Casi 250 kilómetros hay de distancia entre Soyapango, El Salvador y la Ciudad de Guatemala.

Nada lejos para Juan Carlos Medina Luna, de 29 años de edad, un pandillero salvadoreño de la Mara Salvatrucha (MS) que ingresó en febrero de 2015 a tierras guatemaltecas con una promesa colgada, y de la que no se distanció durante dos meses: vengar a sus pares internados en el Centro Juvenil de Detención Provisional (CEJUDEP) “Las Gaviotas” donde, aseguró, son vejados.

El 24 de abril de 2015 Medina, alias el Cusuco, pasó la primera factura de su desquite, cuando asesinó a Luis Cuyún Navas, exdirector del reclusorio. Así, este hombre guanaco honró a su pandilla, por pertenencia, por camaradería.

“Son cosas de la mara. No me mandó nadie”, dijo tras ser detenido e interrogado por un agente policial, casi inmediatamente después del atentado contra el funcionario. El salvadoreño confesó que este era el primero de varios atentados que tenía en mente contra el personal de la Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia, encargada del Programa de Privación de Libertad de Menores en Conflicto con la Ley Penal.

“Los monitores han estado tratando mal a mis compañeros porque les han metido palos en el culo y les han estado haciendo vomitar sangre, sobre todo a cuatro compañeros que vienen de El Salvador. Estos mis compañeros se están muriendo ahí porque llevan un mes que los policías los sacan a torturarlos. Por eso están enfermos, sangran hasta cuando van a hacer sus necesidades al baño”, prosiguió el Cusuco, mientras un oficial de la Policía Nacional Civil (PNC) tomaba nota de las declaraciones.

Ese día, a la altura de la 50 calle y calzada Atanasio Tzul, zona 12 de la Ciudad de Guatemala, Medina Luna fue detenido junto al guatemalteco Mario Alfonso Aguilar, de 18 años, quien conducía el vehículo en el que se transportaban al momento del ataque. En el automotor fueron encontrados dos fusiles AK-47 y varias granadas. Un atacante más se dio a la fuga.

Así, los medios de información daban la noticia. Titulares en telenoticieros, periódicos, en emisoras de radio y portales de noticias en Internet centraban el asunto en el ataque armado y lo escandaloso de la escena, pero poco en la veracidad o no de los señalamientos hechos por Medina, sin que esto significara justificar el acto criminal, pero sí destapar una realidad que el centro y quienes lo regulan, podrían no dejar ver con claridad.

Aunque hasta entonces este era un hecho aislado, aún con las declaraciones del pandillero, en realidad parece no ser sino un síntoma más de anomalías y posibles tratos crueles dentro del centro de internamiento que van dejando su huella como pistas que llevan a un fenómeno cierto. El tema no es fácil. La violencia de las pandillas es real y afuera crece la demanda por el retiro de la inimputabilidad a los menores de edad; sin embargo, es claro que la espiral de violencia no se resuelve con más violencia, mucho menos cuando se ejerce contra victimarios menores de 18 años.

Lo que la PDH sigue temiendo

El Cejudep o centro correccional “Las Gaviotas”, como mejor se le conoce, está ubicado en la zona 13 de la capital y es uno de los cuatro Centros Especializados Privativos de Libertad para menores de edad en conflicto con la ley penal, que tiene bajo su tutela la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia. Aunque es un recinto para la detención provisional de los menores que no han sido juzgados, sus instalaciones también recluyen a jóvenes con una sanción ya establecida, lo cual le ha valido el alto hacinamiento. Así, detrás de sus paredes conviven principalmente integrantes de las maras Salvatrucha y 18, dos de las más grandes pandillas en Guatemala, Honduras y El Salvador.

Por ello no extraña que el pandillero salvadoreño tuviera compatriotas recluidos en centros guatemaltecos. Claro, el Cusuco no fue el primero en quejarse. Tan solo 6 meses antes de que él arribara al país, Gloria Castro, defensora de la Niñez y Adolescencia de la oficina del Procurador de Derechos Humanos (PDH), había iniciado una revisión minuciosa en torno a varias denuncias que recibió durante los primeros meses de 2014, que describían hechos muy similares a los que posteriormente detallaría el guanaco. También en 2011 y 2012 la institución había realizado diligencias en torno a este mismo tipo de señalamientos.

Solo en 2014 habían sumado “13 querellas por agresiones físicas, psicológicas y de abusos sexuales en ´Las Gaviotas´”, aseguró la funcionaria un día después del asesinato de Cuyún Navas. Tal extremo se trató de corroborar con la defensora, junto con los pormenores de los expedientes ingresados, sin embargo la PDH remitió la consulta al titular de la Defensoría de la Juventud, Abner Paredes, quien dijo no tener un dato exacto sobre el número de delaciones recibidas por supuestos abusos o agresiones contra los menores internados en el CEJUDEP. Lo que sí pudo confirmar Paredes es que “hay un patrón de denuncias que da suficientes indicios para creer que los vejámenes están ocurriendo”.

“Uno de los problemas que enfrentamos al momento de comprobar fehacientemente tal extremo es que las acusaciones, que provienen principalmente de los familiares de los internos, nos llegan a destiempo. Esto obstaculiza la oportuna verificación de los hechos”, agrega. El defensor de la juventud explica que existe una norma interna de la Secretaría de Bienestar Social que aísla por completo al menor durante 10 días, como una medida para el fácil “acoplamiento y familiarización” con el centro, lo cual es cuestionable, pues durante dicho periodo no hay manera de tener un acercamiento si se es familiar o no con el recluido. “Esto abre una oportunidad para que cualquier afrenta contra los detenidos pueda pasar desapercibida”, puntualiza.

Sin embargo, tras una requisa en el Centro de Privación de Libertad para Varones (CEJUPLIV II) en octubre de 2012, la PDH “pudo observar que en algunas partes del cuerpo de los internos pertenecientes al sector H de la clica Mara Salvatrucha, eran notorios los golpes no solo del bastón, sino de las balas de goma disparadas tipo paintball, lo cual evidenció sangre en la pared en donde fueron colocados (los reclusos), asimismo fueron vistos caminando renqueando o con dificultad”, cita el informe. Tal parece que el mal de “Las Gaviotas” es extensivo a otros centros de la Secretaría.