¿Quiénes son esos jóvenes que están en prisión?

Más que el reflejo de los crímenes que han cometido, los rostros de los jóvenes detenidos son el retrato de un Estado que descuida a sus ciudadanos. Los prisioneros, en su mayoría, son menores que crecen en condiciones precarias y violentas; y fueron presa fácil de los grupos criminales. El Estado apaga fuegos, sin crear políticas públicas que ataquen el problema de raíz, para ofrecer a niños y adolescentes  mejores oportunidades. Aquí un perfil de quiénes son esos muchachos privados de libertad.

Glenda Sánchez, Geldi Muñoz y Christián Martínez

CAP 2016-2018

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“Les vamos a dar tiempo para que se agrupen…diez minutos tienen, si no…”, gritó el policía a varios internos amotinados en un intento por convencerlos de que se entregaran.  El  agente no pudo terminar la frase. Fue acallado por las botellas que le lanzaron los jóvenes. Ante el ataque, y para retomar el control del reclusorio Gaviotas, las autoridades decidieron lanzar gas lacrimógeno. Los muchachos habían mantenido la revuelta por más de cuatro horas.

Este suceso es el penúltimo de cuatro ocurridos en los tres primeros meses de las nuevas autoridades de la Secretaría de Bienestar Social (SBS) en dos de los centros de privación de libertad para adolescentes. El primero ocurrió el 19 de marzo pasado cuando internos del Centro Juvenil de Privación de Libertad Etapa 2, en San José Pinula, se amotinaron durante más de 24 horas. El resultado: cuatro monitores muertos y tres más heridos. El 13 de abril cinco monitores de la correccional Gaviotas fueron heridos en disturbios de los internos. El tercero fue el 3 de julio, también en Gaviotas, en donde los internos se subieron a los techos y saquearon una bodega vecina. Esta vez tres internos fueron hallados muertos. El cuarto, otra vez en Gaviotas, otro motín. No hay indicios de que la situación mejorará a corto plazo.

Hasta junio pasado la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS) registraba 952 adolescentes detenidos; de éstos 678 cumplían una sanción, el resto permanecía detenido de forma provisional. En los últimos años la cantidad de los menores recluidos se ha incrementado, de 746 que había en 2013 pasó a 1,136 el año pasado. La infraestructura de los centros de detención no ha sido ampliada.

¿Qué tienen en común?

Para algunos son tipos que no tienen arreglo, corrompidos y perdidos; para otros, son personas a quienes el mismo Estado, y la misma sociedad, les ha fallado al no facilitarles oportunidades y defendido sus derechos. Cada amotinamiento sirve para discutir sobre un sistema de detención ineficiente y también como recordatorio sobre estos jóvenes olvidados por la sociedad que fueron detenidos para su rehabilitación y reinserción, pero que viven hacinados en condiciones infrahumanas y violentas.

El Centro de Información, Desarrollo y Estadística Juridicial del Organismo Judicial (OJ) registra de 2012 al 3 de marzo de 2017 un total de 10,545 casos de delitos en los órganos jurisdiccionales del ramo de adolescentes en conflicto con la ley penal del país, de los cuales 9,399 son hombres.

La SBS, entidad a cargo de los centros de detención para menores, no proporciona estadísticas precisas sobre el perfil de los jóvenes detenidos. Al solicitar los datos de los adolescentes recluidos en los centros de privación de libertad, en la oficina de información pública de la SBS afirman que sólo tienen información de 2013 a 2017, antes de esa fecha la Dirección de Centros Especializados de Privación de Libertad llevaba un control detallado. En la oficina de Comunicación Social, incluso, se indicó que cada vez que se cambia de autoridades las salientes borran la información. Es complicado hacer un análisis comparativo del perfil de los detenidos.

