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Imagen: WOLA
Justicia independiente, el desafío para Centroamérica
Los países centroamericanos enfrentan un proceso de cooptación de sus sistemas de justicia que amenaza la separación de poderes, la calidad de sus democracias y agrava el tránsito hacia diversas formas de autoritarismo en la región.
Redacción CAP
La captura y cooptación de los sistemas de justicia es una constante en Centroamérica. Además de atentar contra la separación de poderes, ha sido un elemento clave para consolidar las prácticas regresivas y autoritarias.
En ese marco, la exfiscal general de Guatemala y directora para Mesoamérica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Claudia Paz y Paz, destacó en los Ciclos de Actualización para Periodistas (CAP) cómo esta tendencia por controlar la justicia “dañó las promesas de construir repúblicas”.
Paz y Paz resaltó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) caracterizó la falta de independencia judicial como una situación que afecta el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales de la población.
Un preocupante panorama regional
Los diferentes procesos de consolidación de los gobiernos autoritarios en Centroamérica suelen estar precedidos por cambios judiciales que rompen cualquier equilibrio de poder dentro de los Estados, dijo la doctora Paz y Paz.
Para sustentar su afirmación, realizó un breve recorrido histórico por cuatro países del Istmo.
“La deriva autoritaria de Nicaragua inició con la reforma constitucional del año 2000 que aumentó los cargos en el Poder Judicial de 12 a 16 magistraturas”, indicó la jurista. Luego de esto, los partidos Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y Partido Liberal Constitucionalista (PLC), encabezados por Daniel Ortega y Arnoldo Alemán respectivamente, se repartieron las magistraturas, añadió.
Esta acción consolidó el poder de Ortega quien en 2010 siendo presidente, prorrogó el mandato de la Corte y obtuvo un fallo favorable de la Sala Constitucional para eliminar las limitaciones a la reelección pese a la prohibición expresa en la Constitución de su país, sostuvo Paz y Paz.
Foto: Jairo Cajina, Canal 6 de Nicaragua
En Honduras, entre 2012 y 2014, la Sala de lo Constitucional avaló las acciones del Congreso Nacional y del Ejecutivo y permitió la reelección inconstitucional del entonces presidente Juan Orlando Hernández, condenado una década después por narcotráfico en Estados Unidos.
Mientras que en El Salvador, en mayo de 2021, la Asamblea Legislativa, controlada por el partido oficialista del presidente Nayib Bukele, destituyó ilegalmente a cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general, nombrando de forma ilegal a sus sustitutos y vulnerando el principio esencial de separación de poderes del Estado, explicó la abogada.
“Ese mismo año, la Corte salvadoreña dictó la sentencia que avaló la reelección inmediata del presidente Bukele, pese a las prohibiciones constitucionales”, puntualizó.
Imágenes: Elmer Martínez (AP), Marvin Recinos (AFP)
Para el caso de Guatemala, la Corte Suprema de Justicia -aprovechando resoluciones de la Corte de Constitucionalidad y en contubernio con el Congreso de la República- excedió por más de cuatro años su mandato.
“Esto pese a la existencia de las investigaciones Comisiones Paralelas 2014 y 2020, realizadas por el Ministerio Público y la Cicig, que daban cuenta de los vicios e ilegalidades cometidos en los procesos de elección de las magistraturas», indicó.
La cooptación de la Corte de Constitucionalidad se consolidó en 2021 con el nombramiento de varias magistraturas afines al Ejecutivo, continuó. “Se impidió la toma del cargo de la única magistrada independiente electa, Gloria Porras, quien debido a la criminalización y amenazas tuvo que salir del país”.
Ese mismo año, además, se produjo la reelección de la Fiscal General, Consuelo Porras, bajo presiones de la Corte de Constitucionalidad, indicó.
Presentación de Claudia Paz y Paz en Ciclos CAP
Las consecuencias de la manipulación de la justicia
Claudia Paz y Paz apuntó que el patrón de manipulación de la justicia en Centroamérica ha tenido como propósito “garantizar los privilegios de los poderes ejecutivos, como en el caso de Nicaragua, Honduras y El Salvador, o de las élites económicas como ha sucedido en Guatemala”.
Para la exfiscal general, las consecuencias de esta acciones son principalmente dos: garantizar la impunidad en casos de gran corrupción o de graves violaciones a derechos humanos; y abrir el camino de la criminalización (persecución judicial) en contra de opositores políticos, defensores de derechos humanos, operadores de justicia y periodistas, lo que allana el camino para consolidar regímenes autoritarios.
Entre las investigaciones que quedaron en la impunidad por la cooptación de los sistemas de justicia en Centroamérica, Paz y Paz destacó los casos presentados por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH); las investigaciones por compras anómalas durante la pandemia de COVID-19 en El Salvador; y los grandes casos de corrupción desvelados por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público.
Mientras que sobre los casos de criminalización, destacó las detenciones ilegales de opositores y su expulsión de Nicaragua; el acoso a la prensa independiente en El Salvador y la persecución de operadores de justicia que trabajaron investigando o juzgando casos de corrupción en Guatemala.
Para finalizar su presentación, la doctora Paz y Paz destacó la importancia de la participación de la ciudadanía para exigir sistemas de justicia independientes como garantía de control ante los abusos de poder y resguardo de los derechos esenciales de la población.
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