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Ilustración: Foreign Policy
La función pública y la desinformación
Las y los funcionarios públicos y autoridades del Estado deben decir la verdad y tener en cuenta su posición de garantes de derechos fundamentales como la libertad de expresión y de información.
Redacción CAP
La desinformación impacta de forma distinta dependiendo de quién la promueva, dijo el exrelator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Eduardo Bertoni, al iniciar la décima sesión del Ciclo de Actualización para Periodistas (CAP) sobre Democracia, Desinformación y Libertad de Expresión.
“No es lo mismo que desinforme un funcionario público a que lo haga una persona particular, las repercusiones son distintas y los efectos también”, afirmó. “La caja de resonancia de las redes es diferente cuando una figura pública origina la desinformación”, subrayó el jurista argentino quien actualmente es el representante para América del Sur del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH).
Para sustentar su idea, el expositor presentó una clasificación para analizar las manifestaciones falsas y sus efectos, basada en cuatro factores. El primero, dijo, es la intencionalidad, que se refiere a cuando una persona hace una afirmación sabiendo de antemano que es falsa. “No es lo mismo que una persona mienta a que afirme algo de manera dudosa”, señaló. “Una cosa es saber de antemano que lo que se dice falta a la verdad y otra que sea producto de una equivocación”, puntualizó.
El segundo factor a tomar en cuenta se refiere a la magnitud del daño que puede provocar la afirmación falsa que se difunde. “A veces el daño puede ser leve o inexistente. Incluso puede que una manifestación falsa no tenga ningún tipo de resultado o que el daño que se provoque a sea profundo” explicó.
El tercer factor a tomar en cuenta es el de la probabilidad. En este ámbito hay que analizar si “el daño que se va a provocar con la afirmación es seguro, es probable o puede ser que no ocurra ningún daño”. Y el último factor, a decir del experto, es el de la temporalidad, es decir, “la relación que existe entre el momento en que se hace la afirmación y el momento en el que se produce el daño”.
Imagen: IIDH
Para el caso de las y los funcionarios públicos, líderes políticos y de las y los candidatos a cargos de elección popular hay que tomar en cuenta, además, si sus afirmaciones provocan un daño a la democracia, subrayó.
Garantizar los derechos
Cuando un funcionario público se expresa tiene que tener en cuenta algunas cuestiones que no se le exigen a un simple particular. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que las y los funcionarios “tienen que constatar en forma razonable lo que dicen y medir sus consecuencias”, advirtió Bertoni.
El alto tribunal internacional también ha dejado claro que “cuando un funcionario se pronuncia está sometido a ciertas limitaciones y debe constatar en forma razonable, aunque no sea necesariamente exhaustiva, los hechos en los que fundamentan sus opiniones”, explicó.
Otro de los aspectos analizados por la CIDH es la obligación que tienen las autoridades y servidores públicos de emitir información. Al respecto, el experto indicó: La Corte ha dicho que en una sociedad democrática no solo es legítimo, sino que en ocasiones constituye un deber de las autoridades estatales “pronunciarse sobre cuestiones de interés público”.
Esto tiene que ver directamente con la negativa a brindar información, a ofrecer conferencias de prensa o a dar entrevistas, explicó Bertoni. Un gobierno democrático es transparente y debe facilitar el acceso a la información.
En síntesis, dijo el experto, las autoridades deben informar con una diligencia mayor debido a su investidura, a su amplio alcance y a los eventuales efectos que sus expresiones pueden tener en ciertos sectores de la población.
Este deber se ve particularmente acentuado en situaciones de mayor conflictividad social, de alteración del orden público o cuando existe polarización social o política, explicó. Por eso la Corte ha reiterado que los gobiernos “deben ser cuidadosos cuando se manifiesten porque pueden provocar un daño a los derechos que están obligados a proteger”, insistió.
Para profundizar en esta temática, el exrelator compartió con las y los periodistas del CAP las principales conclusiones del estudio “La mentira de los funcionarios, ¿tiene patas cortas o efectos largos? sobre las obligaciones que tienen los Estados y sus funcionarios para evitar la proliferación de la desinformación.
Al cierre de la sesión, Eduardo Bertoni subrayó que hay un disvalor más alto cuando es un funcionario público el que hace una afirmación falsa. Los códigos de ética, las normas electorales y las regulaciones en materia de salud son muy claras respecto a las consecuencias que pueden traer las mentiras de las autoridades públicas, concluyó.
