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Imagen: Ciclos CAP
La lucha contra la impunidad en los escenarios preelectorales
En las elecciones generales de 2019 sabremos si los cambios realizados a la Ley Electoral y de Partidos Políticos dieron sus frutos o si las viejas estructuras políticas, que se resisten a transparentar el uso de los recursos de los partidos políticos, continúan buscando opacidad.
Redacción CAP
Renovar el sistema o defender el viejo modelo. Avanzar o retroceder. Guatemala, de cara a las elecciones generales de 2019, se mantiene en una encrucijada.
Para Julio Donis, el expositor de la novena sesión del Ciclo de Actualización para Periodistas (CAP), la posibilidad de que se genere una crisis en el sistema democrático es palpable. A tan solo un mes de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) convoque a elecciones generales, los desafíos son gigantes.
Las elecciones de 2019 se han configurado a partir de un contexto en el que se mantiene un pulso entre aquellos que han procurado impunidad en las últimas décadas y otros actores que buscan reformas y herramientas de fiscalización en el sistema de partidos políticos.
La falsa narrativa, de buenos contra malos, explica Donis, se centra en el discurso de polarización que se plantea a la sociedad a raíz de la lucha contra la impunidad y la corrupción en Guatemala.
Hay dicotomía. Hay contradicción. Nacionalistas que entienden todo como una intervención directa a la soberanía. Y reacciones adversas a cualquier tipo de cambio o propuesta para transparentar los estados financieros de los partidos políticos. “Las elecciones de 2019 deben enmarcarse dentro de un problema social que no ha sido resuelto”, dice Donis. “Si el Estado no plantea la corrupción y la impunidad como problemas estructurales, y sobre todo, no intenta analizarlos y combatirlos, el sistema electoral de Guatemala puede llevarse a cabo en medio de una crisis”.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE), en este sentido, está a prueba. Son 6 mil 642 cargos públicos en juego. Y hasta ahora 27 partidos en contienda. Hay 7 millones de votantes registrados y otros 2.5 millones que no han sido empadronados.
Las dudas además se articulan ante la ingobernabilidad, la conflictividad social, las reformas a la ley electoral, la garantía de un proceso transparente, y la dificultad de controlar y fiscalizar las candidaturas y los partidos políticos participantes.
En la actualidad, no existe un sector o entidad o propuesta política capaz de articular todas las demandas en un único proyecto. Un factor que también forma parte de las características más importantes del proceso electoral que se llevará a cabo en 2019.
El proceso electoral 2019 y los retos que se enfrentan son explicados a las y los periodistas CAP.
En 2015, tras la renuncia del ex presidente Otto Pérez Molina y de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, acusados de liderar una estructura dedicada a la defraudación aduanera, se empezó a analizar de manera más profunda el sistema electoral y de partidos políticos de Guatemala. Se ubicaron causas, dinámicas y modos de operación que llevaron a una crisis política marcada por la corrupción, la cooptación y captura del Estado.
Correlación entre desempeño electoral presidencial y gasto de campaña 2007, 2011 y 2015. Fuente: Monitec 2016.
La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) llamó a estas dinámicas electorales “el pecado original de la democracia”. Una frase que describía la manipulación de los procesos electorales por parte de los partidos políticos, con controles laxos, caracterizados por el continuo irrespeto de los marcos legales.
En el centro de este tipo de procesos electorales de la democracia guatemalteca, quedaba cuestionado el ente organizador y fiscalizador de los partidos políticos: el TSE. Cómo estaba constituido, cuáles herramientas de control tenía a su disposición, de qué forma había actuado históricamente, las dificultades que había enfrentado, su autoridad y legitimidad sobre los partidos y candidatos, las capacidades reales para dirigir un proceso electoral.
Los nuevos instrumentos del TSE, no obstante, dice el expositor, se centran en evitar la posibilidad de que las estructuras criminales o de poder busquen cooptar a través del financiamiento al Estado de Guatemala.
Son 6 mil 642 cargos públicos en juego. Y hasta ahora 27 partidos en contienda. Hay 7 millones de votantes registrados y otros 2.5 millones que no han sido empadronados.
El proceso electoral 2019, como dice Donis, aún es una moneda al aire. Hay cuestiones legales que se deben resolver antes de la convocatoria que será lanzada en enero 2019. Hay partidos políticos en riesgo de cancelación. Hay detalles que necesitan ser afinados.
Por ejemplo, el financiamiento indirecto es uno de los controles que aún no cuenta con una resolución definitiva. En específico, la forma en que los partidos políticos pueden comprar espacios de publicidad en los medios de comunicación. Según Donis, administrar la pauta igualitaria para todos los partidos en los medios de comunicación es crucial para no regresar a la vieja práctica en la que millones de quetzales se invierten en la imagen de los candidatos.
Ingresos reportados y monitoreados por partido durante las elecciones de 2015. Fuente: Monitec 2016.
El voto en el extranjero es otro de los factores a tomar en cuenta en estas elecciones. Un número significativo de connacionales radica en Estados Unidos. Solo en el estado de Los Ángeles podría igualarse la cantidad de personas que votan en el mayor distrito electoral del país. Las y los migrantes envían remesas y hacen estable el sistema financiero de Guatemala, por lo que tienen interés, como explica Donis, en influir en la toma de decisiones políticas a través del proceso eleccionario. Sin embargo, no ha iniciado la socialización de cómo será la administración del voto fuera de Guatemala.
Los tiempos electorales también sufrieron una importante modificación. Todo se adelantó. Desde la convocatoria, hasta el día de elecciones generales. La campaña inicia en marzo 2019. En junio es probable que exista un nuevo presidente para Guatemala. Donis, sin embargo, plantea que para cumplir los plazos constitucionales de la presidencia, se tendrán por lo menos seis meses de transición.
El TSE junto a los partidos políticos deben adaptarse a un proceso electoral con nuevas reglas. Donis insiste a las y los periodistas CAP que la resistencia a los cambios es algo esperado. El viejo régimen no desaparece de la noche a la mañana. No. Es un proceso paulatino. Y en lo que se acomoda la democracia a estos controles de transparencia y fiscalización, la incertidumbre y la crisis son cuestiones que pueden suceder. Hay una clase política desafiante cuyas actuaciones producen desequilibrios en el sistema de pesos y contrapesos. Y un TSE que tiene el gran reto de activar y hacer valer cada una de sus herramientas. El objetivo principal radica en asegurar la legitimidad de las elecciones de 2019 y de la democracia.
Infografía: NDI
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