Imagen: Bloomberg News

Los impuestos como ejercicio democrático

Una política fiscal que garantice el acceso a derechos fundamentales es necesaria para que exista una democracia plena. En Guatemala, sin embargo, ha estado dirigida a beneficiar a grandes grupos empresariales a partir de privilegios fiscales y en detrimento de las mayorías.

Redacción CAP

La narrativa oficial que se ha mantenido durante todo el siglo XX caracteriza a la economía guatemalteca únicamente a partir de indicadores macroeconómicos.

“Nos dicen que Guatemala tiene una tasa de crecimiento económico estable, que la inflación es relativamente baja, que el desempleo es únicamente del 2.8% y que hay superávit en la cuenta corriente de la balanza de pagos del Estado”. Además se afirma que “en 2023 hubo un nivel sin precedentes de reservas monetarias internacionales y que la deuda pública es solo del 27.8% del PIB”, dijo Ricardo Barrientos, director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) para iniciar su exposición en el Ciclo de Actualización para Periodistas (CAP) sobre Democracia en Guatemala.

Si nos basáramos únicamente en estos indicadores para entender la economía guatemalteca y la forma en que el Estado maneja la política fiscal, se podría pensar que Guatemala es un país con niveles de pobreza muy bajos y en donde todas y todos tenemos acceso a oportunidades para alcanzar el desarrollo, reflexionó Barrientos.

Sin embargo, esta narrativa oculta una “realidad incómoda”. Y es que en Guatemala “unos pocos se enriquecen mientras las grandes mayorías enfrentan situaciones económicas cada vez más adversas”, señaló.

Para empezar a caracterizar la economía guatemalteca desde otra perspectiva, Ricardo Barrientos señaló las marcadas disparidades en el acceso al crédito que existen en el país.

“Mientras que las grandes corporaciones y capitales privados gozan de amplias facilidades y bajas tasas de interés, para la mayoría es sumamente difícil y costoso obtener financiamiento.  Esto limita la capacidad de la población de invertir productivamente y mejorar su ingresos, explicó.

Diapositiva de la presentación de Ricardo Barrientos “Desafíos económicos y fiscales de Guatemala” en Ciclos CAP.

Por otro lado, dijo, aunque el sector empresarial “se autoproclama como el gran generador de empleo” son las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) las que generan el 80% de los puestos de trabajo en el país. “A pesar de esto, son estas MIPYMES las que enfrentan las mayores dificultades de acceso a capital”, aseveró.

Barrientos también destacó un cambio estructural clave y preocupante en el sector externo de la economía guatemalteca. Tradicionalmente se espera que sean principalmente las exportaciones, el turismo y la inversión extranjera los motores de la generación de divisas en una economía abierta y globalizada, indicó.

“No obstante, en el caso de Guatemala, todos estos rubros han sido ampliamente superados por las remesas familiares enviadas por los migrantes (que se vieron) forzados a dejar el país ante la falta de oportunidades”.

Solo en 2023, el monto de las remesas (US$19,804 millones) fue equivalente a más del doble de los ingresos tributarios del gobierno y superó por mucho a las exportaciones y los ingresos por turismo, sostuvo.

Diapositiva de la presentación de Ricardo Barrientos “Desafíos económicos y fiscales de Guatemala” en Ciclos CAP.

“Lo que estamos viendo es que son quienes no son la prioridad, quienes han sido expulsados, los marginados, quienes están en la última línea, en el último renglón de las prioridades de la política económica, los que están sosteniendo el tipo de cambio, la estabilidad macroeconómica”, sentenció Barrientos.

Paradójicamente, sectores privilegiados por la política fiscal, como la maquila y las zonas francas que reciben generosos incentivos tributarios, no son los que realmente están alimentando el dinamismo externo.

Es la “competitividad espuria” basada en la precarización laboral y salarial la que genera las condiciones de expulsión, explicó el director del ICEFI a las y los periodistas participantes en el CAP.

Foto: Simone Dalmasso / Plaza Pública

El último puesto de la región

Ahondando en el ámbito fiscal, Barrientos señaló que Guatemala tiene el gasto público y la carga tributaria más bajos de toda Centroamérica, lo que se traduce en un Estado débil y ausente, incapaz de proveer servicios públicos y bienes colectivos de calidad. “Los ingresos tributarios son insuficientes para financiar siquiera la operación básica del gobierno y la inversión pública es prácticamente inexistente”, apuntó.

