Desde 1985, nunca Guatemala había afrontado un proceso electoral en el que se viera amenazada la continuidad de la democracia. Lo que está en juego en las elecciones del próximo año no es la apuesta por un mejor gobierno. En cambio, se definirá si el país define retomar el camino de la democracia o transita hacia el autoritarismo, expuso el excanciller guatemalteco, Edgar Gutiérrez, en la primera sesión del Ciclo de Actualización para Periodistas (CAP) sobre Democracia y Elecciones. 

“La pregunta ya no es si las elecciones nos van a resolver el problema. La pregunta es si las elecciones nos llevarán a un período de ingobernabilidad y de mayor estrechamiento de libertades civiles”, señaló.

Esto se debe a que de un par de años atrás a la fecha, el contexto político y social ha cambiado. Las redes político-económicas ilícitas, conformadas por algunos políticos, exfuncionarios públicos, empresarios tradicionales o emergentes, exmilitares y actores del crimen organizado, han ganado terreno y arremetido contra operadores de justicia, personas defensoras de derechos humanos y periodistas que han intentado construir un Estado de Derecho.

Estas redes, que actúan de forma coordinada, tienen un objetivo común: “garantizarse impunidad por delitos de corrupción y violaciones a derechos humanos”. Fue así como en 2019 lograron el cierre de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el órgano de Naciones Unidas que apoyó al Ministerio Público a desbaratar estructuras de gran corrupción, explicó.

“Las élites y las redes políticas y económicas criminales establecieron una estrategia para desmantelar a la CICIG y lo lograron en 2019. A partir de ahí, han venido ejecutando de manera bastante disciplinada y eficaz una serie de pasos bajo el lema ‘Nunca más CICIG y nunca más estado de Derecho’. Han controlado absolutamente todas las instituciones de frenos y contrapesos de la República y empezaron por no integrar cortes del Organismo Judicial”, dijo Gutiérrez.

Estas redes conforman lo que popularmente se conoce como el “Pacto de Corruptos” y han descubierto que para lograr sus objetivos deben invertir en política. Ello quedó en evidencia en un estudio de la CICIG de 2018 que demostró que el 80 por ciento de las campañas provenía de la corrupción y de las utilidades del crimen organizado. Y el que paga, pide las canciones, advirtió el excanciller.