Imagen: Ministerio Público

La impunidad como política de Estado

Guatemala enfrenta una crisis en su sistema de justicia. La cooptación de instituciones clave ha permitido que actores de poder que se vieron afectados por procesos penales en su contra, formaran una alianza para garantizarse impunidad y perseguir a quienes les investigaron.

Redacción CAP

Durante su participación en la séptima sesión del Ciclo de Actualización para Periodistas (CAP) sobre Justicia y lucha contra la Impunidad, el exfiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval, actualmente exiliado en Estados Unidos, realizó un análisis sobre la evolución del sistema de justicia desde las reformas democráticas de los años 90 hasta la captura institucional de hoy en día.

“Las instituciones que alguna vez fueron un modelo regional anticorrupción hoy operan como engranajes de una maquinaria diseñada para perseguir a opositores políticos”, señaló Sandoval para resumir cómo se ha deteriorado el sistema de justicia en Guatemala bajo la dirección de la actual jefa del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras Argueta.

El exfiscal recordó cómo durante los mandatos de Claudia Paz y Paz y Thelma Aldana, con el apoyo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el país logró avances sin precedentes en la lucha contra la impunidad. “A partir de investigaciones lideradas por equipos especializados de la Fiscalía y la CICIG, se logró llevar a actores de las altas esferas de poder a ser juzgados por su participación en grandes estructuras de corrupción”, indicó.

En 2017, el expresidente de Guatemala y entonces alcalde capitalino, Alvaro Arzú Irigoyen, ingresó a la sala donde Thelma Aldana, jefa del Ministerio Público (MP), e Iván Velásquez, director de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) informaban sobre la solicitud de antejuicio en su contra para investigarlo por los posibles delitos de peculado y financiamiento electoral ilícito. Arzú negó los señalamientos. Foto: Prensa Libre

Investigaciones como La Línea, IGSS-PISA, Caja de Pandora u Oderbrecht mostraron cómo el Estado de Guatemala estaba siendo saqueado por redes ilícitas que buscaban enriquecerse de forma ilegal y, al mismo tiempo, garantizarse impunidad. “Ese éxito de la CICIG y el MP en la persecución de estas estructuras criminales y de redes de corrupción, lo que generó fue una respuesta contundente de parte de los sectores afectados”, afirmó Sandoval.

La respuesta se tradujo en una estrategia muy bien articulada para cooptar y debilitar el sistema de justicia. “La cooptación de estas instituciones ha configurado un sistema que simula legalidad mientras garantiza impunidad”, resumió Juan Francisco Sandoval.

En 2018, el entonces presidente Jimmy Morales, rodeado de militares, anunció que no pediría a la ONU renovar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Ese mismo día, varios jeeps del Ejército rondaron la sede de la comisión internacional. El mandatario afrontaba una solicitud de antejuicio con la cual se buscaba le fuera retirada la inmunidad para investigarlo. A partir de entonces, jueces y fiscales anticorrupción debieron salir al exilio. Fotos: Prensa Libre / Emisoras Unidas

La Corte Suprema de Justicia que protegió al expresidente Morales estuvo en funciones 4 años más de lo que le correspondía, resolviendo asuntos de trascendencia nacional sin contar con la investidura para hacerlo.

También, la Corte de Constitucionalidad (CC) emitió fallos que favorecieron a determinados sectores para impedir el avance de investigaciones en su contra y el MP detuvo o archivó las investigaciones en casos de corrupción y ha utilizado su estructura para criminalizar jueces, fiscales y periodistas, sostuvo Sandoval.

Presentación de Juan Francisco Sandoval “El pulso por la justicia en Guatemala” en Ciclos CAP

Muchos de los casos emblemáticos que se lograron construir en años anteriores han sido archivados, diluidos o manipulados; mientras que los acusados, sindicados o procesados han sido beneficiados con medidas sustitutivas arbitrarias.

Esto se ha traducido en que “la impunidad ya no es solo la ausencia de sanción, sino una política de Estado que premia la complicidad y castiga la integridad”, dijo el abogado. 

Para Juan Francisco Sandoval, los procesos de elección de magistrados y magistradas de la CC y del nuevo jefe o jefa del Ministerio Público que ocurrirán en los primeros meses de 2026, requieren de una ciudadanía informada y movilizada que pueda revertir la cooptación y devolver al sistema de justicia guatemalteco su sentido democrático.

En este sentido, el exfiscal destacó el rol central que juega el periodismo independiente en este momento definitorio para la democracia guatemalteca.

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