La baja recaudación se explica, según Barrientos, por un sistema tributario regresivo, plagado de privilegios fiscales, altos niveles de evasión y elusión, y una cultura de incumplimiento.

Mientras tanto, el gasto público se encuentra estancado y es inefectivo para cerrar brechas sociales en educación, salud, vivienda, infraestructura y protección social. La corrupción endémica únicamente agrava el problema de la baja ejecución y calidad del gasto, indicó el especialista.

Foto: Simone Dalmasso / Plaza Pública

Esta situación contrasta con los países más exitosos de la región en cuanto a desarrollo humano y competitividad, como Costa Rica y Panamá.

Ambas naciones, con cargas tributarias más robustas y políticas públicas universales, logran generar entornos atractivos para la inversión de alto valor agregado no por ofrecer exenciones fiscales, sino por contar con mano de obra altamente calificada, infraestructura moderna y menores niveles de conflictividad social, dijo Barrientos.

Para el experto, esto evidencia que apostarle a una competitividad basada únicamente en incentivos tributarios es contraproducente e insostenible en el largo plazo.

Presentación de Ricardo Barrientos “Desafíos económicos y fiscales de Guatemala” en Ciclos CAP.

Guatemala: entre la pobreza y la desigualdad

Más allá de la narrativa oficial basada en los indicadores macroeconómicos que no toman en cuenta la realidad de vida de las grandes mayorías, la política fiscal y el modelo económico vigente en el país han provocado enormes brechas sociales.

En su presentación, el director del ICEFI  remarcó los siguientes datos:

  • 1.9 millones de niños, niñas y adolescentes entre 5 y 18 años se encuentran fuera del sistema educativo. De ellos, 7 de cada 10 son mujeres y 8 de cada 10 viven en pobreza.
  • El 46.5% de niños y niñas menores de 5 años padece desnutrición crónica, porcentaje que se eleva al 61% en el caso de hijos de madres indígenas, reflejando el racismo estructural del Estado.
  • La tenencia de la tierra está altamente concentrada: el 92% de los pequeños productores posee apenas el 22% de la superficie cultivable, mientras que el 2% de las grandes fincas acapara el 57% del territorio agrícola.
  • El 79% de la población indígena vive en condiciones de pobreza, en comparación al 46% de los no indígenas. La inversión pública por persona es la mitad, cuando se trata de población indígena.
  • 3.7 millones de personas se encuentran en pobreza extrema, en riesgo de morir de hambre. En el 76% de estos hogares una mujer es la jefa de hogar.
  • Guatemala concentra el 47% de las personas en situación de pobreza de la región centroamericana.
  • La cobertura del sistema de salud pública está diseñada para atender a la población que el país tenía hace 75 años.

Con esos indicadores, “Guatemala no va a salir adelante si no hay un cambio sustancial en cómo se conduce la economía y el sector fiscal. La desigualdad, la pobreza y la exclusión no son simples problemas sociales, sino fallas políticas estructurales que requieren respuestas integrales”, advirtió Barrientos.

Foto: Pablo Tosco / Oxfam

Política fiscal y democracia, tareas pendientes del Estado

El director del ICEFI fue categórico al afirmar que sin reformas profundas en la política fiscal y económica, orientadas a cerrar brechas sociales y garantizar derechos, la democracia en Guatemala no es viable.

“Una democracia que funcione no puede limitarse a eventos electorales periódicos, sino que debe apuntar a mayor igualdad, inclusión y progreso colectivo. Lamentablemente, el Estado guatemalteco ha sido cooptado para responder a los intereses de pequeños grupos que concentran la riqueza y el poder, en perjuicio de las necesidades apremiantes de la mayoría de la población”, indicó.

Si bien el combate frontal a la corrupción es urgente y necesario, por sí solo resulta insuficiente, dijo Barrientos.

Para el experto, la lucha por la transparencia debe estar acompañada de una agenda de transformaciones estructurales. “Incrementar significativamente la cantidad, calidad y progresividad del gasto público y su financiamiento es imperativo para construir un país más justo y equitativo”, afirmó.

No hacerlo equivale a perpetuar un statu quo de privilegios para unos pocos y precariedad para muchos, terreno fértil para la conflictividad y el autoritarismo, concluyó el economista.

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