Imagen: Contracorriente

Guatemala: de cuerpos ilegales a redes ilícitas

Desarticular las redes ilícitas y clandestinas sigue siendo un desafío pendiente para Guatemala. Desde la década del 70, estas estructuras han cooptado al Estado disminuyendo su capacidad para brindar servicios básicos y consolidar una democracia sólida.

Redacción CAP

Uno de los temas clave para entender el actual contexto de Guatemala y los desafíos que enfrenta en términos democráticos, es el análisis de los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS).

En la sexta sesión del CAP sobre Democracia en Guatemala, el excanciller y analista político Edgar Gutiérrez realizó un análisis histórico de la evolución de estas estructuras y relató cómo han sabido adaptarse y fortalecerse a lo largo de décadas, resistiendo a los diversos esfuerzos para combatirlos. 

“Los primeros CIACS surgen en 1970 a través del control de los puestos de aduanas, tanto terrestres como marítimos y aéreos. Un pretexto perfecto para controlar el contrabando de armas que supuestamente llegaban a la guerrilla en aquellos años”, explicó Gutiérrez sobre sus inicios.

El núcleo de estos aparatos se depositó en la Inteligencia Militar y se caracterizó por el uso de métodos clandestinos e ilegales para combatir a los grupos guerrilleros. Emplearon agentes paramilitares, en su mayoría civiles, que realizan operaciones encubiertas, explicó. “Varios de estos elementos hicieron carrera dentro del ejército, llegando a ser suboficiales, y luego siguieron operando sus negocios ilícitos” dijo.

En la década de 1980, en medio del recrudecimiento del conflicto armado interno, la Inteligencia Militar se “profesionalizó” a través de la asesoría de la Escuela de Inteligencia Militar de Argentina, el Mossad israelí y la Escuela de Guerra Política de Taiwán, sostuvo el experto.

“Los aparatos se sofistican, pero mantienen el principio de combatir la clandestinidad con métodos clandestinos e ilícitos de infiltrar y recoger información a través de estos agentes paramilitares. En este caso ya no solo colocados en puestos fronterizos, sino incrustados directamente en las comunidades a través de los patrulleros de autodefensa civil”, puntualizó.

El general Efraín Ríos Montt y los coroneles Francisco Luis Gordillo y Horario Maldonado Schaad, integraron la junta de gobierno, tras el golpe de Estado del 23 de marzo de 1982. Foto: Jean Marie Simon.

Lo anterior se tradujo en que para 1980, los CIACS de segunda generación penetraron ya no solo los órganos de la inteligencia del Estado sino también diferentes instituciones. Esto, sumado al auge de grupos narcotraficantes que empezaron a surgir a partir de esta década, permitió que los CIACS comenzaran a mezclar sus actividades contrainsurgentes con otro tipo de negocios como el narcotráfico.

Así lo explicó el excanciller: “adquirieron una influencia creciente sobre todo en los gobiernos locales, en los gobiernos municipales, en la vida del Congreso y en agencias clave del aparato central como las fuerzas de seguridad, la Fiscalía y el aparato judicial en general”.

A pesar de la apertura de las negociaciones para la Paz en 1990 y de la llegada de los primeros civiles al poder, el aparato militar tuteló en gran medida la transición a la democracia. “Personajes como los generales Manuel Callejas y Callejas y Francisco Ortega Menaldo surgieron como dos figuras clave y con mucha influencia en las decisiones presidenciales y en el proceso de paz”, afirmó el conferencista.

En la boutique de ropa para caballeros, Emilio, situada en la zona 10 de la ciudad de Guatemala, funcionaba un CIACS denominado “La Oficinita”. Foto: Prensa Libre.

“Un caso muy sonado fue el CIACS llamado La Oficinita en la cual se planificaban operaciones encubiertas que luego se imbricaban con el Ministerio Público y con el comando antisecuestros del Estado Mayor Presidencial”, ejemplificó Edgar Gutiérrez a las y los periodistas participantes en el CAP.

Y continuó: “Los CIACS seguían operando con un pie fuera del aparato estatal y con dos pies dentro, controlando el Ministerio Público y la inteligencia del Estado, en este caso, en el corazón de la inteligencia presidencial”.

A pesar de las múltiples denuncias de organismos internacionales y personas defensoras de derechos humanos sobre la existencia de estructuras incrustadas dentro del Estado de Guatemala que impedían el avance de los Acuerdos de Paz, el primer instrumento que se había diseñado para combatirlos -la Comisión de Investigación sobre Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS)  “quedó sepultada”, indicó Edgar Gutiérrez, quien fue como canciller uno de los impulsores de la iniciativa.

En febrero de 2007, tres diputados salvadoreños y su piloto fueron asesinados en Guatemala y su vehículo fue incendiado. Foto: El Faro.

Pero en 2007, tras el escándalo de la matanza de un grupo de parlamentarios salvadoreños y su piloto en territorio guatemalteco, se retomó la iniciativa y, aunque con un cambio en el enfoque inicial, se instaló la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), cuyo mandato fue el de luchar contra la impunidad y el crimen en general.

La CICIG tuvo tres etapas, dijo el exdiplomático: Una de diagnóstico, una de ataque a estructuras intermedias y la última, con el comisionado Iván Velásquez a la cabeza, de despliegue pleno de sus capacidades para intentar desarticular a estas estructuras criminales.

Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, presidente y vicepresidenta de Guatemala, fueron procesados por varios casos de gran corrupción tras investigaciones del MP y la Cicig. Foto: CNN en español

Es la CICIG la que acuña el concepto de Redes Político-Económicas Ilícitas (RPEI), señaló Gutiérrez. “ Ya no se trataba nada más de viejos aparatos cuya matriz venía del Ministerio de la Defensa o de Inteligencia Militar, sino que ya se había extendido a partidos políticos, a empresas y demás”, continuó.

Presentación de Edgar Gutiérrez en Ciclos CAP

Tipología de las redes criminales

Dada la sofisticación y evolución de los CIACS, Gutiérrez explicó la pertinencia de identificar y diferenciar estas estructuras a partir del tipo de capital con el que acumulan poder.

Las redes empresariales cuyo objetivo principal es el de la obtención de ganancias; las redes de capital social como las pandillas que controlan territorios y cárceles; y las redes criminales burocráticas que anidan en el Estado y están conformadas por burócratas -militares y civiles- que manipulan el aparato estatal para sus fines.

“Lo que nosotros llamamos la coalición del Pacto de Corruptos, es en realidad una red criminal burocrática mezclada con redes empresariales criminales”, afirmó el excanciller.

Y agregó: “El Ministerio Público que dirige Consuelo Porras, el aparato judicial, las Comisiones de Postulación y todas estas manifestaciones de captura del aparato judicial y del Estado son CIACS, son redes burocráticas criminales. Aunque estos grupos no necesariamente comenten actos violentos directos, sí perpetran delitos graves y tienen suficiente influencia para poder hacerlo sin ninguna consecuencia”, sentenció.

A decir del exfuncionario, estas redes limitan la capacidad del Estado para proveer a la población servicios esenciales y mantienen en jaque a la democracia guatemalteca.

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