Sin embargo, expertos consultados y las estadísticas de varios informes muestran que la mayoría de los detenidos son jóvenes que provienen de contextos difíciles: pobres, con escasas y limitadas oportunidades para estudiar o trabajar, familias disfuncionales, fracturadas o violentas, que viven en barrios o zonas con escasos o deficientes servicios de salud, educación y esparcimiento, y servicios básicos calamitosos;  barrios con altos índices de violencia y en muchos casos tomados por las pandillas.

A estos muchachos los esporádicos programas de prevención de violencia quizá nunca les llegaron.  Haber nacido donde nacieron y crecido donde crecieron los pone en primera linea para ser reclutados por grupos delincuenciales que predicen su futura detención.

El Mezquital, zona 12. Rodrigo Baires/Plaza Pública

Los jóvenes que ingresan al sistema de justicia son distribuidos en alguno de los cuatro centros “especializados privativos de libertad para menores de edad en conflicto con la ley penal”, todos ubicados en el departamento de Guatemala: Centro Juvenil de Detención Provisional (Cejudep) –conocido como Gaviotas–,  Centro Juvenil de Privación de Libertad para Varones (Cejupliv–Etapa II), Centro Juvenil de Privación de Libertad para Varones II (Cejupliv II-Anexo) y Centro Juvenil de Privación de Libertad para Mujeres (Cejuplim-Gorriones).

En Gaviotas, ubicado en la zona 13 capitalina, hay integrantes de la denominada Mara 18 y “paisas”, es decir, quienes no pertenecen a una pandilla. En Cejupliv Etapa II, ubicado en San José Pinula, hay paisas e integrantes de la Mara 18. En Cejupliv Anexo II, ubicado también en la zona 13, se encuentran internos de la Mara 18, Mara Salvatrucha y paisas. En Cejuplim Gorriones, ubicado en el kilómetro 19.5 carretera a San Juan Sacatepéquez, se encuentra mezcladas las internas, incluso hay adolescentes madres con sus hijos.

Una de las preocupaciones que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) es que dentro de los centros existan jóvenes que han recibido una sanción con otros que están de forma provisional sin que hayan recibido una sentencia.

 

¿Dónde crecieron, cómo vivieron?

Verónica Galicia conoce bien los rostros y las historias de los menores que ahora se encuentran recluidos en los centros de detención. En la última oficina del edificio del Organismo Judicial para menores, en la zona 9 de la capital. Desde hace siete años es titular de uno de los dos juzgados de  Ejecución de Control de Medidas de Niñez y Adolescencia del departamento de Guatemala.

A falta de las estadísticas oficiales, la jueza tiene ya un perfil de los muchachos, de acuerdo a sus observaciones: los muchachos no tienen “mucha” escolaridad, y “cada uno de ellos, tiene una historia que ha incidido para que tomaran un camino equivocado en la vida y esto me motiva a enseñarles una nueva forma de vivir”.

La jueza explica que  más del 70 por ciento de los jóvenes que llega a su juzgados es del departamento de Guatemala, en menor porcentaje le sigue Quetzaltenango, Escuintla, Chimaltenango y Huehuetenango. Los datos de la SBS la respaldan, hasta marzo de este año 722 detenidos son de Guatemala, 39 de Escuintla, 28 de Quetzaltenango,  21 de Chimaltenango, 14 de Suchitepéquez, y 10 de Huehuetenango.

Según  Galicia, la mayoría de casos provienem del municipio de Guatemala, principalmente de las zonas 6 y 18, seguidos por los municipios de  Mixco y Villa Nueva. Los lugares mencionados por la jueza coinciden con  los registrados por la Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Seguridad. En el departamento de Guatemala se reportan en el primer semestre de este año 746 homicidios, la mayor parte de los hechos ocurrieron en el municipio de Guatemala con un total de 306 homicidios, siendo las zonas 6 y 18 las que tienen altos índices de muerte violentas.

