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Imagen: Prensa Comunitaria
Justicia para combatir la impunidad
El sistema de justicia en Guatemala requiere de transformaciones profundas que aseguren procesos adecuados de nombramiento basados en méritos y capacidades, garantías de estabilidad en el cargo y protección contra presiones de actores externos que buscan impunidad.
Redacción CAP
¿Se puede combatir la impunidad únicamente desde el sistema de justicia?, con esta pregunta inició su intervención en la sesión inaugural del CAP sobre Justicia y Lucha contra la Impunidad la abogada Úrsula Indacochea, directora del Programa de Independencia Judicial de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF).
La jurista señaló que para luchar en contra de la impunidad en países como Guatemala, es necesario partir desde una perspectiva que no se limite únicamente a los procesos judiciales sino que contemple un esfuerzo colectivo entre diferentes instituciones y actores.
“La impunidad debería ser combatida no solamente desde el sistema de justicia, sino también desde otros poderes del Estado. Es un compromiso político que requiere del conjunto de las instituciones y de la sociedad”, afirmó Indacochea.
Para la directora de DPLF, el rol de la justicia en una sociedad democrática es transcendental si se quiere fortalecer el Estado de Derecho y consolidar un régimen en el que exista una verdadera separación de poderes y en donde se defiendan los derechos y libertades ciudadanas.
Los países latinoamericanos han asumido un compromiso formal con estos principios al suscribir tratados internacionales que les obligan a asumir compromisos y acciones para garantizarlos y evitar que sean vulnerados, dijo. “La justicia está estrechamente vinculada con estos principios y, en muchos casos, el sistema de justicia se convierte en el último bastión de la defensa de la democracia”, enfatizó.
Foto: Simone Dalmasso (Plaza Pública)
Para que el sistema de justicia contribuya con la consolidación democrática es necesario que atienda tres pilares fundamentales que la protejan y garanticen su funcionamiento: En primer lugar se requiere de un adecuado proceso de nombramiento de jueces y juezas que esté basado en méritos y capacidades profesionales y no en lealtades políticas o ideológicas.
“El proceso de nombramiento es fundamental para que la ciudadanía pueda saber quiénes serán las personas encargadas de resolver los conflictos”, explicó Indacochea.
En segundo lugar, se requiere que existan garantías de estabilidad en el cargo que protejan a las y los jueces de remociones arbitrarias o de sanciones que tengan como fin criminalizarlos por emitir resoluciones de forma independiente.
Por último, Úrsula Indacochea señaló la necesidad de blindar al sistema de justicia de presiones externas de actores políticos, económicos o criminales que quieren garantizarse impunidad.
La abogada advirtió que existen múltiples estrategias que se utilizan para deshacerse de jueces independientes, entre estas: la multiplicación de denuncias administrativas, las sanciones encubiertas, la asignación de cargas excesivas de trabajo o los traslados arbitrarios. “Es imprescindible proteger a los operadores de justicia de estos abusos”, apuntó.
Foto: RICIG
Estos tres principios son esenciales para que la justicia se constituya como un pilar de la democracia, indicó la abogada. Sin embargo, el sistema de justicia guatemalteco enfrenta problemas estructurales en cada uno de estos pilares.
Una primera dificultad está en la imposibilidad que ha tenido Guatemala para reformar constitucionalmente el sistema de justicia. Esto se ha traducido en “un proceso de elección de cortes que incluye al sector intermedio pero que excluye a las cortes de apelaciones de la carrera judicial. Esto no permite una verdadera profesionalización ni ascenso basado en méritos”, explicó.
Foto: Prensa Comunitaria
A lo anterior se suman los mecanismos ineficaces de control tanto para los jueces y juezas como para la Fiscalía General. En ambos casos se depende casi exclusivamente de la persona que ocupa la jefatura de las instituciones.
Indacochea también remarcó que en el país se instaló una estrategia de persecución y criminalización en contra de operadores de justicia independientes que tiene en el exilio a decenas de fiscales, jueces, juezas y exmagistradas de las altas cortes.
Hay decenas de denuncias y procesos sin sustento que se tramitan en contra de personas que han investigado y juzgado casos de gran corrupción o de graves violaciones a los derechos humanos, agregó.
“Incluso si eligiéramos buenas personas, esas buenas personas pueden ocupar los cargos mientras duren sus mandatos, pero en el próximo proceso de elección los actores antidemocráticos van a tratar de influir y sacarlos del juego. Por eso, estos son problemas estructurales que no se resuelven únicamente con elegir a buenas personas para los cargos” destacó.
Presentación de Úrsula Indacochea “Justicia para combatir la impunidad” en Ciclos CAP
A pesar de que los cambios al sistema de justicia en Guatemala deben ser profundos y esto tomará tiempo, Indacochea planteó que hay diversas acciones que se pueden impulsar mientras se dan estas transformaciones.
Por ejemplo: documentar y denunciar irregularidades en los procesos judiciales, promover la participación ciudadana en los procesos de reforma y permitir que las y los jueces independientes se expresen colectivamente.
Úrsula Indacochea finalizó su presentación con una reflexión sobre el reto que enfrenta el país: “Por más largo que sea el camino, porque va a ser largo en el caso de Guatemala, no podemos renunciar a la justicia porque en ella se materializa la promesa más importante de nuestras democracias que es que nadie está por encima de la ley”.
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