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Imagen: Jorge Torres | EFE
La remilitarización de Centroamérica
Pese a los procesos de paz en Centroamérica, a partir de la década del 2000 el militarismo resurgió. Los gobiernos autoritarios se han afianzado, ampliando las atribuciones de las fuerzas armadas y reviviendo la doctrina del “enemigo interno” para reprimir la disidencia.
Redacción CAP
El militarismo ha crecido en Centroamérica en paralelo con el resurgimiento de gobiernos de corte autoritario. La falta de resultados de los regímenes democráticos para brindar soluciones a los problemas sociales, el desprestigio de la política y la crisis de inseguridad han propiciado este resurgimiento de las fuerzas armadas.
Durante la novena sesión de capacitación del Ciclo de Actualización para Periodistas (CAP) sobre Democracia y Autoritarismo en Centroamérica, el investigador Douglas Farah destacó el creciente rol que están tomando los ejércitos en la región y los riesgos que esto supone para la democracia.
Lo que está en juego
Para Farah, fundador de la firma IBI Consultants, las fuerzas democráticas centroamericanas enfrentan el reto de recuperar “el terreno perdido contra las fuerzas militares y autoritarias que buscan regresar al pasado” para demostrar que los procesos democráticos en la región no son una anomalía histórica reversible que pudiera desaparecer.
La historia de Centroamérica, según señaló Farah, ha mostrado cómo en diferentes momentos de ruptura, “los militares y las élites fortalecieron su alianza a través de la voluntad de cada lado de proteger al otro y así volver a tejer el viejo modelo”. Una situación que ha derivado, según el experto, en la captura de los Estados para beneficiar a las cúpulas militares y a las élites económicas.
En la región se está retornando a un esquema político que recuerda a la Guerra Fría y que está poniendo en riesgo los avances democráticos más allá de cualquier lucha ideológica, dijo el investigador. “En Centroamérica, el proceso es entre autoritarismo o democracia, esos son los dos ejes. Las diferencias entre izquierda y derecha son irrelevantes”, apuntó.
Sin embargo, frente a esta amenaza “los legisladores estadounidenses y demás partes interesadas regionales apenas culpan a la remilitarización como una causa fundamental de la crisis de la región”, advirtió.
En Guatemala, efectivos del Ejército reparan una carretera que colapsó tras las lluvias. Imagen: Diario de Centroamérica
Nuevas atribuciones para los ejércitos
A partir de los años 2000 se dio un regreso a la militarización en Centroamérica como consecuencia, entre otros factores, de un sistema político que no brindó resultados a la ciudadanía, una creciente corrupción en las instituciones públicas y el auge de la inseguridad.
Esta creció a partir de los años 90 por la deportación masiva de pandilleros desde los Estados Unidos hacia sus países de origen. Además de que regresó la política del “enemigo interno” como forma para lidiar con la disidencia de los ciudadanos o su oposición a proyectos extractivistas, expuso.
Los militares fueron llamados de nuevo a asumir funciones de seguridad interna a pesar de las nuevas reformas que buscaban un control civil, dijo.
En lugar de abordar los problemas económicos subyacentes a través de una estrategia integral, la dependencia en las fuerzas armadas condujo a los gobernantes a abordarlos como un problema de ocupación territorial”, explicó.
Presentación de Douglas Farah, “La remilitarización en Centroamérica” en Ciclos CAP
Pese a que en la región no hay conflictos entre países ni una agresión directa de otras naciones, sus ejércitos han mantenido un crecimiento en sus presupuestos. Además, cada vez tienen mayores atribuciones en otras áreas del Estado, ya que de esta manera los gobernantes afianzan su poder con el apoyo de las fuerzas armadas, subrayó.
Efectos del militarismo por país
En El Salvador los militares desempeñan un papel clave e inconstitucional en las detenciones masivas de 53.000 presuntos pandilleros llevadas a cabo durante el estado de excepción instaurado por el presidente Nayib Bukele desde marzo de 2022, destacó el investigador.
También en ese país, en un momento de profunda depresión económica y colapso por la pandemia de Covid-19, el ejército recibió aumentos históricos en su presupuesto y personal, al mismo tiempo que el sistema judicial cerró de manera arbitraria los casos de abusos históricos contra los derechos humanos que implican a efectivos castrenses.
En Guatemala, el mayor papel e influencia de los militares afecta desproporcionadamente a las comunidades indígenas y municipios que viven cerca de minas comerciales operadas por extranjeros, beneficiando a la élite política, destacó Farah. “Algo que se hizo evidente en el estado de sitio impuesto a El Estor, Izabal”, añadió.
El remilitarismo también afecta a las comunidades que viven en áreas con una presencia significativa del narcotráfico, aseguró.
Mientras que en Honduras, la mayor dependencia de los militares para responder a los desafíos de seguridad pública afecta desproporcionadamente a las comunidades en Gracias a Dios, Olancho y a lo largo del Mar Caribe, donde el narcotráfico prospera junto con la alta concentración de posesión de tierras, explicó. Además, las comunidades indígenas y los activistas ambientales enfrentan grandes amenazas mientras abogan por los derechos a la tierra, manifestó el experto estadounidense.
En Nicaragua, el principal aliado del régimen de Rusia en la región, el gobierno de Ortega ha recibido armas y equipo de inteligencia para mantener al régimen en el poder mediante el uso de la fuerza.
“Las fuerzas armadas son parte clave de la represión generalizada, además de que llevan a cabo una extracción económica depredadora en las industrias minera, maderera y pesquera como pago por su lealtad al régimen”, señaló.
Para profundizar más en esta temática, el especialista recomendó la lectura del informe La remilitarización en Centroamérica: Un análisis comparativo y regional, que elaboró en conjunto con un grupo de investigadores centroamericanos.
Para cerrar su exposición, Farah alertó que la región centroamericana está cerca de un punto de inflexión. “Recuperar incluso los más frágiles y defectuosos procesos democráticos llevará décadas y enormes recursos”, indicó.
Esta situación también afectará los intereses estratégicos de Estados Unidos y la estabilidad del hemisferio occidental, concluyó.
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