Galicia agrega que muchos de los adolescentes provienen de familias de escasos recursos y también con un perfil muy bajo de estudios, donde el padre  y la madre apenas estudiaron la primaria. Esto genera que los padres no tengan trabajos que les permitan cubrir las necesidades básicas de la familia.

José Rogelio Guacamaya del área de la Juventud de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (Odhag), agrega que la mayoría de los adolescentes en conflicto con la ley penal ha sufrido maltrato y violencia intrafamiliar o provienen de hogares desintegrados por el consumo de drogas y alcohol, en donde solo uno de los padres aporta a los gastos.

La maldición de los ninis y la amenaza de las pandillas

El equipo técnico de la jueza Galicia explica que la mayoría de internos de los reclusorios alcanzan sólo nivel primario,  de ellos la mayoría sólo ha llegado a tercero primaria. Además, la mayoría proviene de las escuelas públicas y los coordinados por oenegés que llegan a cubrir vacíos del sistema educativo estatal.

En un círculo vicioso, los muchachos abandonan los estudios, al igual que sus padres, y se encuentran con escasas oportunidades laborales, lo que implica que muchos de los detenidos –otra vez sin cifras exactas- son jóvenes que no estudian ni trabajan. Según Galicia, un 90 por ciento de los muchachos que llegan a enfrentarse con la ley pertenece a la pandilla Barrio 18.

En las entrevistas que se hacen a las adolescentes ellas mismas dicen: ‘En mi grado todas tenemos una tienda para extorsión’, o sea a cada una ya les asignaron sus negocios”, añade el equipo de trabajo de la jueza. Galicia agrega que cuando las mujeres empiezan a estudiar educación básica es cuando con más frecuencia son captadas por los grupos pandilleriles, a diferencia de los hombres que son reclutados en los primeros niveles de primaria.

Francisco Iznardo, coordinador de Proyecto Belice, iniciativa educativa y laboral gestionada por la Compañía de Jesús, centrada en la atención de chicos en zonas marginales, expresa que son muchas las áreas vulnerables y de alto riesgo para los jóvenes  e incluso ellos trabajan en dos zonas con ese problema, la 6 y la 18. Añade que en  la colonia El Limón no funciona el proyecto por amenazas de los pandilleros y porque es una colonia, que además de ser muy violenta, es “manoseada” por los proyectos del Gobierno.

“Dar a conocer los lugares de riesgo no debe estigmatizar más a los jóvenes, porque no todos los adolescentes son o pertenecen a una pandilla”, aclara Iznardo.

Guacamaya, de la PDH, señala que el Gobierno se desliga de los adolescentes y que de cada 10 niños que salen de nivel primario, sólo cuatro ingresan a  secundaria y los demás adolescentes son enviados a trabajar o se involucran en pandillas. Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), las brechas en la cobertura educativa tienden a cerrarse, y “casi seis de cada 10 adultos no terminó la primaria y uno de cada cinco niños tiene altas probabilidades de no concluirla”. Según el  anuario estadístico 2015 del Mineduc, de 4,010,579 estudiantes inscritos en 2015, 179,551 niños y jóvenes abandonaron la escuela en todos los niveles, de este total 81,212 fueron de primaria,53,874 de básicos y 22,619 de diversificado.

Esto equivale a una tasa de deserción escolar de 3.38 por ciento en primaria, 6.58 por ciento en básicos y 5.62 por ciento en diversificado en 2015. En dicho año, en el departamento de Guatemala 42,256 niños abandonaron la escuela. Si se observa a algunos de sus municipios, la Ciudad de Guatemala reportó el mayor abandono con 23,310 niños retirados, le siguen Villa Nueva con 4,478, Mixco con 3,599, San Juan Sacatepéquez con 2,250 y Chinautla con 2,102.

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) y Plan Internacional, en el informe Centroamérica: Análisis regional de la inversión en niñez y adolescencia, evidencia que la baja inversión en educación pública ha condicionado que muchos menores no gocen de la oportunidad de asistir a la escuela, así mismo resalta que “cifras de 2015 permiten establecer que poco más de la mitad de la población estudiantil se encuentra excluida del sistema, es decir, al menos 3.6 millones de niños, niñas y adolescentes del país”.

