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Foto: Erick Ávila / Prensa Libre
Seguridad ciudadana y democracia
La seguridad y la democracia están estrechamente vinculadas. Frente a altos niveles de violencia e inseguridad, los proyectos políticos autoritarios promueven medidas antidemocráticas que, aunque no garanticen resultados permanentes, les generan popularidad y afianzan su poder.
Redacción CAP
En la novena sesión del CAP sobre Democracia en Guatemala, el sociólogo Daniel Núñez se refirió a la relación que existe entre seguridad y democracia y cómo los altos índices de violencia representan un reto para consolidar proyectos democráticos sólidos.
El concepto de violencia es un concepto altamente discutido en las Ciencias Sociales, dijo Núñez. Dependiendo de la definición que usemos, la violencia adquiere diferentes matices e implica diferentes cosas, señaló.
Sin embargo, a pesar de la dificultad de establecer una única definición para el concepto de “violencia”, algo en lo que la mayoría de especialistas está de acuerdo es que tanto los altos niveles de violencia como el sentimiento de inseguridad en una sociedad están vinculados con procesos políticos más amplios y complejos.
Aunque la violencia se puede manifestar de diferentes formas existen dos grandes categorías para clasificarla, explicó el especialista.
La violencia directa que es la que se ejerce en contra de una persona o un grupo específico y la violencia indiscriminada en la cual hay una percepción generalizada de que “proviene de cualquier lado y no hay nada que uno pueda hacer para evitar ser víctima de la misma”.
Foto: Agencia Guatemalteca de Noticias
En Guatemala, continuó Núñez, este tipo de violencia se manifiesta, por ejemplo, en las extorsiones, ya que cualquiera puede ser víctima de este delito.
Aunque ambos tipos de violencia tienen implicaciones para el desarrollo de una vida plena, la violencia indiscriminada es la que está más estrechamente ligada al deterioro democrático en un país.
Múltiples impactos
Citando varios estudios, Daniel Núñez advirtió los principales efectos que la violencia indiscriminada genera en la sociedad. “Lo primero es la sensación de miedo y parálisis en las personas que la sufren”, dijo.
Un segundo factor es cómo esta sensación generalizada de peligro provoca migración, expulsión y desplazamiento forzado de las personas “se ven obligadas a dejar su lugar de origen”, apuntó.
Por último, cuando existe un sentimiento generalizado de violencia y no hay una estrategia eficaz del Estado para contenerla, las personas tienden a apoyar a los actores que perciben como los más fuertes. “Cuando no existen acciones por parte del Estado que controlen de manera eficaz a los grupos violentos, las personas apoyan a grupos ligados al crimen organizado que, por medio de otros actos violentos, ejercen un cierto control en sus territorios”, indicó.
Arnoldo Vargas saluda desde el escenario a un vecino de Manzanotes, tras recorrer entre aplausos las calles de Zacapa después de casi 30 años de cárcel por narcotráfico. (Foto: cedida por el autor.)
Además de tener efectos en la vida diaria de las personas, la violencia también afecta la confianza en el Estado, específicamente en las fuerzas de seguridad pública y de manera general en la democracia como mejor forma de gobierno para un país, dijo el sociólogo a las y los periodistas participantes en el CAP.
Para ejemplificarlo, Núñez mostró los datos del Laboratorio de Opinión Pública de América Latina y el Barómetro de las Américas en los que se refleja cómo mientras más aumenta la percepción de corrupción e inseguridad, más se reduce el apoyo a la democracia en la región.
“En gran parte de los países de América Latina y el Caribe, la mayoría de las y los ciudadanos no está satisfecha con la democracia. En Guatemala, solo el 38% de las personas están satisfechas con la democracia y esto ha ido disminuyendo con los años”.
Para el sociólogo, esto demuestra cómo la violencia y la inseguridad están vinculadas de manera estrecha con el auge de proyectos autoritarios y su consolidación en la región.
“En general, existe un consenso en las ciencias sociales respecto a la relación entre violencia y autoritarismo. El sentimiento de inseguridad tiende a generar apoyo a las medidas de mano dura como el vigilantismo (tomar la justicia por mano propia), la limpieza social o el encarcelamiento masivo”, indicó.
Presentación de Daniel Núñez, “Seguridad ciudadana y democracia” en Ciclos CAP.
Sobre esto último, Núñez señaló que en la región Centroamericana existe un grave problema carcelario: “En general, si vemos la historia de Centroamérica de las últimas dos décadas, vemos que lo que ha habido es una serie de políticas de ‘mano dura’, que básicamente se refieren a políticas que militarizan la seguridad pública, se enfocan en el encarcelamiento, en la persecución, aprehensión y encarcelamiento generalmente de jóvenes que son acusados de crimen, de actividad delincuencial”.
Esto se ha traducido en un aumento significativo de la población carcelaria en Honduras, Guatemala y El Salvador, sostuvo el experto.
Foto: La Tercera (El Salvador)
Estas medidas han resultado inefectivas para combatir la violencia. “El Estado ha implementado políticas que le permiten identificar criminales y encarcelarlos, pero no hacen nada más”, indicó.
El riesgo de esto es caer en una situación de gobernanza criminal, en donde dado el hacinamiento en las cárceles y el poco control del Estado, actores no estatales empiecen a tomar control de éstas y desde ahí se controle la actividad criminal. “El riesgo está en que básicamente los países sean gobernados desde las cárceles”, como está sucediendo en Ecuador.
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