Hay un régimen de terror contra los empleados de gobierno que osan revelar las deficiencias en los sistemas de salud y educación, o simplemente ejercer el derecho a la libertad de expresión y contradecir de paso la propaganda gubernamental. Todo aquello que ponga en duda la eficacia o la imagen de la administración entra en el campo minado del crimen y del consecuente castigo. Espionaje, humillaciones y chantajes son algunos de los mecanismos de los que se vale el gobierno de Bukele para intentar reprimir reclamos de derechos laborales o señalamientos hacia todo aquello que controvierta el discurso oficial.