Esta ley permite ejercer el derecho al acceso a la información porque “es una herramienta que promueve una deliberación, posibilita el ejercicio de otros derechos y democratiza la rendición de cuentas”, sostuvo Silvio Gramajo. 

El especialista también realizó una reseña histórica sobre la aprobación de esta normativa:  “El derecho de acceso a la información pública en Guatemala no fue una concesión del sector político, fue un logro de la sociedad civil a pesar de los políticos”, destacó.

La consolidación de la democracia va más allá de la creación de las instituciones. Se requiere que las mismas funcionen de manera eficiente y con calidad. La Ley de Acceso a la Información contribuye al proceso de rendición de cuentas, transparencia y publicidad de los asuntos públicos, señaló.

Además esta Ley es de utilidad social porque proporciona a la ciudadanía -y a las y los periodistas- la facultad de auditar a las autoridades. 

Principios esenciales de la Ley

Otro de los temas abordados por Silvio Gramajo fue el de los principios sobre los que se fundamenta la Ley de Acceso a la Información Pública. Los mismos deben ser garantizados para que se cumplan los objetivos previstos en esta norma:

Máxima publicidad: toda información en poder de las instituciones que administran fondos o bienes del Estado es pública; la ley establece excepciones que deben justificarse.

Transparencia: las autoridades tienen la obligación de informar sobre sus actos incluso cuando nadie se los pida. 

Gratuidad: el derecho a la información es universal y no tiene precio. El costo de reproducir materiales públicos no puede ser utilizado, de ninguna forma, como un mecanismo para disuadir a las personas de solicitar registros públicos.

Sencillez y celeridad: el Estado debe facilitar el acceso a la información y establecer procedimientos que no requieran el auxilio de abogados. Además, la divulgación de datos debe ser oportuna. Una pronta respuesta refleja la ética y la eficiencia de las instituciones.

¿Quiénes están obligados a informar?

La Ley de Acceso establece que todas las personas individuales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras que administran recursos o bienes del Estado deben garantizar el acceso a la información, explicó Silvio Gramajo. “Además, la normativa deja abierta la posibilidad de incluir a cualquier otra dependencia que  se constituya en el futuro”, acotó.