Menú
Foto: La Prensa
Derechos vulnerados por el autoritarismo en Centroamérica
El retroceso de la democracia en Centroamérica, registrado en 2023, amenaza derechos y garantías constitucionales en la región. Entre ellas la libertad de expresión, de prensa, la independencia judicial y el derecho de la sociedad civil a organizarse.
Redacción CAP
Los Estados de Centroamérica enfrentan el reto de demostrar que los gobiernos pueden obtener resultados para la ciudadanía sin coartar los derechos que permiten el funcionamiento de la democracia. El aumento de las prácticas autoritarias en la región amenaza las garantías de las que gozan las y los ciudadanos para ejercer un contrapeso al poder político.
En la séptima sesión de Ciclo de Actualización para Periodistas (CAP) sobre Democracia y Autoritarismo en Centroamérica, Juanita Goebertus, jurista colombiana y directora para Las Américas de Human Rights Watch, profundizó sobre la erosión de los derechos humanos en el Istmo y sus efectos para la población.
Su presentación partió de una situación general de retroceso en las libertades y garantías democráticas. Un panorama que incluye la existencia de un Estado de Derecho intermitente para países como El Salvador, Honduras y Guatemala, y que es prácticamente inexistente para Nicaragua. Además se refirió a la falta de derechos sociales y económicos que garanticen una vida digna para los ciudadanos y ciudadanas.
El objetivo autoritario: eliminar la rendición de cuentas
Goebertus destacó que las prácticas autoritarias presentes en Centroamérica, independientemente del tipo de régimen en el que se presenten, “tienen como objetivo primordial eliminar la rendición de cuentas”.
Estos ataques se presentan contra tres áreas clave para el equilibrio democrático de un Estado: el acceso a una justicia independiente, la libertad de expresión y de prensa, y el derecho a organizarse como sociedad civil, señaló la jurista.
Cada vez son más frecuentes los ataques en contra de operadores de justicia como jueces y fiscales e, incluso, la cooptación de las instituciones del sistema judicial para eliminar cualquier contrapeso al poder político, refirió.
El 7 de septiembre de 2021, decenas de jueces participaron en una marcha hacia la Asamblea Legislativa en El Salvador, en protesta por el decreto 144. Foto: La Prensa Gráfica.
En materia de restricciones a la libertad de expresión y libertad de prensa, se registra la coacción mediante campañas de miedo contra la ciudadanía crítica y contra la prensa independiente. A la vez, se restringen diversas formas de organización civil, como asociaciones, movimientos sociales y sindicatos para acallar toda voz disidente, sostuvo.
Controlar la justicia (a través de manipular los mecanismos de elección o cooptar a las autoridades judiciales) y eliminar su independencia es un paso clave, destacó Goebertus: “Se trata de anular la posibilidad de que la ciudadanía -de cara a la restricción de cualquier tipo de derecho o ante la violación de cualquier tipo de norma legal o constitucional- tenga un árbitro imparcial independiente que pueda dirimir esas controversias”.
La defensa de derechos en contextos autoritarios
Aunque en Centroamérica el modelo más destacado de concentración de poder y autoritarismo se encuentra en Nicaragua, muchos de estos rasgos también han crecido en otros países de la región.
Para Goebertus, cuyo análisis parte de las investigaciones de campo de Human Rights Watch, la independencia judicial es inexistente en Nicaragua donde “la justicia es utilizada para perseguir a críticos y opositores”. Una manifestación de este control se produjo en octubre de 2024 con la “purga” o destitución de un 10 % de los empleados del Organismo Judicial de ese país en octubre de 2023, señaló.
Mientras que en el caso de Guatemala, la especialista destacó la cooptación del Ministerio Público (MP) y de parte del sistema de Justicia por actores corruptos y criminales que buscan garantizarse impunidad y mantener el control del Estado.
“El MP y el aparato de Justicia han sido usados para perseguir a fiscales, jueces y periodistas que han investigado al gobierno”, dijo Goebertus sobre las acciones de la fiscalía en los últimos años.
Foto: Ministerio Público
Respecto a El Salvador, enumeró una serie de arbitrariedades: la destitución y reemplazo sumario del fiscal general y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en 2021, así como las modificaciones legales producidas ese mismo año como la ruta seguida para garantizar la reelección presidencial y consolidar el poder del presidente Nayib Bukele.
De igual forma sostuvo que, pese a los avances por transparentar los procesos de nombramientos judiciales en Honduras, persiste un sistema de ascensos y despidos injustificados que permite la injerencia de otros poderes del Estado dentro del aparato de justicia.
Presentación de Juanita Goebertus, “Centroamérica: derechos bajo ataque” en Ciclos CAP.
Las deudas de la democracia
Hay mucha gente descontenta con el sistema democrático porque no ha dado respuesta a sus necesidades, dijo la especialista. Por eso es necesario que los gobiernos de la región, en particular el de Guatemala encabezado por el presidente Bernardo Arévalo, demuestren que una gestión democrática puede brindar resultados sin erosionar derechos.
Los movimientos sociales, organizaciones ciudadanas y demás expresiones de la sociedad deben contar con garantías para el ejercicio de su libre organización como uno de los principales mecanismos de auditoría social, dijo Goebertus.
Una situación que se ve mermada en el contexto centroamericano por acciones autoritarias como la persecución a organizaciones, el espionaje, las detenciones ilegales o los asesinatos de defensores de derechos ambientales, finalizó.
¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete!
Te puede interesar…
El autoritarismo criminal en Centroamérica
Las redes criminales que operan en Centroamérica ejemplifican las múltiples relaciones entre economías ilícitas complejas, la captura de las instituciones gubernamentales y la búsqueda de impunidad.
Cómo funcionan las redes de cooptación de los Estados
Centroamérica se ve afectada por fenómenos criminales que van más allá de los casos de corrupción. Las redes ilícitas que cooptan los Estados han reconfigurado las instituciones para apropiarse de los recursos públicos y garantizarse impunidad.