Icefi señala que las razones que subyacen a la falta de matriculación y la deserción  son diversas y refiere que la  Encuesta de  Condiciones de Vida (Encovi) de 2014 demostró que cerca de 1.2 millones de menores entre seis y 12 años no fueron inscritos en la escuela. La principal razón argumentada por los encuestados se debe a factores asociados con la pobreza, lo segundo al desinterés del alumno.

“Es muy probable que las limitadas oportunidades de trabajo y los bajos salarios ofrecidos a quienes sí culminan sus estudios figuren entre los motivos que impulsan los adolescentes a desinteresarse por el centro educativo. De igual manera, los fenómenos de la violencia (maras) y la migración a zonas urbanas en busca de un trabajo informal pueden ser elementos que desestimulen la estadía en la escuela”, explica el informe de Icefi.

En caso de que los menores de edad sean detenidos y reciban una sentencia, el sistema debe, por ley, proveerle de educación. Sin embargo, según los datos proporcionados por la SBS, este año el 71 por ciento de los internos recibe educación. Según la institución, no todos reciben educación porque no se les ha definido su proceso legal (tener una sanción firme).

“…Respecto a la población interna total se debe a los adolescentes que aún no se les ha definido su proceso legal, para que el equipo multidisciplinario realice su plan individual o proyecto educativo”, indica la SBS. Sin embargo, la jueza Galicia indica que desde que ingresan provisionalmente los jóvenes son inscritos para que continúen sus estudios. “Lo que no reciben (cuando están de forma provisional) son las terapias psicológicas y sociales”, asegura. Pero los datos de la SBS la contradicen.

Según la SBS, en 2017 de 682 que tienen un proyecto educativo; 155 están en primaria, 393 están en básicos,  116 en diversificado y 18 en la universidad.

Se buscó la información de cuántos maestros tiene asignados el Ministerio de Educación (Mineduc) para los centros de detención, sin embargo la oficina de información pública no proporcionó la cantidad de maestros y sólo  indicó que no se incluye población de primaria, solo los básicos a través de las telesecundarias. En el centro de detención de adolescentes Etapa 2, entre 2012 y 2013 se atendió a 160 adolescentes en los tres grados de básicos, mientras que en el centro de detención ubicado en la zona 13, en el mismo periodo se atendió a 331. En los siguientes años no se reportan adolescentes atendidos.

No es generación espontánea, hay factores  de riesgo

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los países con mayores niveles de desigualdad económica tienden a presentar mayores tasas de mortalidad por violencia, y dentro de cada país violento la tasa más elevada corresponde a quienes viven en las comunidades más pobres.

Y Guatemala es un país desigual, pobre y violento. Según el Banco Mundial (BM), en 2011 Guatemala ocupaba el noveno puesto en el mundo y el cuatro en la región  en el ranking de la desigualdad, y ocupa el segundo lugar como el país de mayor riesgo de un crimen violento del mundo, según el Índice de Criminalidad de  la consultora VeriskMaplecroft (superando a México y Honduras y El Salvador).

Según la Encovi 2014, el 59.3 por ciento de la población guatemalteca era pobre, es decir, más de la mitad de la gente tenía un consumo por debajo de Q10,218 al año (Q28 al día). Mientras que el 23.4 por ciento de las personas viven en pobreza extrema, o sea por debajo de los Q5,750 (Q15.75 al día).

El informe Más allá del conflicto, luchas por el bienestar, del PNUD señala que “un 73 por ciento de la población no tiene ningún aseguramiento y las condiciones de saneamiento y de calidad de las viviendas muestran una alta precariedad”. De igual manera, en el 21.9 por ciento de los hogares el hacinamiento es un proble­ma relevante, ya que en ellos habitan tres o más personas por cuarto. Este último factor incide tanto en la salud de las personas, como en la privacidad y el comportamiento de los individuos.

