Imagen: Bruno-Manser Fonds
Las demandas estratégicas contra la participación pública no buscan justicia sino desgaste. En Centroamérica y América Latina este tipo de litigio se ha convertido en una herramienta para intimidar a periodistas, personas defensoras de derechos humanos, líderes sociales y organizaciones que denuncian los abusos de poder.
Redacción CAP
Por años, el acoso judicial contra periodistas y activistas se explicó como una consecuencia inevitable de “publicar cosas incómodas”. Hoy, cada vez más expertos coinciden en que no se trata de reacciones aisladas, sino de una estrategia sistemática: utilizar el sistema judicial para intimidar, desgastar y silenciar a quienes ejercen la crítica pública.
Ese mecanismo tiene nombre: SLAPP, por sus siglas en inglés Strategic Litigation Against Public Participation (Litigio estratégico contra la participación pública). Y aunque suene técnico, su efecto es profundamente político: limitar la democracia sin necesidad de censura directa.
Durante una conferencia del Ciclo de Actualización para Periodistas (CAP), el abogado especialista en libertad de expresión, Joan Barata, explicó cómo estas demandas se han convertido en una herramienta clave para contener el periodismo, la denuncia social y la acción de la sociedad civil en países con contextos autoritarios o que viven procesos de regresión democrática.
“El objetivo no es ganar el caso. El objetivo es abrumar al acusado”, advirtió Barata. “Lo que se busca es el procedimiento: los costos, el tiempo, el desgaste psicológico, la amenaza constante”.
Una demanda que no busca justicia
A diferencia de un litigio ordinario, una SLAPP no persigue una reparación legítima, sino que se apoya en el desequilibrio de poder entre quien demanda y quien es demandado. De ese lado casi siempre están periodistas, medios de comunicación, activistas, académicos u organizaciones sociales que investigan, denuncian o cuestionan intereses poderosos.
“Generalmente quien inicia una SLAPP es un actor con poder: un funcionario, una empresa con grandes recursos o un actor político”, explicó Barata. “Y el demandado es alguien vulnerable, que ejerce la libertad de expresión sobre asuntos de interés público”.
Estas demandas pueden ser civiles, penales o administrativas, y no siempre se presentan en el país donde ocurrió la publicación. Cada vez más, incluyen un componente transnacional que multiplica los costos de defensa.
El litigio como castigo
El efecto principal de una SLAPP no es la sentencia final, sino el proceso mismo. Los meses o años de audiencias, recursos, apelaciones, abogados, gastos y amenazas generan un impacto profundo: desgaste económico, daño reputacional, estrés psicológico, autocensura y, en algunos casos, prisión preventiva.
“Incluso si el periodista gana el caso, nadie le devuelve el tiempo, el dinero ni la ansiedad vivida”, señaló Barata. “Y ese mensaje se expande: si esto le pasó a él, ¿qué me puede pasar a mí?”.
En ese sentido, las SLAPP funcionan como castigos ejemplarizantes. No es casual que muchas veces se elija como objetivo a periodistas conocidos: el ataque sirve de advertencia para los demás.
El periodista Jose Rubén Zamora Marroquín fue declarado preso político por Amnistía Internacional y su encarcelamiento fue catalogado como “arbitrario” por un grupo de expertos de las Naciones Unidas. Zamora guarda prisión desde el 29 de julio de 2022. Foto: Edwin Bercián | No Ficción.
Guatemala: un caso paradigmático
Durante su exposición, Barata mencionó el caso de Jose Rubén Zamora como uno de los ejemplos más claros de SLAPP en América Latina. No solo por los procesos penales que enfrenta, sino por el uso combinado de acusaciones, procedimientos administrativos, campañas de desprestigio y encarcelamiento.
“No se escoge a un periodista menor o desconocido. Se escoge a uno muy visible, porque el mensaje va dirigido a todos los demás”, afirmó.
La estrategia es conocida en otros países de la región: utilizar de forma simultánea múltiples vías legales para asfixiar al acusado y enviar una señal de advertencia al resto de periodistas del país.
