Algo anda mal en una sociedad cuando un delito no tiene consecuencias. O al menos, cuando quienes gobiernan intentan a toda costa configurar un sistema de justicia ad hoc para que nada suceda luego de un crimen. No hay conflictos existenciales ni fueros internos que se tornen insoportables, explica el economista y analista político, Édgar Gutiérrez, al dar por inaugurado el Tercer Ciclo de Actualización para Periodistas (CAP) en temas de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, organizado por la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Fundación DESC y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el apoyo de la Fundación Open Society.

En esta primera sesión de los Ciclos CAP, la idea central de la discusión se centró en cómo la clase política de Guatemala ha procurado impunidad a lo largo de las últimas décadas. Un país habitado por una diversidad de gobernantes que carecen de culpa y remordimientos, donde los crímenes no son castigados.

La reflexión que plantea Fedor Dostoievski, en su novela Crimen y castigo, fue uno de los detonantes principales para plantear que, en un contexto político como el de Guatemala, un personaje capaz de sentir agobio y culpa, luego de haber corrompido la ley, es casi una cuestión utópica.

Los personajes políticos de la historia guatemalteca han corrompido, cooptado y capturado el Estado con impunidad. Han hecho fortunas con el desvío de fondos públicos a cuentas personales, han controlado distintas instituciones del Estado buscando el beneficio propio, y han logrado manipular la creación de leyes para procurar opacidad.