Las oportunidades para las familias que viven en pobreza se complica, ya que la baja escolaridad les reduce las posibilidades de encontrar un empleo digno. Según la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI 3-2016) la población económicamente activa es de 6,808,958 personas, pero el 67.8 por ciento trabaja en el sector informal. Sin embargo,  el  tener uno empleo formal no constituye garantía de mejora salarial, según los encuestados el promedio de salario es de Q2,158.

Para los jóvenes las condiciones no cambian, ya que de la población de 15 a 29 años  el 66.6 por ciento está en el sector informal.

Territorios violentos

Los estudios señalan que la mezcla letal para empujar a los jóvenes a delinquir está en esa combinación entre familias desestructuradas, abandono del Estado en cuanto a los derechos básicos y, un factor determinante: que el territorio en que el muchacho o muchacha crezca sea una zona violenta.

En cuanto a las áreas más violentas de Guatemala, la tasa de homicidios nacional durante 2016 cerró en 27.31 por cada 100 mil habitantes, según estadísticas de la Policía Nacional Civil (PNC), analizados por la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad (STCNS). Los departamentos que tuvieron una tasa arriba de los 50 homicidios por cada 100 mil habitantes fueron Guatemala, Escuintla, El Progreso, Zacapa, Chiquimula e Izabal.

En el departamento de Guatemala, los municipios con las tasas más elevadas de homicidios son Fraijanes (79.57), Guatemala (70.82), San Pedro Ayampuc(60.93), Santa Catarina Pinula (60.01),  Villa Canales (58.11), Villa Nueva (51.71),  Chinautla (50.49) y Amatitlán (50.21). Y en la ciudad capital, las zonas con mayor tasa de  muertes violentas son la 6, 18, 7,  5 y 21.

La violencia también cobra la vida de la población joven, ya que de 2012 al 2016, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) reporta 2,892 menores muertos por causas asociadas a hechos violentos, equivalente al 9.9 por ciento del total (29,188). De éstos 1,946 fallecieron por heridas con arma de fuego y 150 por heridas con arma blanca.

 

Uno de los elementos que generan más violencia y que provocan que los jóvenes empiecen a delinquir, es el de las pandillas, que tienen su origen en Estados Unidos, en la década de 1990, y por efecto de las deportaciones y el retorno de los migrantes se fueron expandiendo  a otros países, principalmente Guatemala, El Salvador y Honduras.

Según el Programa Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas existen dos grupos: Mara Salvatrucha (MS o M13) y el Barrio 18 (M18). El informe detalla que la Salvatrucha tiene 31 células activas.

Al observar los mapas de los territorios de las pandillas se evidencia que se concentran en el departamento de Guatemala, lugar que atrae a mucha de la migración interna de todo el país. Las áreas ocupadas por pandillas coinciden también con el origen de los jóvenes en los centros de detención.

En agosto del 2016, en una nota publicada en  Prensa Libre, Erwin Rayo de la Fundación Terre des Hommes o Fundación Tierra de Hombres (oenegé que se dedica a promover los derechos de los niños y en mejorar las condiciones de vida de la infancia más vulnerable con acciones de sensibilización y educación para el desarrollo) compartió datos de un estudio exploratorio efectuado por esta organización a jóvenes detenidos en Centroamérica. Demostró que el 26.3 por ciento cometió el delito por el que está procesado penalmente bajo los efectos de alcohol, drogas o ambos.  Además indicaba que el 13.7 por ciento de los entrevistados aseguró que el delito que enfrentaba se relaciona con que lo hicieron para conseguir o comprar drogas.

