quien es sindicado de asesinar al esposo de Angélica Choc.  Padilla González era jefe de seguridad de la empresa de níquel, según consta en la causa 796-2009.

El proceso judicial continuó en Guatemala. Sin embargo,  la  Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos (Udefegua), expresó su preocupación e indignación por la resolución del Tribunal de Sentencia Penal Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Izabal, presidido por la jueza Ana Leticia Peña Ayala, quien decidió liberar el 10 de abril de 2017 al sindicado Maynor Ronaldo Padilla González de los cargos de lesiones graves y homicidio cometido en contra del profesor Adolfo Ich y del atentado contra otros comunitarios. Además la juzgadora ordenó lo conducente en contra de la querellante Ángelica Choc y del fiscal del caso porque presuntamente habían presentado testigos falsos.

Sin policías ni fiscales

El Estor cuenta con 24 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) asignados a la subestación 61-41, quienes se distribuyen para la cobertura del municipio en tres turnos de 8 agentes cada uno, incluyendo a dos de ellos que deben realizar tareas administrativas.  Es decir que hay un policía por cada 2,700 pobladores y según los estándares internacionales, debería de haber un agente por cada 400.

Asimismo, hay dos fiscales designados a los delitos cometidos en El Estor, sin embargo, lo deben hacer a distancia ya que la sede del Ministerio Público más cercana está ubicada a 122 kilómetros, en la cabecera departamental, Puerto Barrios, Izabal.

A los conflictos ya descritos relacionados con la tenencia de la tierra, el crimen organizado y los enfrentamientos de la población con la empresa minera, se suma la delincuencia. Los angostos caminos de terracería, bordados de vegetación, son el escenario perfecto para los asaltos. Esos hechos delictivos se han incrementado, según confirma el alcalde Rony Méndez, quien asegura que este aumento no se refleja en las estadísticas porque la mayoría de personas afectadas no denuncian por temor a represalias o porque la sede de la Policía Nacional Civil está muy lejana a los lugares donde ocurren los asaltos y extorsiones; esta situación es confirmada por Axel Romero, viceministro de Gobernación.

Grupo de hombres armados que invadió la finca Pataxte, que se dedica al cultivo de Palma Africana en El Estor, captado por las cámaras de seguridad de la finca.

Lo que permanece es el abandono

La falta de políticas públicas para concretar cambios estructurales en beneficio de la población de El Estor -mayoritariamente indígena- dificulta la solución de problemas que generan los conflictos, explica el viceministro Romero. La lista de olvidos está en todas las áreas: en los temas de justicia, agrarios, minería, monocultivos, falta de salud, educación, situación económica y  desempleo.

Pero el caso del Estor no es el único, junto a la mayoría de municipios alejados de las cabeceras municipales comparte los niveles más bajos en los índices de densidad del Estado. Según el informe Guatemala; hacia un Estado para el desarrollo humano del Programa de Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD), El Estor, junto a Livingston, son los dos municipios con menos presencia del Estado de Izabal, incluyendo las áreas de salud, educación, presencia burocrática y seguridad.

A criterio de Axel Romero, viceministro de Gobernación, la falta de abordaje sistemático del Convenio 169, respecto al diálogo y al proceso de consultas donde hay carencia de protocolos, hace que surjan los conflictos.

El funcionario afirma que el sector gubernamental está intentando pasar de la agenda del diálogo a la agenda de la propuesta de planes de trabajo en áreas de conflictos, lo que incluye a El Estor.

“En este sentido tenemos previsto implementar estrategias como el “Tren del Desarrollo”,  una medida emergente ante las situaciones que estamos viviendo en los municipios donde hay algún tipo de conflictividad, y de donde de inmediato se llega para proponerles un desarrollo en las áreas que, indudablemente, pueden estar en el desarrollo urbano y rural, pero que son emergentes”, asegura el Romero.

“Este plan  ha demostrado ser efectivo, aunque actualmente sólo lo está activando el Cuerpo de Ingenieros del Ejército”, concluye.

La  fiscal general Thelma Aldana  reconoce los vacíos del Estado y el abandono en que se encuentran grandes porciones del territorio guatemalteco, entre ellos El Estor. En el 90% del territorio nacional no existen fiscalías, afirma Aldana.  Según el informe Anual del Ministerio Público 2015-2016, solo en 34 municipios de los 340 funcionan fiscalías y éstas son insuficientes para atender  las millares de denuncias presentadas por los afectados. Según este documento, en el 2015 se registraron 17,789 acusaciones y en ese mismo período se lograron 8,906 sentencias condenatorias.

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia  y del Organismo Judicial, Nery Medina,  también admite la falta de presencia de tribunales de justicia en todo el país.  Por su parte, el jefe de la CICIG, Iván Velásquez, ha denunciado que sectores paralelos han copado al sistema de justicia y que luchan por recuperar la independencia judicial.

El segundo viceministro de Gobernación, Ricardo Guzmán, reconoce deficiencias en el tema de la seguridad, pero explica que realizan esfuerzos por superar esa crisis y que el tema de los homicidios se mantenga entre un 26 o 27 por cada cien mil habitantes. En el departamento de Izabal la tasa de homicidios es de 23 por cada cien mil.

En el último estallido algunos pobladores atacaron la estación de la Policía y la casa del alcalde. [Nuestro Diario]

El gran reto

Como “una bomba de tiempo” describe a El Estor el párroco de la localidad, Daniel Vogt, quien vive y ejerce el sacerdocio en el lugar desde hace más de 22 años. El sacerdote católico conoce de cerca las penas, aflicciones, temores, persecuciones y carencias de los pobladores del municipio, porque él mismo las ha vivido en carne propia.

En 1996, la Corte Interamericana de Derechos Humanos decidió requerir al gobierno de Guatemala que se adoptaran sin dilatación medidas de protección para Vogt porque fue víctima de amenazas y persecución por grupos armados.

El párroco considera imperativo que el gobierno voltee su mirada hacia ese territorio, antes de que la conflictividad estalle como una bomba de grandes proporciones.

Axel Romero, viceministro de Gobernación, considera que al área del Polochic es un área en donde está pendiente un proceso de resarcimiento y que el Estado de Guatemala está emplazado por esa razón.

“Llevar la paz a El Estor es un gran reto y serán acciones a largo plazo porque los problemas que afectan a sus habitantes no se resuelven de la noche a la mañana”, sentencia el viceministro.

Foto de portada: James Rodríguez/Plaza Pública.

Edgar López

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Miriam Pacheco

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