La Fundación Contra el Terrorismo (FCT) se ha constituido como querellante adhesivo en varios procesos penales en contra de periodistas, abogados, jueces y fiscales anticorrupción. Foto: Simone Dalmasso | Plaza Pública.
Forum shopping: demandar donde más duele
Una de las tácticas más frecuentes asociadas a las SLAPP es el forum shopping: elegir deliberadamente el tribunal más desfavorable para el demandado, aunque la relación con el caso sea mínima.
“Se busca el lugar donde la demanda cause más daño, no donde tenga más sentido jurídico”, explicó Barata.
Esta práctica también se produce en contextos locales cuando se busca presentar demandas en juzgados favorables que no le brindan garantías procesales al acusado/a.
En el contexto internacional una empresa o un político puede demandar a un medio latinoamericano en Estados Unidos o Europa, obligándolo a pagar abogados extranjeros, viajar, traducir documentos y enfrentar mayores costos.
Barata citó como ejemplo reciente la demanda del presidente estadounidense Donald Trump contra la BBC en el estado de Florida, pese a que el medio es británico y el contenido se produjo en el Reino Unido. El objetivo, dijo, no es querer ganar el caso, sino intimidar y enviar un mensaje a otros medios.
Presentación de Joan Barata en Ciclos CAP
De la difamación al lavado de dinero: el nuevo rostro de las SLAPP
Aunque la difamación sigue siendo el terreno clásico, hoy las SLAPP utilizan una diversidad creciente de figuras legales como las acusaciones por delitos económicos, evasión fiscal, lavado de dinero, incumplimientos administrativos, delitos informáticos e incluso acusaciones de extremismo o terrorismo.
“Esto permite a los gobiernos decir: no lo perseguimos por lo que dice, sino por un delito común”, explicó Barata. “Pero en muchos casos es evidente que el motivo real es silenciar su trabajo”.
La criminalización indirecta hace más difícil denunciar la persecución y debilita la solidaridad internacional, pues el caso se presenta como “un asunto legal ordinario”.
El impacto invisible: la autocensura
El resultado final de las SLAPP no siempre es una condena, sino algo más profundo: la autocensura. Periodistas que dejan de investigar ciertos temas, organizaciones que evitan pronunciarse, medios que optan por no publicar.
“Cuando el castigo es el proceso, la libertad de expresión se erosiona sin necesidad de prohibir nada”, dijo Barata. “Es una censura indirecta, pero muy eficaz”.
Este efecto se multiplica en países con sistemas judiciales débiles, fiscalías politizadas o jueces cooptados, donde la defensa legal es costosa y el resultado imprevisible.
¿Qué se puede hacer frente a una SLAPP?
Aunque en América Latina no existen aún leyes específicas contra las SLAPP, Barata recordó que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ofrece herramientas clave. La Corte IDH ha desarrollado doctrina sobre el abuso del derecho y la prohibición de restricciones indirectas a la libertad de expresión.
“Usar el derecho para intimidar es un abuso del derecho”, afirmó. “Y eso puede y debe ser denunciado”.
En Europa, la respuesta ya comenzó: el Consejo de Europa aprobó en 2024 una recomendación para prevenir las SLAPP y la Unión Europea adoptó una directiva vinculante que obliga a los Estados a crear mecanismos de desestimación temprana, protección legal y sanción a demandantes abusivos.
Una amenaza directa a la democracia
Para Barata, las SLAPP son una manifestación clara del abuso de poder en contextos de regresión democrática. No son un problema individual, sino estructural.
“Esto no es solo un tema legal. Es un tema democrático”, concluyó. “Cuando la crítica pública se castiga, el poder se vuelve opaco. Y sin crítica, no hay democracia”.
En una región donde periodistas y activistas enfrentan exilio, prisión, persecución judicial o campañas de desprestigio, comprender las SLAPP es el primer paso para enfrentarlas colectivamente. Nombrarlas, documentarlas y denunciarlas es una forma de defensa.
Porque cuando demandar se convierte en un arma para callar, defender la palabra es defender el espacio público.
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