Foto: Byron García / Prensa Libre
La Contraloría General de Cuentas (CGC) es un actor central en la vida pública de Guatemala. Además de controlar el gasto del Estado y sancionar a funcionarios públicos ante incumplimientos, incide en la inscripción de candidaturas a cargos de elección popular, lo que la convierte en una pieza clave en la disputa del poder político del país.
Redacción CAP
La elección de la persona que ocupará el cargo de Contralor General de Cuentas de la Nación es la última, en este año 2026, de una serie de designaciones en instituciones clave para Guatemala como la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público y el Tribunal Supremo Electoral.
En la sexta sesión del Ciclo de Actualización para Periodistas (CAP) sobre Democracia y Derechos Humanos, el politólogo Gabriel Reyes Silva analizó el proceso que se avecina y su impacto directo en la democracia guatemalteca y en las relaciones de poder en el país.
La Contraloría General de Cuentas no puede entenderse únicamente como una institución encargada de “contar el dinero”, dijo Reyes. A pesar de que en sus inicios su función central era velar por la correcta administración del gasto público, con el paso de los años se convirtió en una entidad con capacidad para influir en la competencia política.
Fue con la Constitución de 1985 cuando sus funciones se ampliaron de forma ambiciosa, señaló el expositor. Desde entonces, no solo fiscaliza a los organismos del Estado, municipalidades, instituciones descentralizadas y autónomas sino a cualquier entidad o persona que reciba, invierta o administre fondos públicos, incluidos los partidos políticos.
Además se ampliaron sus capacidades para emitir reglas internas, proponer procesos de modernización, vigilar la probidad en el uso de los recursos públicos, prevenir la corrupción, imponer sanciones, promover de oficio juicios de cuentas y, en determinados casos, vedar el derecho a la participación en la contienda electoral. “Todo esto la convierte en una institución que provoca grandes impactos políticos porque puede alterar la forma en que funciona el Estado”, explicó el politólogo.


En 2023 el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) denegó la inscripción del binomio del partido Movimiento por la Liberación de los Pueblos (MLP), argumentando que el finiquito del candidato vicepresidencial, Jordán Rodas Andrade, no era válido. En 2019 el TSE anuló la candidatura de la exfiscal general Thelma Aldana a la presidencia con el mismo argumento. Fotos: Nelton Rivera (Prensa Comunitaria) / Esbin García (Prensa Libre).
Por eso, el proceso de elección de la máxima autoridad de la CGC se convierte en central para la política del país. Al respecto, Reyes señaló que “en una institución cuya función es controlar el gasto, tanto su independencia como su mecanismo de elección, deberían estar lo más separados posible de los actores que ejecutan ese gasto”.
Las comisiones de postulación buscaban precisamente garantizar esta separación, indicó el también analista. Sin embargo en Guatemala, los actores que deben ser fiscalizados por la Contraloría conservaron capacidad de incidir en la designación de quien los fiscaliza, añadió.
En teoría, las comisiones de postulación debían funcionar como filtro técnico y autónomo, dijo Reyes Silva. Pero en la práctica, “el modelo trasladó el poder hacia otros espacios, principalmente universidades y colegios profesionales que, con el tiempo, se convirtieron en escenarios de disputa política”, enfatizó.
El resultado fue la aparición de nuevos circuitos de poder alrededor de la elección del Contralor. “En estos espacios confluyen partidos políticos, redes clientelares y actores criminales interesados en influir en la nominación de autoridades que después tendrán el poder de fiscalizar, sancionar o bloquear candidaturas incómodas para ciertos actores y grupos de poder”, indicó.
La comisión de postulación que elabora el listado de candidatos a Contralor, a partir del cual el Congreso debe elegir, se integra con una fórmula mixta: un representante de los rectores de las universidades, los decanos de las universidades que tengan la carrera de Contaduría Pública y Auditoría y un número equivalente de los representantes de los colegios profesionales electos en asamblea.
Presentación de Gabriel Reyes en Ciclos CAP
La importancia política de la CGC
La Contraloría adquirió relevancia en las disputas electorales con las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) aprobadas en 2016. Desde entonces, la constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos, conocida como finiquito, se convirtió en uno de los requisitos para inscribirse como candidato o candidata ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Sobre ese punto, Reyes recordó que la autoridad electoral ya ha rechazado inscripciones a candidaturas a cargos de elección popular usando el finiquito “como excusa para bloquear candidaturas”. La falta de mecanismos claros sobre su uso se traduce en que la Contraloría puede utilizar esta herramienta con una dirección política, advirtió el expositor.
“La combinación entre un órgano con funciones súper amplias, un mecanismo de elección vulnerable a presiones políticas y un instrumento como el finiquito ayuda a explicar por qué la elección del próximo contralor no es un asunto menor para Guatemala”, concluyó.
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