El marco legal que respalda a la niñez y juventud, el papel aguanta…

A través de los años el Estado ha creado normativas para proteger los derechos de los niños y adolescentes. El marco legal se amplió aun más a partir de  la firma de los Acuerdos de la Paz. La  Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia define la forma en que un joven debe ser juzgado, pues su tratamiento no debe ser igual al de un adulto. Y en 2012 se crea la Política Nacional de la Juventud y con ello el Gabinete Nacional de la Juventud presidido por el Presidente.

Este Gabinete tenía una duración de cuatro años a partir de publicado en el Diario Oficial, es decir que el 13 de agosto del año pasado quedó sin vigencia. Un informe presentado en 2016 por la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) puso atención al vencimiento del Gabinete. “En ese documento se les hizo ver la urgencia de ampliar o aprobar una prórroga del Gabinete, pero no hubo respuesta. Ahora se les recordó que no es una prórroga, ahora es necesario la creación de un nuevo Gabinete”, critica  Abner Paredes, de la Defensoría de la Juventud.

Paredes agrega que el Consejo Nacional de la Juventud (Conjuve) confirma haber elaborado un proyecto y haberlo entregado a la Vicepresidencia. Al hablar con la vicepresidencia se indicó que estaban en una reunión y que la solicitud se hiciera por escrito.

En el extinto Gabinete se incluían la supervisión y evaluación de 47 programas enfocados a jóvenes en riesgo y vulnerables con una inversión de Q334.2 millones dirigido a 700 mil beneficiarios, de los cuales a septiembre 2015 únicamente se había ejecutado el 41 por ciento del presupuesto y había alcanzado sólo a la mitad de los beneficiarios previstos, según la Procuraduría.

Entre ellos se puede mencionar los  programas: Jóvenes Protagonistas, a cargo del ministerio de Desarrollo Social, Escuelas Seguras, Plan de rehabilitación y programas preventivos, entre otros.  “En una supervisión que se hizo se confirmó que las becas estudiantiles no se promovieron y fueron muy pocos los adolescentes beneficiados”, denuncia Paredes.

A raíz de esas normativas se han creado espacios en entidades dentro los organismos estatales para proteger a los niños y jóvenes entre ellos:

El eterno pendiente, la prevención

En marzo de 2004, el ministerio de Gobernación creó el Tercer Viceministerio de Prevención de la Violencia y el Delito para trabajar acciones de apoyo comunitario y prevención. Una de las primeras tareas del viceministerio fue la creación de la Política Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito, que comprende: prevención de la violencia, seguridad ciudadana y la convivencia pacífica.

Dentro del área de violencia y prevención del delito se planificó la prevención primaria dirigida a la población que no está en riesgo, prevención secundaria enfocada a población en riesgo de cometer algún delito y prevención terciaria enfocada en el sector de la población que ya ha cometido un acto delictivo.

Axel Romero, viceministro de Prevención de la Violencia y el Delito, indica que como parte de la política han trabajado en esos tres niveles de prevención con programas dirigidos a diferentes tipos de poblaciones. “Estamos a cargo de la organización comunitaria para la prevención en donde organizamos a las comunidades para que formen programas de prevención dentro de sus barrios”, declara Romero.

Según el Mingob, el plan de trabajo está en 170 municipios, 12 departamentos y 200 comisiones comunitarias. En cada una de ellas realizan un diagnóstico de la problemática que está afectando al barrio y en la mayoría de veces es la violencia juvenil.

“Contamos con un área de juventud, una de ellas es Escuelas Seguras, que trabaja en los centros educativos y brinda charlas a los estudiantes, padres de familia y catedráticos. En este programa se trabaja la autoestima, el consumo de drogas y la calidad de vida que los jóvenes desean”, explica el funcionario.

Pero el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) en el estudio ¿Cómo lograr mayor incidencia en la Prevención de la Violencia y el Delito? señala que ese programa comenzó en junio de 2009 y su objetivo era consolidar a las escuelas públicas como espacios seguros. Pero toda escoba nueva siempre barre bien, pues el programa en 2010 alcanzó a 31,483, un año después llegó a 27 mil jóvenes  y en 2012 Gobernación no reportó ninguna atención. En 2014 la cifra se redujo a 23 mil.

