Nada convencional. Poco común. El proceso electoral de 2019 en Guatemala se presenta como un escenario poco esperado, de sensaciones atípicas, lleno de incerteza.

Estas elecciones podrían entenderse, como dice el politólogo costarricense, y primer expositor del Ciclo de Actualización para Periodistas (CAP) en tema electorales, Eduardo Núñez, como la siguiente estación de la crisis política acumulada desde 2015, a raíz de la renuncia del ex presidente Otto Pérez Molina.

Hay nuevas reglas electorales, pero con actores remanentes del viejo sistema. Hay más partidos políticos participando, como nunca antes, aunque con varios candidatos que repiten o se encuentran cercados por infinidad de problemas judiciales. Además de que el evento electoral transcurre dentro de un contexto polarizado, configurado principalmente entre dos grandes posturas: aquellos que están a favor de la lucha contra la impunidad y los que argumentan la intervención extranjera en casos de corrupción y se oponen a ella.

Núñez explica que resulta necesario categorizar los desafíos de las elecciones de 2019 desde dos panorámicas abarcadoras: 1. Los retos propios e inherentes al régimen político guatemalteco, que tiene que ver con las leyes, las instituciones y los procedimientos establecidos en la Constitución y en la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) y 2. Los factores que son exógenos o contextuales y que tienen que ver con los entornos, el sociopolítico y el económico, en los que se desarrolla el evento electoral.

Con las reformas a la LEPP de 2016, varias cuestiones en la forma de llevar a cabo las elecciones en Guatemala cambiaron de manera casi radical. Un antes y un después. Por lo que 2019 se presenta como la tercera vez en el período democrático en el que se somete a prueba una nueva normativa electoral.

Ocurrió una primera vez en 1985 con la transición a la democracia.

Luego una segunda -en 2007- con la reforma que creó el Registro Nacional de las Personas (Renap), el Documento de Identificación Personal (DPI), propició la descentralización de las Juntas Receptoras de Votos (JRVs) y la fiscalización de las finanzas de los partidos.

Y ahora, en 2019, donde los cambios más importantes desde la perspectiva interna, como indica Eduardo Núñez, son los siguientes:

• Los tiempos electorales han cambiado. El calendario se adelantó y la campaña política que duraba hasta 8 meses se compactó a menos de la mitad. “Los plazos políticos eran simétricos, entre el proceso de organización de las elecciones y la campaña propiamente dicha”, analiza Núñez. “Se caracterizaban por tomar todas las partes del proceso en un mismo período de tiempo. El empadronamiento, la inscripción de los partidos, la administración, la campaña…”
  
  
• Otro cambio es la reducción de los costos electorales. Núñez indica que este cambio es lógico, ya que a menos tiempo de campaña los costos en general disminuyen. Pero además, de fondo, lo que se buscaba con un período electoral más corto era reducir la necesidad de dinero de los partidos políticos. “La lógica era que los candidatos dependieran menos de la búsqueda de financiamiento”, dice el experto.
  
  
• Uno de los nuevos factores es la capacidad del TSE para la auditoría electoral. Puede decirse que es una herramienta potente, pero depende, sobre todo, de la manera en que los magistrados del TSE la quieran utilizar. Según Núñez, el control y fiscalización sobre los partidos políticos está diseñado para morder, el tema es que el órgano electoral quiera o sepa definir cómo hacerlo. Además, en este proceso 2019, el TSE cuenta con el apoyo interinstitucional de otras dependencias como la Contraloría General de Cuentas, la Superintendencia de Administración Tributaria, la Superintendencia de Telecomunicaciones y la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos – para el control cruzado del régimen de financiamiento – así como del Ministerio Público, y la PNC a efectos sancionatorios y de seguridad. Aunque no se ha tenido el éxito esperado, el proceso de construcción de capacidades es un camino que ha iniciado.
  
  
• En estas elecciones, la igualdad de condiciones de participación y competencia es otro cambio importante. En términos de medios de comunicación, se cuenta con un nuevo marco regulatorio, que prohíbe la contratación privada de medios, y establece que el TSE es el único que puede contratar medios para la campaña electoral. En la práctica, la dinámica de invitar a los medios a inscribirse y el rechazo de buena parte de estos a la tarifa reducida que ha sido establecida en la LEPP (20% del valor de mercado), tuvo como consecuencia real que solo 45 empresas de cable y televisión, 17 radios y 5 medios escritos se acercaran para trabajar con esta nueva forma de campaña electoral para los partidos políticos.
  
  
• Una cuarta transformación se encuentra en el reforzamiento del régimen de sanciones. Antes, las multas para los partidos ascendían a la ridícula suma de US$125 máximo. Ahora las penalidades tienen más concordancia con los gastos políticos de los partidos. Además de que la responsabilidad penal, recae en los secretarios generales de los partidos políticos, “se personaliza e individualizan las penas, cosa que antes era más general y sin consecuencias visibles”, señala el expositor del CAP.
  
  
• Otro elemento a tomar en cuenta, uno que afecta de modo interno a las elecciones, es el voto en el extranjero. Sin embargo, según explica Eduardo Núñez, esta nueva variable, de momento, no parece que vaya a ser significativa.