Ilustración: InSight Crime

Financiamiento: ¿el origen de todos los males?

En los últimos años las campañas políticas se han convertido en la puerta de entrada para que grupos de poder y estructuras criminales se posicionen en los partidos políticos. Por eso resulta crucial aumentar los controles sobre el origen de los fondos y el registro de los recursos.

Redacción CAP

En el sistema político electoral la transparencia sobre el origen de los fondos y el registro de los recursos, a través de canales y procedimientos establecidos, juega un papel fundamental para garantizar la legitimidad y credibilidad.

En Guatemala, el financiamiento electoral de las organizaciones políticas está regulado en la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEEP) -que data de 1985 y que ha tenido varias reformas, la última en 2016- explicó Julio Donis, sociólogo e investigador, a las y los periodistas que participan en el CAP sobre Democracia y Elecciones.

Los recursos pueden provenir del ámbito público, privado o mixto, señaló el especialista. Dentro del financiamiento público existen diferentes modalidades, una es el aporte directo por el número de votos obtenidos. La ley guatemalteca establece que las agrupaciones políticas reciban el equivalente a dos dólares americanos (USD. 2.00) por cada voto obtenido durante la primera vuelta electoral, apuntó.

El financiamiento público también se da por la vía indirecta. Por ejemplo, a través de la distribución de la pauta en los medios de comunicación y de la utilización de espacios públicos gratuitos para realizar actos políticos durante la campaña electoral.

Captura de la presentación “El financiamiento de la política partidaria” de Julio Donis en Ciclos CAP

“También está el financiamiento privado, que son contribuciones de personas individuales y jurídicas a las organizaciones políticas y a sus campañas”, dijo Donis. Y finalmente está el mixto, cuyos orígenes se combinan entre lo público y privado.

Para regular el financiamiento, existen políticas regulatorias y redistributivas, señaló Donis. Las primeras imponen límites a los gastos y contribuciones de las organizaciones, promueven la fiscalización, prohíben el anonimato de los aportes y establecen controles al financiamiento privado. Por su parte, las distributivas consisten en el financiamiento público y exenciones fiscales, por ejemplo.

El dinero en la política

En las últimas décadas han existido actores que buscan cooptar el poder formal para fines particulares a través de entregar sumas de dinero a organizaciones políticas durante las campañas electorales.

“En ese sentido, hay que comprender que el dinero en la política a menudo se traduce en conflictos de interés. Por ejemplo, en las corporaciones municipales hay alcaldes que al momento de conquistar la silla edil, tienen una deuda con quienes les financiaron su campaña y buscan pagarlo a expensas del poder que ostentan. Ello provoca que las instituciones se corrompan”, indicó el expositor.

En los últimos años, dijo, hemos visto cómo las campañas políticas se han convertido en la puerta de entrada para que grupos de poder o incluso estructuras criminales se posicionen en los partidos que tienen posibilidades de ganar curules en el Congreso. Por eso resulta crucial aumentar los controles sobre el origen de los fondos y el registro de los recursos.

Ilustración: iStockPhoto

“El manejo del financiamiento en la política ha tenido efectos en la corrupción. Es importante manejar de manera transparente y eficiente el dinero para que exista una política eficiente”, explicó el sociólogo.

Los efectos perversos del financiamiento

Donis comentó que en Guatemala los delitos por el uso y el manejo indebido del financiamiento de la política están definidos en el Código Penal y en la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP). “Concretamente, el financiamiento electoral ilícito directo sucede cuando se confirma que el origen de los fondos de una organización política es del narcotráfico o del crimen organizado”, añadió.

El financiamiento corrupto en la política tiene efectos como las distorsiones en la democracia, la inequidad en la competencia electoral, la pérdida de credibilidad en los partidos políticos, la dilapidación de recursos públicos y la garantía de impunidad para los sujetos ilícitos, indicó Donis.

“Este delito no puede verse de forma aislada porque la intención del sujeto ilícito es la cooptación del poder formal. De ahí el error de suponer que la responsabilidad de darle seguimiento a este delito es solo del Tribunal Supremo Electoral. Más bien, le corresponde a las instituciones implicadas en este escenario, como la Contraloría General de Cuentas y Ministerio Público”, señaló.

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Además, se debe tomar en cuenta que el financiamiento ilícito no es un delito que pueda verse de forma aislada de otro tipo de actos criminales. Por lo general, siempre va asociado al lavado de dinero u otros activos, al narcotráfico, al cohecho y a la malversación de fondos públicos, apuntó el investigador.

Históricamente, el grupo de actores que solían financiar organizaciones políticas se conformaba por grupos empresariales, proveedores del Estado, donadores anónimos y redes criminales. Esto les permitía un dominio sobre los funcionarios, tráfico de influencias y aumentar sus negocios con el Estado.

“Todo ese dinero llegaba a la esfera del Estado y causaba un efecto de dominio sobre los funcionarios. Pero este esquema cambió en 2016 (con las reformas a la Ley Electoral)”, puntualizó.

“Las redes políticas económicas ilícitas tienen la capacidad del financiamiento público ilícito. Inciden en posiciones claves en el Estado, diversifican sus negocios y terminan controlando la justicia” dijo Donis.

El expositor también se refirió al financiamiento no registrado, que consiste en aquellos recursos que las organizaciones políticas no registran en todo el andamiaje previsto por la Ley Electoral. “Entonces el delito es el ocultamiento”, sostuvo.

Finalmente, Julio Donis insistió en que para garantizar que el financiamiento electoral alcance sus objetivos se requiere cumplir con dos criterios: transparentar el origen de los fondos y registrar los recursos por los canales y procedimientos establecidos en las normas electorales.

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