El defensor de la Juventud confirma que el trabajo que realizan las autoridades evidencia que la mayoría de los programas se concentran en el nivel primario por ser menos complicado y poco se concentra en la rehabilitación y la reinserción.

Carlos Menocal, exministro de Gobernación (2010-2012), considera que Jóvenes Protagonistas, conocido en su gestión como Escuelas Abiertas, ayudó en la zona 18 a reducir el índice de incidencia criminal, que bajó en 40 por ciento, tenían una cobertura para 350 mil adolescentes, pero en el gobierno Patriota se redujo a 16 mil.  “Ha habido un retroceso en el tema de prevención, de reinserción en integración de la juventud que se refleja en la cobertura y el destino de los recursos”, afirma Menocal.

El exministro agrega que desde su gestión ha habido  un retroceso en materia de prevención en la juventud y que se refleja en dos aspectos: reducciónde cobertura y de presupuesto. Explica que el rubro de prevención tenía asignado Q16 millones al año y en la época de Pérez Molina apenas se ejecutó Q3.7 millones en ese rubro. 

“A nosotros nos funcionó la ley, sin embargo en el tiempo del Patriota se deja de  priorizar la ley de servicio civil porque ellos no creían en programas preventivos y le apuestan a los programas enfocados a mano dura”. Allí fue donde se baja la ejecución de los programas asignados a la prevención y este Gobierno (Jimmy Morales) el problema que tiene es que aparte que le bajaron los recursos, ellos no tienen una agenda”, concluye.

Al consultar al Mineduc, la cantidad de recursos que destina para prevención, se indicó que no cuenta con un rubro específico, sin embargo tiene programas donde se aborda en las escuelas, tal como el protocolo de identificación, atención y referencia de casos de violencia dentro del sistema educativo.

Por motivación propia

Una sonrisa tímida lo identifica. Tiene 28 años, en su brazo un tatuaje del Barrio 18. Hace diez años él era miembro de la pandilla, su fin era ser escuchado y tener un grupo con quien identificarse, su nombre era Herman Hernández, pues por el riesgo que representó estar en el grupo ahora lo cambió.

Herman  vivió en San Pedro Ayampuc, era uno de ocho hijos, aunque tenía trabajos temporales, estudiaba en los tiempos libres, en una escuela a cargo de una oenegé, sin embargo en ese espacio fue donde uno de sus compañeros lo convenció de integrar la pandilla.

“No era bueno estar allí, yo lo sabía, pero en busca de una compañía y amigos lo hice, lo que me gustaba era el respeto que la gente me tenía, porque sabían que era parte de la clica. Más cuando los amenazaba con la pistola, me gustaba cuando me rogaban que no les disparara”, dice Hernández.

La decisión de salirse no fue por ningún programa o ayuda estatal, fue el ver que los miembros de las pandillas rivales estaban matando a las familias de sus amigos. “Eso me hizo salir de la banda, el saber que podrían matar a mi madre o mis hermanos. Fue difícil, pero lo logré. Ahora trabajo honradamente y tengo una familia”, narra.

Herman es uno de los tantos jóvenes que entran al sistema de justicia por haber transgredido la ley, para quienes el Estado está obligado a crear programas de reinserción y resocialización. Él, al igual que muchos, no recibió atención psicológica o participó en programas que lo ayudaran a la reinserción, pero, como pocos, logró rehabilitarse sin ayuda, por una decisión que tomó fue la que hizo tomar un nuevo camino.

Lizandro Acuña, experto en Seguridad y Justicia del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos,  asegura que la responsabilidad de rehabilitar y reinsertar a los jóvenes también es de las entidades que deben trabajar de forma conjunta con la SBS, que  deben tener una supervisión constante como la Procuraduría de Derechos Humanos, los jueces quienes deben  tener visitas constantes, lo cual actualmente se incumple.

