“La corrupción afecta directamente o indirectamente a la población. En una defraudación aduanera, el efecto es indirecto. Pero en la compra anómala de vacunas, la afectación es directa, e incluso con caudas mortales”, señalan las expositoras. Añaden que esta dinámica evidencia de forma concreta el vínculo entre corrupción y el incumplimiento de derechos.

Pobreza, falta de salud y mala alimentación son los indicadores más importantes de la violación de Derechos Humanos en un país. En ese marco, en el 2016, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), publicó un documento en el que señalaba que el 20 por ciento del presupuesto nacional de Guatemala es vulnerable a la corrupción. Los siguientes ejemplos nos permiten entender su impacto y sus posibles efectos:

Si el 20% del presupuesto del año 2015 para el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MICIVI), que fue de Q 11 mil 514 millones,  se hubiera utilizado en actos de corrupción, 2.6 millones de niñas, niños y adolescentes habría dejado de recibir útiles y alimentación escolar.

O, si el 20% del presupuesto asignado en 2015 para fideicomisos, por un valor de Q3 mil 409 millones se hubiera malversado, se habría dejado de vacunar a un millón de niñas y niños de 0 a 1 año, según el esquema de vacunación necesario para prevenir enfermedades.

El mismo ejercicio para alimentación: Si el 20% del presupuesto para contratos abiertos (Q5 millones 891 mil) se hubiera usado en actos de corrupción, 1.2 millones de niñas y niños menores de 5 años habrían dejado de recibir suplementos de micronutrientes; o 700 mil niñas y niños entre los 6 y 24 mesesno habrían recibido alimentación complementaria (vitaceral).

En resumen, como indican las expositoras de la OACNUDH, la corrupción afecta los Derechos Humanos de las personas, sobre todo, de quienes están en mayor situación de vulnerabilidad. Y es el Estado el responsable de proteger a la población en materia de estas garantías fundamentales.