El defensor de la Juventud confirma que el trabajo que realizan las autoridades evidencia que la mayoría de los programas se concentran en el nivel primario por ser menos complicado y poco se concentra en la rehabilitación y la reinserción.

Carlos Menocal, exministro de Gobernación (2010-2012), considera que Jóvenes Protagonistas, conocido en su gestión como Escuelas Abiertas, ayudó en la zona 18 a reducir el índice de incidencia criminal, que bajó en 40 por ciento, tenían una cobertura para 350 mil adolescentes, pero en el gobierno Patriota se redujo a 16 mil.  “Ha habido un retroceso en el tema de prevención, de reinserción en integración de la juventud que se refleja en la cobertura y el destino de los recursos”, afirma Menocal.

El exministro agrega que desde su gestión ha habido  un retroceso en materia de prevención en la juventud y que se refleja en dos aspectos: reducciónde cobertura y de presupuesto. Explica que el rubro de prevención tenía asignado Q16 millones al año y en la época de Pérez Molina apenas se ejecutó Q3.7 millones en ese rubro. 

“A nosotros nos funcionó la ley, sin embargo en el tiempo del Patriota se deja de  priorizar la ley de servicio civil porque ellos no creían en programas preventivos y le apuestan a los programas enfocados a mano dura». Allí fue donde se baja la ejecución de los programas asignados a la prevención y este Gobierno (Jimmy Morales) el problema que tiene es que aparte que le bajaron los recursos, ellos no tienen una agenda”, concluye.

Al consultar al Mineduc, la cantidad de recursos que destina para prevención, se indicó que no cuenta con un rubro específico, sin embargo tiene programas donde se aborda en las escuelas, tal como el protocolo de identificación, atención y referencia de casos de violencia dentro del sistema educativo.

Por motivación propia

Una sonrisa tímida lo identifica. Tiene 28 años, en su brazo un tatuaje del Barrio 18. Hace diez años él era miembro de la pandilla, su fin era ser escuchado y tener un grupo con quien identificarse, su nombre era Herman Hernández, pues por el riesgo que representó estar en el grupo ahora lo cambió.

Herman  vivió en San Pedro Ayampuc, era uno de ocho hijos, aunque tenía trabajos temporales, estudiaba en los tiempos libres, en una escuela a cargo de una oenegé, sin embargo en ese espacio fue donde uno de sus compañeros lo convenció de integrar la pandilla.

“No era bueno estar allí, yo lo sabía, pero en busca de una compañía y amigos lo hice, lo que me gustaba era el respeto que la gente me tenía, porque sabían que era parte de la clica. Más cuando los amenazaba con la pistola, me gustaba cuando me rogaban que no les disparara”, dice Hernández.

La decisión de salirse no fue por ningún programa o ayuda estatal, fue el ver que los miembros de las pandillas rivales estaban matando a las familias de sus amigos. “Eso me hizo salir de la banda, el saber que podrían matar a mi madre o mis hermanos. Fue difícil, pero lo logré. Ahora trabajo honradamente y tengo una familia”, narra.

Herman es uno de los tantos jóvenes que entran al sistema de justicia por haber transgredido la ley, para quienes el Estado está obligado a crear programas de reinserción y resocialización. Él, al igual que muchos, no recibió atención psicológica o participó en programas que lo ayudaran a la reinserción, pero, como pocos, logró rehabilitarse sin ayuda, por una decisión que tomó fue la que hizo tomar un nuevo camino.

Lizandro Acuña, experto en Seguridad y Justicia del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos,  asegura que la responsabilidad de rehabilitar y reinsertar a los jóvenes también es de las entidades que deben trabajar de forma conjunta con la SBS, que  deben tener una supervisión constante como la Procuraduría de Derechos Humanos, los jueces quienes deben  tener visitas constantes, lo cual actualmente se incumple.

Paredes afirma que: “El modelo que ha desarrollado la SBS no ha logrado ser totalmente efectivo. No se cuenta con el personal y la cantidad suficiente para desarrollar estos procesos, resulta ser que hay centros sobrepoblados que rebasan su capacidad, el equipo técnico no se da abasto para hacer esa atención”.

Para la jueza Galicia los programas dirigidos a los adolescentes no funcionan, ya que en la SBS cuenta con pocos profesionales para atender a los jóvenes. “La reinserción descansa en el trabajo de los equipos técnicos, que a pesar que no estamos como quisiéramos y de las pocas frecuencias con que abordan a los adolescentes hemos tenido buenos resultados,” añade.

María Fernanda Galán, experta de Seguridad y Justicia de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), señala que la prioridad de la SBS debería ser la categorización de los adolescentes, es decir la clasificación de los grupos por delito y edades para evitar que exista una contaminación, y además contratar al personal adecuado.

Sin políticas públicas

Los programas de prevención de la violencia para eliminar el riesgo de que los jóvenes ingresen a grupos delincuenciales  deberían funcionar como una política pública y no como una acción para apagar el fuego. El riesgo empieza, según, Guacamaya, desde el momento en que un niño nace, porque para ello debe preparar a los padres para que guíen a los hijos. “Más que programas preventivos se debe trabajar programas enfocados al desarrollo individual de los niños, desarrollo social y organizativo; hasta ahora Guatemala ha sido un Estado que siempre ha reprimido la organización”, critica.

En el mismo sentido, Walter Menchú, del CIEN, afirma  que: “El tema de la paternidad es importante  porque si el padre no sabe cómo atender a los niños, los niños también van creciendo en una atmosfera violenta, al final los predispone y es un factor de riesgo bastante al alto para que puedan  involucrase en actividades violentas a futuro”.

Rosa María Ortiz, experta internacional en derechos humanos y de la niñez y adolescencia, resalta que es la ausencia de servicios hace que los jóvenes no tengan las posibilidades de planificar sus vidas y sean víctimas fáciles de la captación por parte del crimen organizado.

Ortiz afirma que condenar a estos jóvenes que se encuentran en los centros de detención resulta complicado, cuando en realidad son personas que desde niños se les han limitado las condiciones para un desarrollo pleno.  «Estas condiciones se agudizan aún más cuando son encerrados porque en lugar de generar programas de reinserción y resocialización se les sumerge a un hacinamiento y una serie de violaciones que reducen las posibilidades de que salgan de ese lugar en el que cayeron».

Para Ortiz, la petición de la sociedad de aumentar las penas y reducir la edad para que los menores transgresores sean sancionados, no es una solución. «La convención dice que los menores de 18 años no pueden tener las mismas leyes de los adultos, tienen que tener una consideración especial porque precisan de una atención que les permita desarrollar las habilidades para subsistir en la vida».

Para la experta, las penas más largas no funcionan porque «el aislamiento educa más para el crimen que para la reinserción».

«A nadie le conviene tomar ese tipo de medidas que afectan a estas personas y afectan a la sociedad, es falta de información pensar que cuanto más tiempo los adolescentes estén privados de libertad va a ser una medida que favorece a la sociedad. Eso no es cierto, más bien empeora porque no hay reinserción… tenemos que apostar en asegurar los derechos  económicos, sociales y culturales porque eso va a evitar esta otra situación que nos preocupa hoy y que las respuestas que se dan hoy a esos problemas son punitivas, deshumanizan  y no colaboran ni con esas personas ni con la sociedad».

Quizás, todo se resume en lo que afirma Ortiz «justamente donde no está el Estado con política social, está el crimen organizado, éste se hace cargo de los adolescentes porque los Estados no lo hacen».