El ordenamiento de la corrupción

El exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público, Julio Roberto Prado, explicó durante la octava sesión del III Ciclo de Actualización para Periodistas (CAP)  la forma en que el Partido Patriota gobernó como una estructura criminal.

Redacción CAP

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El Estado, desde la perspectiva de las Redes Político-Económicas Ilícitas (RPEI),  no existe para procurar el bien común, tampoco para proteger a la ciudadanía. No. Desde el punto de vista de una red criminal, el Estado sirve únicamente como un vehículo para delinquir, establecer mecanismos de corrupción y buscar formas muy diversas de impunidad.

 

Un partido político, con esta perspectiva de gobierno y una noción de Estado corrupto, puede convertirse en una RPEI. “De 2012 a 2015, Guatemala estuvo gobernada por una red dedicada a lo ilícito, utilizando la institucionalidad del Estado para delinquir”, explicó Julio Roberto Prado, exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP).

 

El exfiscal habla de su experiencia investigando las RPEI en Guatemala durante la octava sesión del Tercer Ciclo de Actualización para Periodistas (CAP) en temas de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, organizado por la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Fundación DESC y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, OACNUDH, con el apoyo de la Fundación Open Society.

El Partido Patriota puede considerarse como RPEI.

Las RPEI, según la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), se definen como “aquellas que establecen relaciones oportunistas para delinquir y asegurar impunidad”.

Una de las características principales de las RPEI es que muy pocas cosas quedan al azar. Hay toda una estructura dedicada a entender el sistema que se quiere cooptar. Piensan en todo lo legal. “Abogados, contadores, sociedades anónimas, funcionarios públicos, tramitadores,  auditores… piensen en todas las personas que puedan conocer las debilidades y las fallas del sistema. Piensen en la importancia de cada uno de estos perfiles universitarios para el funcionamiento de un red criminal, y todo el conocimiento que tienen del sistema”, dice Prado.

Un partido político como RPEI

El Partido Patriota (PP) fue una RPEI casi desde el momento de su fundación. Se convirtió en un vehículo de intereses para cierto grupo de empresarios y gente conservadora que veían en Otto Pérez una figura de autoridad, pero también con la suficiente inteligencia para profundizar en la democracia y no seguir con las dictaduras.

“El PP entiende de debilidades institucionales, aprende y las empieza a aprovechar. Tiene más afiliados, más votos en el interior y los articula, pero ya con la intención de delinquir”, enfatiza Prado. Como partido, utiliza la legalidad para dinámicas ilegales de financiación de campaña. Crecen. Se posicionan en el imaginario social. Y con el protagonismo de Roxana Baldetti en el Congreso, logran articular inversionistas, contratistas del Estado, con el manejo estratégico y opaco de los recursos públicos.

Un punto importante de esta época del PP, es que empiezan a crear sociedades anónimas para lavar dinero. “Afianzan su condición de RPEI”, dice el exjefe de la FECI. Y la clave para construir la red de corrupción era conseguir gente obediente, con necesidades económicas, para que prestaran sus nombres como representantes legales de las sociedades anónimas donde se lavaría el dinero.

Un partido político, con esta perspectiva de gobierno y una noción de Estado corrupto, puede convertirse en una RPEI"

El PP, de cara a las elecciones de 2011, se caracterizó por ordenar la corrupción. Una forma eficiente de controlar las instituciones a través de jerarquías, compartimentando información, y creando estructuras paralelas que certificaban que todo funcionaría acorde a los planes ilícitos de los líderes del partido.

 

Cuando ganan, en 2012, la estructura permanece. La corrupción se ordena de manera institucional. Y como RPEI, el PP se distribuye la operación de los ministerios y distintas entidades del Estado. Otto Pérez Molina establece un mecanismo similar a una corporación. Y con el control total de distintas instituciones consiguen ganancias millonarias.

La finalidad del PP era controlar el Estado para beneficio de sus líderes.

El PP, de cara a las elecciones de 2011, se caracterizó por ordenar la corrupción. Una forma eficiente de controlar las instituciones a través de jerarquías, compartimentando información, y creando estructuras paralelas que certificaban que todo funcionaría acorde a los planes ilícitos de los líderes del partido.

 

Cuando ganan, en 2012, la estructura permanece. La corrupción se ordena de manera institucional. Y como RPEI, el PP se distribuye la operación de los ministerios y distintas entidades del Estado. Otto Pérez Molina establece un mecanismo similar a una corporación. Y con el control total de distintas instituciones consiguen ganancias millonarias.

Julio Prado explica el caso del Partido Patriota como un RPEI.

La caída

El PP llegó a un punto de tener tanto dinero obtenido ilícitamente que se convirtió en un problema de liquidez. “Tenían tanto dinero que no sabían qué hacer con él. Alquilan oficinas para simular empresas. Tratan de utilizar el sistema bancario, pero les cobran. En las caletas el dinero se deteriora. Y necesitan de personas nuevas que les ayuden a lavar y administrar todas las ganancias”, dice Prado.

 

Para la subsistencia de las RPEI son necesarias las personas que conozcan la institucionalidad del Estado (como Juan Carlos Monzón), que sepan cómo funciona el sistema jurídico para la creación de empresas (como Salvador González), y que conozcan cómo operan los sistemas financieros (como Julio Aldana Franco).

 

La RPEI del gobierno patriota creció tanto, se expandió alrededor de tantas personas, con ganancias millonarias, que empezó a tener fisuras importantes. Así salieron a luz casos de corrupción. Eran evidentes los lujos, los regalos onerosos para los cumpleaños del presidente. Así se empezó a tener noción de que la estructura criminal desde el gobierno existía.

 

Gracias a la denuncia de una auditora, se detectó La Línea. El caso de una estructura dedicada a la defraudación aduanera que tenía como líderes principales a Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti. Se utilizaba un número de teléfono para coordinar el ingreso de mercadería sin necesidad de pagar impuestos pero sí sobornos a las autoridades aduaneras.

 

Roxana Baldetti, primero, y Otto Pérez Molina, después, se ven obligados a renunciar a partir de las investigaciones del Ministerio Público y la CICIG durante 2015.

 

Con la ayuda de las declaraciones de Juan Carlos Monzón y Salvador González, la RPEI del Partido Patriota cobra sentido para la judicialización de distintos casos. La contabilidad de las empresas. Los sobornos. El control sobre los contratos del Estado. Los puestos públicos ocupados por personas sin el perfil necesario. La defraudación aduanera. El repartimiento de las instituciones públicas. Las sociedades anónimas para el lavado de grandes capitales. La exposición del PP como la estructura criminal que ganó unas elecciones en Guatemala.

 

La paradoja, dice Julio Prado, consisten en que su éxito hizo que se consolidara su caída.