Las industrias que extraen recursos naturales pueden operar en el marco de la ley y contar con licencias aprobadas, bancos inversionistas, e inmensos capitales de multinacionales. Pero, al mismo tiempo, muchos megaproyectos pueden ocultar lavado de dinero, sobornos, asesinatos de líderes comunitarios y corrupción. 

“No es lo mismo el narcotráfico, de por sí ilícito, que una empresa extractiva que funciona legalmente pero que, al mismo tiempo, realiza actividades criminales”, indicó el periodista Steven Dudley, codirector y cofundador del medio InSightCrime, para explicar a las y los periodistas que participan en el CAP cómo se debe caracterizar -desde el periodismo- un crimen ambiental.

Para Dudley, los intereses de las élites y las redes político-económicas que aparecen detrás de proyectos relacionados con el medio ambiente son grandes y, por lo tanto, las probabilidades de que se cometan crímenes ambientales son altas.

Un periodista, por lo tanto, debe entender el contexto para explicar estos crímenes. En qué territorio se dan este tipo de ilícitos, qué leyes se están subvirtiendo, qué actores están participando y qué abusos se dan en contra de las comunidades afectadas, explicó. Sólo cumpliendo este primer requisito, se pueden entender las categorías de los crímenes ambientales que, en esencia, Dudley tipificó en tres: “1) extracción, 2) tráfico y 3) comercialización de flora, fauna y recursos naturales en el mercado local e internacional, de una manera ilegal para la jurisdicción local o extranjera”.