Paredes afirma que: “El modelo que ha desarrollado la SBS no ha logrado ser totalmente efectivo. No se cuenta con el personal y la cantidad suficiente para desarrollar estos procesos, resulta ser que hay centros sobrepoblados que rebasan su capacidad, el equipo técnico no se da abasto para hacer esa atención”.

Para la jueza Galicia los programas dirigidos a los adolescentes no funcionan, ya que en la SBS cuenta con pocos profesionales para atender a los jóvenes. “La reinserción descansa en el trabajo de los equipos técnicos, que a pesar que no estamos como quisiéramos y de las pocas frecuencias con que abordan a los adolescentes hemos tenido buenos resultados,” añade.

María Fernanda Galán, experta de Seguridad y Justicia de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), señala que la prioridad de la SBS debería ser la categorización de los adolescentes, es decir la clasificación de los grupos por delito y edades para evitar que exista una contaminación, y además contratar al personal adecuado.

Sin políticas públicas

Los programas de prevención de la violencia para eliminar el riesgo de que los jóvenes ingresen a grupos delincuenciales  deberían funcionar como una política pública y no como una acción para apagar el fuego. El riesgo empieza, según, Guacamaya, desde el momento en que un niño nace, porque para ello debe preparar a los padres para que guíen a los hijos. “Más que programas preventivos se debe trabajar programas enfocados al desarrollo individual de los niños, desarrollo social y organizativo; hasta ahora Guatemala ha sido un Estado que siempre ha reprimido la organización”, critica.

En el mismo sentido, Walter Menchú, del CIEN, afirma  que: “El tema de la paternidad es importante  porque si el padre no sabe cómo atender a los niños, los niños también van creciendo en una atmosfera violenta, al final los predispone y es un factor de riesgo bastante al alto para que puedan  involucrase en actividades violentas a futuro”.

Rosa María Ortiz, experta internacional en derechos humanos y de la niñez y adolescencia, resalta que es la ausencia de servicios hace que los jóvenes no tengan las posibilidades de planificar sus vidas y sean víctimas fáciles de la captación por parte del crimen organizado.

Ortiz afirma que condenar a estos jóvenes que se encuentran en los centros de detención resulta complicado, cuando en realidad son personas que desde niños se les han limitado las condiciones para un desarrollo pleno.  “Estas condiciones se agudizan aún más cuando son encerrados porque en lugar de generar programas de reinserción y resocialización se les sumerge a un hacinamiento y una serie de violaciones que reducen las posibilidades de que salgan de ese lugar en el que cayeron”.

Para Ortiz, la petición de la sociedad de aumentar las penas y reducir la edad para que los menores transgresores sean sancionados, no es una solución. “La convención dice que los menores de 18 años no pueden tener las mismas leyes de los adultos, tienen que tener una consideración especial porque precisan de una atención que les permita desarrollar las habilidades para subsistir en la vida”.

Para la experta, las penas más largas no funcionan porque “el aislamiento educa más para el crimen que para la reinserción”.

“A nadie le conviene tomar ese tipo de medidas que afectan a estas personas y afectan a la sociedad, es falta de información pensar que cuanto más tiempo los adolescentes estén privados de libertad va a ser una medida que favorece a la sociedad. Eso no es cierto, más bien empeora porque no hay reinserción… tenemos que apostar en asegurar los derechos  económicos, sociales y culturales porque eso va a evitar esta otra situación que nos preocupa hoy y que las respuestas que se dan hoy a esos problemas son punitivas, deshumanizan  y no colaboran ni con esas personas ni con la sociedad”.

Quizás, todo se resume en lo que afirma Ortiz “justamente donde no está el Estado con política social, está el crimen organizado, éste se hace cargo de los adolescentes porque los Estados no lo hacen”.

Foto de portada: Esteban Biba/EFE

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