
Honduras, la democracia incompleta
La exclusión y el marginamiento son las deudas de la democracia y del sistema político-electoral hondureño hacia los pueblos indígenas y afrodescendientes.

La exclusión y el marginamiento son las deudas de la democracia y del sistema político-electoral hondureño hacia los pueblos indígenas y afrodescendientes.

Desde enero de 2022 la municipalidad de Quetzaltenango mantiene un litigio con el Banco de Desarrollo Rural por la falta de pagos de intereses en sus cuentas municipales por Q40 millones (alrededor de US$5millones).

Desde 2021, el desmantelamiento del sistema de justicia guatemalteco llevó al despido, traslado o criminalización de 32 fiscales, abogados y jueces que alguna vez acercaron a las víctimas a conseguir justicia. Esto dejó casos de alto impacto en la impunidad, la revictimización de las personas afectadas y más víctimas.

En Honduras, un pacto legislativo y político entre los partidos Libre, Nacional y Liberal permitió la repartición pública y sin pudor de la conducción de instituciones del Estado que procuran justicia, como la Corte Suprema de Justicia, y los próximos responsables de la Fiscalía General.

La Asamblea Legislativa, controlada por Nayib Bukele, hizo una purga masiva de jueces el 31 de agosto de 2021. Expulsó a mayores de 60 años y aseguró que se trataba de una depuración de jueces corruptos.

La puerta para que el dinero y poder del narcotráfico entraran a la política guatemalteca la abrió en 1985 Arnoldo Vargas Estrada en la alcaldía de Zacapa. Hoy, después de pasar 25 años en una cárcel de Estados Unidos, Vargas dirige de nuevo el municipio y su modelo se ha extendido por todo el país. Hace dos años, la Policía volvió a allanar su casa como parte de una operación contra el tráfico de drogas.